El TSJA ordena al Ayuntamiento de Tarifa que deje de considerar suelo urbano una zona de Atlanterra
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha ordenado al Ayuntamiento de Tarifa (C¨¢diz) que 'de forma inmediata y sin dilaci¨®n' ejecute una sentencia de 1996, confirmada por el Tribunal Supremo (TS) dos a?os despu¨¦s, en la que se establec¨ªa que unos terrenos de Atlanterra (unidades de actuaci¨®n cinco, seis y siete del Centro de Inter¨¦s Tur¨ªstico Nacional Cabo de Plata) 'no constituyen suelo urbano, sino urbanizable programado'. Esta ¨²ltima calificaci¨®n impide la construcci¨®n de viviendas sin dotar antes de infraestructura a la zona. Sin embargo, se han levantado 1.500 casas.
El actual gobierno tarife?o, presidido por Juan Andr¨¦s Gil (un tr¨¢nsfuga de IU que gobierna junto al PP y a los independientes del TAIP), y el anterior, con Jos¨¦ Fuentes de alcalde (TAIP), concedieron licencias de obras y permitieron la urbanizaci¨®n de la zona. En todos los casos, los t¨¦cnicos de la oficina municipal de urbanismo redactaron informes contrarios.
Hoy, las viviendas construidas, pese a la sentencia contraria del Supremo en 1998, tienen serios problemas de abastecimiento de agua y de saneamiento. 'Se aprueban, realizan y ejecutan actos absolutamente contrarios a la forma y t¨¦rminos que se consignan en la sentencia', constata el auto.
Las parcelas urbanas tienen una servidumbre de costa de 20 metros, frente a los 100 metros para el suelo urbanizable. De hecho fue la demarcaci¨®n de Costas la que present¨® el recurso ante el TSJA para lograr que los promotores respetaran la servidumbre legal. Sin embargo, Costas, posteriormente, dio el visto bueno a los estudios de detalle que respetaban la distancia adecuada de las viviendas respecto al mar, aunque el recurso sigui¨® en tr¨¢mite. El pronunciamiento del TSJA ha sido motivado por la intervenci¨®n de las comunidad de propietarios Bah¨ªa de Plata.
El Ayuntamiento de Tarifa a¨²n no se ha pronunciado oficialmente sobre las medidas que piensa adoptar para desandar este camino.
Mientras, la comunidad Bah¨ªa de Plata pide que se declaren nulos los estudios de detalle aprobados y las licencias de obras concedidas desde 1996. Esto, llevado a sus ¨²ltimas consecuencias, supondr¨ªa incluso la demolici¨®n de los bloques construidos.
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