?Por qu¨¦ se llevan a los ni?os?

Alrededor de una decena de mujeres y algunos de sus maridos est¨¢n encerrados desde el pasado jueves, varios de ellos en huelga de hambre, en la sede la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Sevilla para exigir que la Junta de Andaluc¨ªa les devuelva a sus hijos. Estas personas consideran que la retah¨ªla de miserias que les ha regalado la vida no cesa y que, por pobres, hasta les roban a sus hijos.

Entre las voces de las mujeres y hombres repartidos alrededor de una enorme mesa destaca el lloro de Roc¨ªo. A esta mujer los servicios sociales de la Junta de Andaluc¨ªa le quitaron hace cuatro a?os a sus dos hijos, de dos a?os y cuatro meses entonces. Roc¨ªo no lo niega e incluso corrobora con una foto que la drogadicci¨®n le hab¨ªa llevado a no poder cuidar de nadie. La cara llorosa, pero ahora con carne y color, contrasta con la calavera viva de la foto. Tiene trabajo, cotiza a la Seguridad Social, vive con sus padres y no se pica m¨¢s. Adem¨¢s, el 25 de julio pasado, la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla le dio la raz¨®n y exigi¨® que le fueran devueltos sus hijos. La orden deb¨ªa haberse cumplido el pasado 15 de septiembre, pero no fue as¨ª, y por eso ayuna.

No es la primera vez en la que las decisiones de la Audiencia de Sevilla y el juez de Familia Francisco Serrano chocan. Los ya famosos casos de la ni?a de Benamaurel, a la que la Audiencia de Sevilla orden¨® regresar con su primera familia adoptiva -tuvo tres-, pero el juez Serrano y la presi¨®n social motivaron que se quedara con la familia de acogida, o los de la Colonia Ni?o Sergio son claros ejemplos de que lo que deber¨ªa ser una delicada y afinada maquinaria a veces no es m¨¢s que una torpe m¨¢quina que proporciona desgarros y dolor. Los padres no entienden las razones de las administraciones para quitarles a sus ni?os, pero lo peor es que muchas veces ni los jueces se entienden con los jueces, ni los jueces con los fiscales o los funcionarios locales.

El defensor del pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, reclamaba ayer que se trabajara m¨¢s en los ni?os y en las familias, en el desarrollo o la ayuda integral al n¨²cleo familiar no s¨®lo para preservar los derechos inalienables e indiscutibles de los menores, sino para que ¨¦stos se desarrollen, salvo en los casos m¨¢s extremos, en la forma m¨¢s natural, que no es otra que junto a sus padres y hermanos.

Las familias encerradas en la sede de Derechos Humanos aseguran que s¨®lo les quitan los hijos a los pobres. El delegado provincial de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales en Sevilla, Francisco Obreg¨®n, se indignaba ayer ante esta acusaci¨®n y aseguraba que la Administraci¨®n no es ninguna ladrona, sino que es la '¨²ltima protecci¨®n que tiene un menor que est¨¢ en peligro'. Obreg¨®n afirmaba que ser¨ªa hip¨®crita decir que no se han equivocado nunca o que no ha habido abusos, y se ofrec¨ªa a que los casos de las mujeres encerradas se vieran uno por uno.

La retirada de un menor viene siempre precedida de una denuncia previa. Seg¨²n un estudio de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz de 1999, la mayor¨ªa de ¨¦stas provienen de los servicios sociales comunitarios (35%), la fiscal¨ªa (25%), hospitales (5%) o colegios (2%). Una vez que alguien da la voz de alarma, se inicia una investigaci¨®n por la Administraci¨®n pertinente, en la que deber¨ªa de haber reuniones con los padres e informes de los equipos t¨¦cnicos. Bastantes veces esto no es as¨ª, tal y como han probado los tribunales. Chamizo destaca que los informes que realizan los servicios t¨¦cnicos de la Administraci¨®n andaluza en ocasiones dejan mucho que desear. Lo peor es que esos suelen ser los informes en los que se basa la aproximaci¨®n del juez al caso, y a la familia afectada no le queda m¨¢s remedio que remar contra esa corriente.

Entre las encerradas en Sevilla est¨¢ ?ngela, que hace unos a?os pidi¨® ingresar junto a sus tres hijos en una casa para mujeres maltratadas por las palizas e insultos que recib¨ªa de su pareja. No hab¨ªa sitio. Entonces decidi¨® entregar a sus hijos a la Junta para que cuidaran de ellos. Ahora los menores viven con dos familias de acogida diferentes.

Tambi¨¦n est¨¢n las historias de Dolores, de Mar¨ªa del Carmen, de Jos¨¦ Manuel... Unos m¨¢s claros que otros, pero que con esta medida extrema han abierto en Andaluc¨ªa un debate que puede afinar el mecanismo para que el sistema protector no llegue a convertirse en una fuente de dolor y marginaci¨®n.