Puntualizaciones sobre los consejos sociales

La Confederaci¨®n Sindical de CC OO del Pa¨ªs Valenciano, ante este proyecto de disposici¨®n que servir¨¢ de base al debate parlamentario, se ve obligada a realizar las siguientes aportaciones y valoraciones:

1. Comisiones Obreras considera que, tal como se establece en la legislaci¨®n vigente, los consejos sociales de las universidades han de ser el cauce que permita la intercomunicaci¨®n entre las universidades valencianas y los restantes protagonistas del desarrollo social, econ¨®mico y cultural del Pa¨ªs Valenciano. Desde esta perspectiva, ha prestado la m¨¢xima atenci¨®n a estos ¨®rganos de participaci¨®n y en estos momentos en los que se est¨¢ planteando su sustancial modificaci¨®n se ve obligada a expresar su m¨¢s rotundo rechazo a unos procedimientos inicialmente caracterizados por el sigilo y la falta de cauces de participaci¨®n. El proyecto ha sido entregado a algunos de los consejeros, hace no m¨¢s de ocho d¨ªas, y todo lo que se les permite participar en su elaboraci¨®n consiste en admitir que env¨ªen enmiendas a los actuales presidentes de los consejos, sin dar siquiera opci¨®n a la defensa o justificaci¨®n de estas enmiendas en el seno de los mismos consejos sociales o mediante cualquier otro procedimiento que hiciese posible debatir con la Consejer¨ªa de Educaci¨®n los motivos de nuestras discrepancias o coincidencias. De otro lado, sin negar que parece aconsejable el realizar una actualizaci¨®n de las normas reguladoras de los consejos sociales, no podemos menos que se?alar que ser¨ªa deseable que en dichas modificaciones se tuviese en cuenta la opini¨®n de los rectores de las universidades del Pa¨ªs Valenciano, que en estos d¨ªas se encuentran en pleno debate o periodo electoral.

2. Si bien es cierto que en el pre¨¢mbulo de la nueva ley se afirma que su finalidad es, entre otras, establecer una composici¨®n m¨¢s acorde con su condici¨®n de ¨®rgano de participaci¨®n social, el examen de los componentes que el proyecto concreta hace m¨¢s que dudoso afirmar que se consigue el objetivo propuesto, a no ser que seamos capaces de asumir que la representatividad social de empresarios y trabajadores (dos por cada uno de los sectores), es id¨¦ntica a la de los colegios profesionales (cuatro miembros), o que las c¨¢maras de Comercio (dos representantes) tienen id¨¦ntico peso social que los sindicatos de trabajadores o las asociaciones de empresarios. Lo cierto es que el n¨²mero y la distribuci¨®n de los consejeros que han de ejercer en el mismo la participaci¨®n social, m¨¢s parecen propios de un sistema de representaci¨®n corporativo, elitista y caduco que de un estado social de derecho que es el que se define en nuestra Constituci¨®n. A este respecto, no podemos dejar de se?alar que los ¨²nicos sectores que, en la Ley de Reforma Universitaria, se se?ala que han de estar inexorablemente representados (sindicatos y empresarios), s¨®lo tienen cuatro representantes de un total de diez que corresponden a organizaciones sociales, es decir, los que han de estar representados, seg¨²n ley, ostentan el 40% de representatividad, dentro de las organizaciones sociales, mientras que aquellos que responden exclusivamente a la voluntad del legislador llegan al 60% de la representatividad de las organizaciones sociales. En una interpretaci¨®n que no evidencia una consideraci¨®n justa y adecuada del papel social de los sindicatos.

3. En cuanto al incremento de los miembros del consejo directamente designados por el Gobierno valenciano, no puede menos que causarnos extra?eza y estupor el hecho que, adem¨¢s de aparecer cuatro consejeros designados por el consejero de Educaci¨®n, el Gobierno valenciano, en el cual est¨¢ incluido tambi¨¦n el consejero, designe a dos consejeros m¨¢s, increment¨¢ndose adem¨¢s el n¨²mero de representantes de las Cortes.

4. Si ponemos en conexi¨®n esta ocupaci¨®n del consejo por representantes del poder pol¨ªtico con su incremento de atribuciones y con el car¨¢cter reglamentariamente intervencionista de la ley que llega a afirmar que el consejo deber¨¢ conocer todos los acuerdos que adopten el claustro, la junta de gobierno y el rector, confundiendo, quiz¨¢, los deseos con la realidad, e introduciendo un factor de inquisitorial desconfianza, que podr¨ªa llegar a paralizar el funcionamiento del propio consejo y de todos los ¨®rganos de gobierno de la Universidad, si todos los consejeros tuviesen que examinar y conocer todas las resoluciones que se indican, y que, a nuestro entender, limita hasta extremos injustificables la autonom¨ªa universitaria, llegar¨ªamos a la conclusi¨®n que poco se conf¨ªa en la autonom¨ªa colegiada de la Universidad al introducir tantas cautelas y tantos procedimientos de control. Si la Universidad tiene alg¨²n cliente es la sociedad en su conjunto y nunca hemos de considerar que sus patronos son los partidos pol¨ªticos que accidentalmente ocupan el poder. A nuestro juicio, la autonom¨ªa universitaria ha de estar incardinada dentro de la responsabilidad social pero nunca sus normas de actuaci¨®n han de derivarse del grosero, esperp¨¦ntico, mostrenco e injustificable: 'quien paga manda'.

Desde nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la universidad, solicitamos del Gobierno valenciano la apertura de un di¨¢logo que posibilite una aproximaci¨®n de posturas, de tal modo que la ley que regule los consejos sociales de las universidades valencianas d¨¦ lugar a una mayor cohesi¨®n de la sociedad y contribuya a que nuestros centros universitarios sean capaces de afrontar los nuevos retos que la sociedad nos plantea.

Manuel Parra Pozuelo, en representaci¨®n de los consejeros de CC OO en los consejos sociales de las universidades valencianas.