Monopolio y competencia

Entre las maravillas conocidas de las t¨¦cnicas de comunicaci¨®n social al uso se encuentra el gusto por la paradoja y la utilizaci¨®n de la seducci¨®n, dos t¨¦cnicas usadas con frecuencia al servicio de los objetivos mercantiles o ideol¨®gicos m¨¢s variados. Su eficacia en la promoci¨®n de la causa a la que sirven suele mostrarse en su capacidad para presentar como virtuosos caminos que, seg¨²n viejas creencias establecidas, no podr¨ªan conducir sino al vicio y al pecado. Es lo que acaba de producirse con el debate en torno a la fracasada fusi¨®n Endesa-Iberdrola. Me explicar¨¦.

La presentaci¨®n en sociedad del proyecto de fusi¨®n, haciendo apelaci¨®n a los insatisfechos sentimientos de grandeza del auditorio nacional en estos tiempos de globalizaci¨®n, sirvi¨® para insistir en la oportunidad de crear una de las mayores empresas el¨¦ctricas del mundo -la tercera, seg¨²n algunos c¨¢lculos-, situando a nuestro pa¨ªs 'donde le corresponde'. Que esto hab¨ªa de hacerse mediante una operaci¨®n de concentraci¨®n en un mercado en el que las llamadas a fundirse ocupaban ya el 80% no parec¨ªa motivo para arredrar a sus promotores. Al fin y al cabo, los presidentes o los accionistas de las compa?¨ªas no eran los m¨¢s adecuados para quejarse de la existencia de poderes monopol¨ªsticos que, en su caso, determinaban tanto el valor de sus acciones como los beneficios que obten¨ªan de las mismas. Si ese poder de mercado se pod¨ªa acrecentar un poco m¨¢s en nombre de una causa nacional, no hab¨ªa motivo para quejarse, sino todo lo contrario. En la jerga de nuestro tiempo, se trataba de una forma, entre las muchas posibles, de crear valor para el accionista. Hasta aqu¨ª, todo parece razonable o, por lo menos, comprensible.

No es cre¨ªble que se pueda alcanzar la competencia intensificando el monopolio

Porque ni los gestores de las empresas representan el inter¨¦s general ni hay que esperar de los accionistas comportamientos distintos de los identificados con la defensa de sus leg¨ªtimos intereses particulares.

Donde empiezan las paradojas verdaderas es en la actuaci¨®n del Gobierno. Para ¨¦ste, la fusi¨®n se presenta como la ocasi¨®n de hacer una modificaci¨®n en la estructura del sector. Y por eso, revestido de los ropajes propios de un palad¨ªn de la competencia, del guardi¨¢n de los intereses de los consumidores y del esforzado mantenedor del inter¨¦s general, da pasos, adopta actitudes y realiza declaraciones, expresivas todas ellas de una convicci¨®n tan parad¨®jica como discutible: el aumento de la concentraci¨®n en el sector el¨¦ctrico es un camino id¨®neo para la creaci¨®n de condiciones de competencia. Tanto es as¨ª que, durante alg¨²n tiempo, la opini¨®n p¨²blica empieza a preguntarse si no habremos subestimado la capacidad de nuestros gobernantes para la realizaci¨®n de milagros, en especial al comprobar con qu¨¦ facilidad conjuraban el exceso de concentraci¨®n planteado para convertirlo en la ocasi¨®n esperada, por fin, de transformar el sector el¨¦ctrico en un sector en competencia, sin poderes de mercado relevantes. Y todo ello, maravilla de maravillas, aprovechando precisamente el expediente de una fusi¨®n que ten¨ªa un objetivo opuesto. Tan notorio es el caso y tan intensos los efectos de la ilusi¨®n creada que hasta los m¨¢s mal¨¦volos del lugar se ve¨ªan obligados a recurrir a supuestos acuerdos subterr¨¢neos no desvelados o a compensaciones de otro tipo para explicar al pr¨®jimo y, de paso, a s¨ª mismos que las empresas pudieran llegar a aceptar las condiciones de la Comisi¨®n de la Energ¨ªa o del Tribunal de Defensa de la Competencia. El resto daba por hecho que las empresas aceptar¨ªan lo que les dijera el Gobierno. ?No era acaso ¨¦ste el motivo de las amplias pl¨¢ticas mantenidas por el presidente y el vicepresidente del Gobierno con los m¨¢ximos responsables de las empresas? Y, desde luego, apenas nadie otorgaba otra importancia que la ritual a las protestas de algunos de sus directivos cuando advert¨ªan que las condiciones de la fusi¨®n pod¨ªan hacer inviable la creaci¨®n de valor para sus accionistas.

Pero eran muchos los p¨¢jaros que se pretend¨ªa abatir con el mismo disparo. Contentar a quienes desean un mercado el¨¦ctrico contestable y en competencia frente a la ficci¨®n actual; a los consumidores, que desean ver reducida la tarifa el¨¦ctrica y mejorada su autonom¨ªa frente a compa?¨ªas que no pueden elegir; a la Comisi¨®n Europea, que estaba a punto de resolver negativamente para el Gobierno (y positivamente para los consumidores y la oposici¨®n pol¨ªtica) el expediente de unos costes de transici¨®n a la competencia (CTC) con infracci¨®n del derecho comunitario; a la oposici¨®n, que demandaba una actitud independiente de los ¨®rganos reguladores (Comisi¨®n de la Energ¨ªa y Tribunal de Defensa de la Competencia), tras lo que ha venido lloviendo, y el respeto del Gobierno a sus dict¨¢menes, y, para no olvidarse del todo, a los intereses de los accionistas de las empresas que, fuera cual fuere el inter¨¦s o la conveniencia de sus directivos, deseaban ver mejorada, no empeorada, su situaci¨®n patrimonial con la fusi¨®n... Todo esto, y a la vez, encajaba mal en la resoluci¨®n de un expediente de fusi¨®n.

Por eso no se entiende que el Gobierno procediera a autorizar la operaci¨®n con condiciones, cuando hubiera debido prohibir la operaci¨®n, salvo que cambiara radicalmente el sentido de la misma. Se entiende menos que el Gobierno rebajara las condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Y resulta del todo incomprensible que el Gobierno hiciera todo ese recorrido para verse, finalmente, rechazado por las empresas.

Claro que hay una reflexi¨®n de dif¨ªcil discusi¨®n. Resulta obvio que la operaci¨®n no se hab¨ªa planteado para crear un mercado competitivo, sino para favorecer los intereses de las empresas. Hab¨ªa muy buenas razones para anticipar que la modificaci¨®n -asim¨¦trica adem¨¢s- del r¨¦gimen de los CTC, la exigencia de la subasta en vez del intercambio de paquetes de activos y la reducci¨®n de los mercados de generaci¨®n, distribuci¨®n y comercializaci¨®n por debajo de lo pretendido, y hasta del tama?o de la mayor de las empresas, iban en sentido contrario a los intereses de los promotores de la operaci¨®n. Y si lo que se obten¨ªa casaba mal con lo acordado en algunas pl¨¢ticas reservadas, la operaci¨®n no pod¨ªa seguir adelante. El mercado de valores no har¨ªa sino premiar el abandono de una operaci¨®n que ya no era la acordada...

Naturalmente, ¨¦ste no era el camino para la reestructuraci¨®n del sector en el sentido de la competencia. Con independencia de la credulidad p¨²blica, de la general fascinaci¨®n por las grandes operaciones y de la seducci¨®n derivada de los medios de publicidad utilizados se hac¨ªa dif¨ªcil creer que la estrategia gubernamental de alcanzar la competencia mediante la intensificaci¨®n del monopolio pudiera acabar por tener ¨¦xito. Y tras la enajenaci¨®n mental transitoria se comprueba, una vez m¨¢s, que este Gobierno est¨¢ compuesto por hombres a los que, frente a lo que a veces parecen pretender, no les ha sido dada, todav¨ªa, la capacidad para el milagro.

?Qu¨¦ queda de todo este fracasado proceso? Una constataci¨®n fundamental: la necesidad de adoptar medidas que garanticen alguna vez una estructura del sector en la que la competencia pueda ser una realidad. Ahora que resulta obvio que en un sector con alt¨ªsima concentraci¨®n los expedientes de fusi¨®n no pueden valer para esa finalidad habr¨¢ que meditar las medidas legales que lo hagan posible. Porque ni la ley actual ni la actuaci¨®n del Gobierno lo garantizan. Y la situaci¨®n actual no debe prolongarse sin salida.

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay es diputado socialista por la regi¨®n de Murcia.