El fiscal cuestiona la profesionalidad de los t¨¦cnicos de Azpiegitura y dice que obraron con 'desgana'

La Fiscal¨ªa ha dado una nueva sorpresa en la recta final de la repetici¨®n del juicio por el caso Azpiegitura, la supuesta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputaci¨®n de Vizcaya en la construcci¨®n de un edificio p¨²blico. Si al elevar sus conclusiones a definitivas en el proceso anterior, en 1996, retir¨® las acusaciones contra todos los encausados salvo el constructor I?aki Ere?o, en esta ocasi¨®n la ha retirado tambi¨¦n para el contratista, con lo que no acusa a nadie. La Fiscal¨ªa carg¨® ayer en la presentaci¨®n de su informe final contra los t¨¦cnicos de Azpiegitura que controlaban la obra, a los que acus¨® de hacer su trabajo con 'poca profesionalidad'.

Los fiscales Alejandro Tor¨¢n y Luis Laf¨®n han seguido a pies juntillas la revoluci¨®n emprendida por la fiscal del caso en la anterior vista y ahora fiscal jefe del Superior vasco, Mar¨ªa ?ngeles Montes. Tampoco han ahorrado calificativos al criticar la gesti¨®n de los t¨¦cnicos a los que el nuevo equipo que entr¨® en la sociedad foral Azpiegitura tras las elecciones de 1991 -dirigido por Jos¨¦ Luis Bilbao- encomend¨® el control de la obra que ha motivado esta causa penal. En cualquier caso, el fiscal contradijo todas las acusaciones realizadas contra los cuatro encausados por el abogado de la acusaci¨®n particular en nombre de la Diputaci¨®n, Enrique Olaran, quien mantiene las imputacionesLejos de quedarse en una escueta retirada de acusaciones, la Fiscal¨ªa opt¨® tambi¨¦n por cuestionar en su informe la profesionalidad de los t¨¦cnicos de Azpiegitura, el arquitecto F¨¦lix Campo y el aparejador Jos¨¦ Ram¨®n Jayo. El Ministerio P¨²blico considera que ambos t¨¦cnicos, pese a no tener ning¨²n impedimento para ir a inspeccionar la obra, apenas acudieron a controlar los trabajos. Entiende adem¨¢s que no se 'tomaron la menor molestia de preocuparse de si se inyect¨®' la mezcla de sulfatos que constructor y arquitecto aseguran se inyect¨® [en total, 10.355 metros c¨²bicos de una mezcla de agua, sulfatos y cemento]. El fiscal cree que esa 'desgana y poca profesionalidad no puede caer en cargo de los encausados' y es achacable 's¨®lamente a ellos'.

El fiscal comenz¨® su informe justificando la postura ambivalente que ha desplegado la acusaci¨®n p¨²blica desde que comenz¨® el caso. Primero, el entonces fiscal Javier Huete present¨® una denuncia penal ante la existencia de indicios de estafa. Ya durante la instrucci¨®n, el fiscal lleg¨® a justificar su papel diciendo que siempre se opuso a las prisiones de Alberto L¨®pez, I?aki Ere?o y Jes¨²s Saiz de Ome?aca y que, 'ante la relevancia que estaba tomando el caso' ante la opini¨®n p¨²blica al salpicar la estafa a algunos pol¨ªticos, 'pedimos que los peritos fuesen ajenos' al Pa¨ªs Vasco, 'algo que no se hizo'. Para rematar, record¨® que la acusaci¨®n p¨²blica no present¨® recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo y que repiti¨® el mismo escrito de calificaci¨®n de 1995 porque el Supremo declar¨® en septiembre de 1996 nulo el juicio, que fue donde la fiscal¨ªa cambi¨® de postura.

Justificaciones

Tras finalizar con el cat¨¢logo de justificaciones, el Ministerio P¨²blico entr¨® de lleno a negar la existencia de todos los delitos que previamente hab¨ªa enumerado la acusaci¨®n particular. La Fiscal¨ªa defiende ahora que durante el juicio no se ha probado que existiera estafa. Es m¨¢s, utilizando los testimonios de testigos y peritos de la defensa, el fiscal asegur¨® que 'el suelo que rodeaba al edificio era inyectable, que s¨ª se inyect¨® y que no hubo maquinaci¨®n entre los acusados para la estafa'. Aprovech¨® de nuevo para cuestionar a Azpiegitura al asegurar que entonces 'nadie en la propiedad se opuso a las inyecciones', ni pidi¨® otras soluciones constructivas si consideraban que eran 'muy caras' o que todav¨ªa eran investigadas.

El fiscal cifr¨® en 10.355 metros c¨²bicos la mezcla inyectada por el constructor. Dio esa cifra porque as¨ª lo marcaron los contadores 'que estaban precintados y nadie ha demostrado que se manipularan'. Asegur¨® que fue necesario hacer algo para consolidar el terreno porque hab¨ªa un 'riesgo real de corrimiento o agrietamiento del vial de la autopista y de las casas colindantes' al edificio.

Arrogarse la propiedad

Sobre las otras dos imputaciones, el fiscal dice que Ere?o no cometi¨® ning¨²n delito al arrogarse la propiedad del solar y acordar con la empresa P¨®ster la colocaci¨®n de unas vallas con publicidad en la obra. Agreg¨® que tampoco es delito el que Ere?o presentase a la juez instructora unas facturas falsas porque exist¨ªa entre Ere?o y el chatarrero que le proporcion¨® las facturas de sulfatos una relaci¨®n previa que consist¨ªa en una 'deuda pendiente y exigible'.

La acusaci¨®n particular mantuvo, por contra, que hubo estafa en la construcci¨®n del edificio -asegur¨® que los encausados 'asustaron a la propiedad' con la ca¨ªda del vial y los edificios para asegurar la estafa en las inyecciones-, que Ere?o estaf¨® a la Diputaci¨®n por el asunto de las vallas y que hubo falsedad ideol¨®gica en el caso de las facturas falsas.

El letrado acusador, Enrique Olaran, culp¨® a los imputados de 'crear artificialmente la necesidad de realizar inyecciones y as¨ª obtener un elevado n¨²mero de ingresos'. Record¨® que el precio descompuesto de las inyecciones era, como han mantenido varios peritos, 'ininyectable'. 'Pese a todo esto, durante 16 certificaciones de obra L¨®pez, Ere?o, Almenara y Lorenzo siguen certificando e informando a la propiedad de que el producto inyectado es el del precio descompuesto', defendi¨® Olaran. 'Ni se ha inyectado lo que se certific¨®, ni tampoco al precio que se dicen'.

Apuntal¨® esa versi¨®n con una cuenta de lo que realmente ten¨ªa que haber costado el metro c¨²bico de inyecci¨®n. Frente a las 55.000 pesetas, ten¨ªan que haber facturado 'la d¨¦cima parte, 4.000 o 5.000 pesetas'.