Bajo la marca de la prevaricaci¨®n

El cargo de diputado foral de Agricultura en Vizcaya en las tres ¨²ltimas legislaturas se ha visto salpicado por el esc¨¢ndalo. Sus dos ¨²ltimos titulares, Jos¨¦ Luis Garai (1991-95) y Patxi Sierra-Sesumaga (1995-99 y (desde 1999), ambos del PNV, han sido condenados por los tribunales de justicia por sendos delitos de prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta). La pena ha sido coincidente -ocho a?os de inhabilitaci¨®n- aunque Garai acaba de beneficiarse del indulto a 1.443 personas que concedi¨® el Gobierno central en diciembre pasado.

Las circunstancias y los asuntos han sido, sin embargo, diferentes en cada caso. Garai fue juzgado y condenado por permitir la caza en contrapasa -durante el trayecto de regreso de las aves a sus lugares de cr¨ªa- durante tres a?os de su mandato. El Tribunal Superior de Justicia vasco le sentenci¨® a finales de 1998 a ocho a?os de inhabilitaci¨®n y el Supremo confirm¨® un a?o despu¨¦s esta pena para cualquier cargo p¨²blico.

El alto tribunal destac¨® el hecho de que Jos¨¦ Luis Garai dictara ¨®rdenes forales de autorizaci¨®n de la contrapasa en dos ocasiones diferentes y que las dejara sin efecto despu¨¦s de los recursos presentados por los ecologistas. Estim¨® que exist¨ªa una 'conciencia y voluntad del acusado de dictar una resoluci¨®n sin ser competente y con ilegalidad manifiesta y conocida'. Apenas dos meses despu¨¦s, en febrero de 1999, el Consejo de Gobierno de la Diputaci¨®n vizca¨ªna pidi¨® al Ejecutivo central el indulto total, que lleg¨® en diciembre. La inhabilitaci¨®n de Garai no ha cumplido, por tanto, los dos a?os.

Recurso al Supremo

Su sustituto en el cargo, Patxi Sierra-Sesumaga, ha vivido una situaci¨®n parecida. Su paso por los tribunales se ha debido a su anterior cargo, el de alcalde de Galdakao, y a un hecho ocurrido hace siete a?os. Entonces, decidi¨® prorrogar el contrato en el Ayuntamiento de un primo tercero suyo para un puesto de economista, pese a sendos informes advirtiendo de su ilegalidad elaborados por el secretario municipal y el jefe de personal.

En 1997, la Inspecci¨®n de Trabajo del Gobierno vasco mult¨® al consistorio con dos millones de pesetas por discriminar al trabajador que ocupaba anteriormente dicha plaza de economista y, ante la negativa de Sierra-Sesumaga de abonarla, su importe se cobr¨® mediante la retirada de una subvenci¨®n de 1,8 millones de pesetas que iba destinada al plan de prevenci¨®n de drogodependencias.

El juicio penal se celebr¨® el pasado 4 de diciembre en la Audiencia de Bilbao y la sentencia, dictada el pasado 25 de enero, condena al titular vizca¨ªno de Agricultura a ocho a?os de inhabilitaci¨®n para el cargo de alcalde, por lo que podr¨¢ continuar como diputado.

El fallo incide en que la pr¨®rroga del contrato de economista se realiz¨® a pesar de 'haber sido advertido de la tacha de ilegalidad por diversas personas' y estima que 'el comportamiento desajustado del alcalde demuestra y revela la obstrucci¨®n total y absoluta al cumplimiento de la legalidad en perjuicio del inter¨¦s objetivo'. A?ade que la actuaci¨®n de Sierra-Sesumaga revela 'una voluntad dirigida a suplantar la voluntad de la ley haciendo primar su propio inter¨¦s'.

La Audiencia rechaza, en cambio, la existencia de desviaci¨®n de poder por el parentesco lejano con el contratado al no 'existir prueba alguna sobre esta relaci¨®n ni, mucho menos, sobre su influencia en la contrataci¨®n'. La defensa de Sierra-Sesumaga y la acusaci¨®n han anunciado que recurrir¨¢n la sentencia ante el Tribunal Supremo.