La autonom¨ªa corsa divide a Francia

Francia es el escenario de un debate con tintes surrealistas, en torno a la concesi¨®n a C¨®rcega de una autonom¨ªa m¨¢s reducida de la que tienen las comunidades aut¨®nomas en Espa?a. Frente al Gobierno de Lionel Jospin, que pretend¨ªa aprobar ayer el env¨ªo al Parlamento del correspondiente proyecto de ley, el presidente Jacques Chirac descart¨® este asunto del orden del d¨ªa, reduciendo la agenda a un par de decretos t¨¦cnicos. As¨ª aligerado, el Consejo de Ministros consumi¨® ayer menos de media hora.

El proyecto de autonom¨ªa preparado por el Gobierno de Jospin no implica un camino hacia la independencia: se trata de conceder a la Asamblea de la isla ciertos poderes legislativos de forma experimental hasta 2004 y aprovechar esa fecha para una revisi¨®n constitucional que proporcione un nuevo estatuto a la isla. La escaramuza entre los dos probables aspirantes a las elecciones presidenciales, que deben celebrarse dentro de un a?o, explica este enfrentamiento m¨¢s que el an¨¢lisis del problema corso.

La postura adoptada por Chirac deja claro que no hay consenso nacional en torno a C¨®rcega. Y que en este asunto la izquierda tampoco es un¨¢nime: baste recordar que fue el motivo alegado por Jean-Pierre Chev¨¨nement para abandonar el Gobierno de Jospin. Pero tambi¨¦n prueba las dificultades para el funcionamiento de un poder ejecutivo compartido entre rivales pol¨ªticos. El resultado es que Francia, uno de los pa¨ªses hasta ahora clave en el proceso de construcci¨®n de Europa, se encuentra atrapada por una cohabitaci¨®n enredada en querellas internas.

Los Gobiernos alem¨¢n, brit¨¢nico, italiano, espa?ol o belga, todos ellos responsables ante sus respectivos Parlamentos, no necesitan autorizaci¨®n de su respectivo jefe de Estado para decidir qu¨¦ proyectos someten a sus C¨¢maras legislativas. Chirac, sin embargo, se atribuye competencias para ello, dados los poderes concedidos a un presidente elegido directamente por el pueblo, que ha de compartirlos con un Gobierno que los cree suyos en virtud del principio de responsabilidad parlamentaria.

En este contexto, el Consejo de Estado, un ¨®rgano de car¨¢cter consultivo, proporcion¨® el motivo al que se agarr¨® Chirac para obstaculizar el plan del Gobierno y dejar claro ante los sectores reticentes al proceso corso, qui¨¦n ejerce de garante de la unidad de Francia dentro de su 'pacto republicano'. Los puntos conflictivos son los siguientes:

- Cultura. La lengua corsa se ense?ar¨¢ 'en el cuadro del horario normal de las escuelas a todos los alumnos, salvo voluntad contraria de los padres o del representante legal del ni?o'. El Consejo de Estado cree que esa disposici¨®n equivale a hacer obligatoria la ense?anza del corso.

- Poderes. Antes del 1 de enero de 2002 se transferir¨¢n nuevas competencias a C¨®rcega para tener en cuenta su especificidad insular. Y condicionado a que 'la paz p¨²blica se establezca de manera duradera en la isla', se prev¨¦ una segunda reforma, condicionada a una revisi¨®n constitucional, para un cambio del estatuto de la isla en el a?o 2004, a fin de que la Asamblea de C¨®rcega pueda 'modificar o adaptar' disposiciones legislativas o reglamentarias.

En la fase transitoria hasta 2004, cuando 'las disposiciones legislativas en vigor o en fase de elaboraci¨®n' presenten dificultades para la isla, la Asamblea de C¨®rcega 'puede pedir al Gobierno (...) medidas de adaptaci¨®n de esas disposiciones legislativas'. Al Consejo de Estado le ha parecido demasiado ambiguo ese enunciado.

- Recursos econ¨®micos. La isla recibir¨¢ 15.000 millones de francos (375.000 millones de pesetas) en 15 a?os, para superar el retraso de sus inversiones; tendr¨¢ un estatuto fiscal particular para favorecer la instalaci¨®n de empresas, y mantendr¨¢ la exoneraci¨®n de derechos de sucesi¨®n durante 15 a?os. Este ¨²ltimo punto ha sido considerado por el Consejo como contrario a la igualdad de los ciudadanos.