Poco m¨¢s de la mitad de los municipios tiene el plan de emergencias obligatorio

Tampoco la actuaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa sale mejor librada. El informe se?ala que el Plan Infoca no est¨¢ homologado por la Comisi¨®n Nacional de Protecci¨®n Civil. El Plan Director Territorial de Emergencias de la Junta de Andaluc¨ªa se aprob¨® en noviembre de 1999, pero su marco regulador y director de planificaci¨®n 'necesita una urgente actualizaci¨®n', seg¨²n la oficina del Defensor del Pueblo andaluz. En su informe especial sobre los servicios municipales de protecci¨®n civil y su coordinaci¨®n, concluido a finales de diciembre de 2000, la instituci¨®n enumera las tareas pendientes de la Administraci¨®n andaluza en la materia: 'A¨²n no se han elaborado los planes de riesgo espec¨ªficos en inundaciones, mercanc¨ªas peligrosas y riesgos s¨ªsmicos'.

M¨¢s llamativa, incluso, resulta la situaci¨®n del Plan Infoca, dedicado a la lucha contra los incendios forestales. El informe asegura que no est¨¢ homologado por la Comisi¨®n Nacional de Protecci¨®n Civil ni sus dispositivos est¨¢n integrados en los centros de coordinaci¨®n de emergencias, a excepci¨®n de las provincias de Huelva y C¨¢diz.

Por el contrario, seg¨²n el estudio, se han elaborado planes espec¨ªficos para eventos singulares y cita como ejemplo el Plan Romero, dise?ado para El Roc¨ªo. 'Otros acontecimientos festivos, deportivos o de otra naturaleza carecen de una necesaria planificaci¨®n', seg¨²n el texto.

La oficina del Defensor del Pueblo andaluz examin¨® la situaci¨®n de los 61 municipios con m¨¢s de 20.000 habitantes, al ser los que est¨¢n obligados a establecer un servicio municipal de Protecci¨®n Civil y elaborar un plan de emergencias municipales para actuar en casos de riesgo, provocados por desastres naturales o por la propia actividad humana. La poblaci¨®n total que reside en estas localidades (4,5 millones de personas) constituye el 62,58% del censo andaluz elaborado por el INE (1 enero 1998).

Planes desfasados

S¨®lo el Ayuntamiento de And¨²jar (Ja¨¦n) desatendi¨® las sucesivas peticiones de informaci¨®n solicitadas desde la instituci¨®n. De las respuestas de los restantes municipios se traduce una situaci¨®n deficitaria casi en la mitad: s¨®lo 35 localidades disponen del obligatorio plan de emergencias. De los aprobados, seg¨²n el Defensor del Pueblo, 'la gran mayor¨ªa est¨¢n muy desfasados y carentes en su redacci¨®n de la participaci¨®n efectiva de los sectores sociales implicados'.

Las actuaciones en materia de protecci¨®n civil dependen, en casi todos ellos, de las agrupaciones de voluntarios que, seg¨²n el informe especial, 'ni por su formaci¨®n, ni su direcci¨®n t¨¦cnica pueden asumir dichas responsabilidades'. El perfil mayoritario del voluntario es el de un var¨®n con menos de 30 a?os y estudios primarios. S¨®lo el 11,42% de los voluntarios dispone de estudios universitarios. Las mujeres participan en menor medida en las tareas de protecci¨®n civil: representan el 26%. A excepci¨®n de los ayuntamientos de Baena (C¨®rdoba), Coria del R¨ªo (Sevilla) y Ja¨¦n, todas las localidades cuentan con agrupaciones de voluntarios de protecci¨®n civil.

La opini¨®n mayoritaria de los ayuntamientos es que el n¨²mero de voluntarios resulta suficiente. S¨®lo el 37,7% considera insuficiente la cantidad de personal, frente al 52,4% que cree que bastan. Sin embargo, las asociaciones de voluntarios de protecci¨®n civil discrepan del sentir mayoritario de las administraciones locales: el 42,6% cree insuficiente el n¨²mero, mientras que el 39,3% lo estima apropiado.

Estas organizaciones se muestran especialmente cr¨ªticas con las administraciones, tanto estatal, auton¨®mica y local, por las actuaciones que promueven a la hora de fomentar el voluntariado. La peor parada es la andaluza: el 63,9% cree que son insuficientes sus incentivos a la incorporaci¨®n de nuevos miembros.

La oficina del Defensor del Pueblo se?ala que, a pesar de que la Ley sobre Protecci¨®n Civil atribuye a la Administraci¨®n del Estado la elaboraci¨®n del cat¨¢logo de recursos movilizables, todav¨ªa no se dispone de ¨¦l, seg¨²n la respuesta de la Delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa en marzo de 2000.