Urbanismo podr¨ªa verse abocado a expropiar terrenos para poder cumplir el Plan General

La comisi¨®n de Urbanismo del Ayuntamiento aprob¨® ayer por sorpresa suspender cautelarmente el cobro del coeficiente K, un impuesto establecido por el gobierno municipal en 1997 sobre las licencias de construcci¨®n que otorga en suelo urbano consolidado (ya construido). Cuando el promotor solicita licencia para edificar un inmueble, el Consistorio le cobra previamente esa tasa, para as¨ª financiar dotaciones p¨²blicas en el mismo barrio donde se levantar¨¢ el edificio. Este coeficiente K es igual para todas las parcelas del ¨¢rea y representa en t¨¦rminos porcentuales la contribuci¨®n de cada parcela a las dotaciones del barrio.

Las cantidades percibidas por ese impuesto -unos mil millones de pesetas al a?o- se usan para financiar las actuaciones previstas en el Plan General Urbano. La cantidad a abonar por el constructor se determina en funci¨®n del tama?o del solar, su ubicaci¨®n y su aprovechamiento.

La decisi¨®n del segundo teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, de suspender ese impuesto se produce despu¨¦s de dos autos del Tribunal Superior de Justicia que consideran que el cobro del coeficiente K 'carece de cobertura legal'. El gobierno municipal, del PP, se hab¨ªa resistido hasta ahora a admitir esos autos judiciales con car¨¢cter general, aceptando exclusivamente la devoluci¨®n de las cantidades percibidas en los casos que contasen con una resoluci¨®n judicial favorable (ya ha habido varias).

Del R¨ªo justific¨® la suspensi¨®n cautelar del pol¨¦mico impuesto por razones de 'eficacia administrativa y cautela jur¨ªdica'. 'Se pretende evitar que en el futuro, y si las resoluciones judiciales son contrarias al Ayuntamiento, la devoluci¨®n de lo recaudado por este coeficiente pudiera resultar gravosa para las arcas municipales', afirm¨®. La Gerencia de Urbanismo ha tramitado desde que se aprob¨® el coeficiente K hasta enero pasado 658 expedientes. Los recursos presentados en protesta por el cobro de esa tasa pasaron de 13 en 1998 a 59 en 1999. El a?o pasado esa cifra pr¨¢cticamente se dobl¨®, present¨¢ndose 109 recursos. En lo que va de 2001 Urbanismo ha recibido ya 16 recursos.

'La justicia ha doblegado al PP en el Ayuntamiento, que no puede estar en un permanente pulso con los jueces', se?al¨® Justo Calcerrada, portavoz de IU.El concejal de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, record¨® que s¨®lo 'algunos de los recursos presentados por particulares contra la aplicaci¨®n del coeficiente K han sido favorables a los recurrentes, mientras otras sentencias han resultado favorables al Ayuntamiento'. Pero estas ¨²ltimas han sido todas dictadas por una instancia judicial inferior al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha cuestionado la legalidad de la tasa.

Frente a esos autos del TSJM, los servicios jur¨ªdicos municipales han presentado un recurso de queja ante el Tribunal Supremo defendiendo que el coeficiente K 'es una herramienta m¨¢s de la t¨¦cnica de equidistribuci¨®n acu?ada por el Plan General, sin que en ning¨²n caso pueda entenderse que es posible su anulaci¨®n dejando vigente el resto del procedimiento', seg¨²n Urbanismo. Es decir, la anulaci¨®n de esa tasa puede implicar que se invaliden tambi¨¦n los otros mecanismos establecidos en el Plan General para financiar las actuaciones previstas en ¨¦l mediante un sistema de reparto de cargas, que permite a la Administraci¨®n obtener suelo para dotaciones p¨²blicas (parques, colegios, residencias...) 'Supondr¨ªa la ca¨ªda en cadena de todo el sistema de reparto de cargas previsto', se?alan fuentes socialistas.

Licencias en tr¨¢mite

En espera de la resoluci¨®n del Tribunal Supremo, la Gerencia de Urbanismo entiende que la suspensi¨®n cautelar del coeficiente K 'salvaguarda los posibles derechos de la Administraci¨®n para el caso de que el Supremo le sea favorable'. As¨ª, las licencias que est¨¢n actualmente en tr¨¢mite advertir¨¢n que ¨¦sta 'se concede sin efectuar la liquidaci¨®n correspondiente a la contribuci¨®n de la parcela en el reparto de cargas, sin perjuicio de su posterior liquidaci¨®n y cobro en su caso'.

Si finalmente el Tribunal Supremo desestima la queja del Ayuntamiento, el gobierno municipal 'sustituir¨¢ la obtenci¨®n de los suelos por el sistema que se hace ahora -¨¢rea de reparto- por el de obtenerlos por la v¨ªa de expropiaci¨®n, pagando su importe', afirm¨® ayer Del R¨ªo. A juicio del titular de Urbanismo, esas expropiaciones pueden significar una 'cifra gravosa para las arcas municipales', aunque 'no importante'.

El impuesto ahora dejado en suspenso es similar al que en 1985 impuls¨® el PSOE cuando gobernaba en el Ayuntamiento. Se llamaba entonces reparcelaci¨®n econ¨®mica y fue anulado en 1989 por los tribunales tras un recurso presentado por la Confederaci¨®n Empresarial Independiente de Madrid (CEIM). El actual alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, entonces en la oposici¨®n, calific¨® aquel impuesto de 'extorsi¨®n'.

Dadas las repercusiones que la decisi¨®n del Supremo puede tener a medio y largo plazo sobre el desarrollo de las medidas previstas en el Plan General, los t¨¦cnicos de Urbanismo ya est¨¢n trabajando para 'tener un modelo alternativo cuantificado por ordenador', advierte Del R¨ªo.

El grupo PSOE-Progresistas va a pedir que se cree una comisi¨®n con participaci¨®n de la oposici¨®n y representantes de la Federaci¨®n de Municipios de Madrid. 'Hay que buscar un modelo de financiaci¨®n que sea legal y v¨¢lido para todos los municipios', afirm¨® Matilde Fern¨¢ndez, portavoz socialista. Justo Calcerrada, de IU, pidi¨® que el dinero que se ahorren los constructores, si no tienen que hacer frente al reparto de cargas, repercuta en un 'descenso del precio de las viviendas'.

Alquileres

La comisi¨®n de Urbanismo aprob¨® tambi¨¦n la adjudicaci¨®n de cuatro parcelas a dos empresas para que construyan 520 viviendas de alquiler para personas con ingresos de entre 5,5 y 7,6 millones de pesetas anuales. Los pisos revertir¨¢n a los 10 a?os a los constructores, que podr¨¢n venderlos a precio de viviendas libres. Los dos grupos de la oposici¨®n votaron en contra, ya que la operaci¨®n puede significar para las dos constructoras, Larcovi y Pryconsa, unas plusval¨ªas de 15.000 millones. Tanto Fern¨¢ndez como Calcerrada reclamaron que la construcci¨®n y gesti¨®n de los inmuebles la haga la Empresa Municipal de la Vivienda.

Dos de las parcelas, con un valor de 3.587 millones y adjudicadas a Larcovi, est¨¢n en Moncloa-Aravaca, y en ellas se podr¨¢n construir 320 viviendas, mientras que las otras dos, situadas en Vic¨¢lvaro y valoradas en 1.405 millones, han sido adjudicadas a Larcovi y a Pryconsa, respectivamente. Los pisos se destinar¨¢n a menores de 35 a?os y mayores de 65, con un importe m¨¢ximo de la renta anual de los arrendamientos que, seg¨²n la parcela de que se trate, oscilar¨¢ entre un 5,5% y un 7% del precio m¨¢ximo de venta de viviendas de protecci¨®n oficial.