La lentitud judicial afecta a los procesos sobre menores

En la actualidad, s¨®lo existen juzgados especializados en Familia en cuatro provincias andaluzas: Sevilla, Granada, M¨¢laga y C¨®rdoba; pero ¨²nicamente en las capitales y en Primera Instancia. El Derecho de Familia forma parte de la jurisdicci¨®n civil. Sin embargo, el enorme volumen de trabajo que manejan estos juzgados hace que en muchos casos los expedientes en los que se decide el futuro de un ni?o duerman durante a?os a la espera de ser solventados. Cuando existen juzgados de Familia, las decisiones que se toman en Primera Instancia no pocas veces son revocadas al cabo de a?os por las audiencias provinciales, que carecen de especializaci¨®n. Por eso, si hay algo en que est¨¢n de acuerdo todos los sectores que trabajan con menores en situaci¨®n de riesgo es en la necesidad de que se cree una jurisdicci¨®n especial de Familia. Pero hasta ahora, las peticiones formuladas por las consejer¨ªas de Asuntos Sociales, los jueces y abogados de Familia y el propio Consejo General del Poder Judicial no han obtenido ninguna respuesta por parte de los ¨®rganos legislativos. El juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano considera que 'la creaci¨®n de una jurisdicci¨®n espec¨ªfica permitir¨¢ que todos los ciudadanos espa?oles disfruten del derecho a que sean jueces expertos en la materia quienes analicen sus casos, independientemente de que vivan en una gran capital o en un pueblo'. La existencia de juzgados especializados en Primera Instancia no sirve para mucho, seg¨²n el profesor Jes¨²s Palacios, si en las audiencias provinciales, que dirimen los recursos contra los actos de la Administraci¨®n, no se sigue la misma din¨¢mica. 'Es como si uno va con su problema en primer lugar al m¨¦dico especialista y ¨¦ste le remite al de medicina general'. Pero ¨¦sta no es la ¨²nica reivindicaci¨®n de quienes tratan m¨¢s de cerca los problemas de protecci¨®n de menores. Los jueces piden tambi¨¦n que las administraciones doten de asesoramiento jur¨ªdico desde el inicio del proceso a los padres o tutores de ni?os declarados en desamparo, a fin de paliar una posible situaci¨®n de indefensi¨®n. Esta reivindicaci¨®n ha sido, en principio, bien acogida por la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales, pero la Junta pide tambi¨¦n que se reforme la ley en el sentido de limitar a un a?o el plazo m¨¢ximo de los padres para recurrir la resoluci¨®n de desamparo, con la intenci¨®n de impedir que la situaci¨®n de provisionalidad de los acogimientos familiares se prolongue. Los jueces coinciden hasta cierto punto con esta petici¨®n, pero no la limitan a un a?o, sino a 'un tiempo prudencial' que se estimar¨ªa en cada caso.

- Menor en situaci¨®n de riesgo. Cuando existan carencias o dificultades en la atenci¨®n a las necesidades b¨¢sicas de los menores. Cuando se detecta un menor en situaci¨®n de riesgo, la Administraci¨®n auton¨®mica inicia un procedimiento de intervenci¨®n familiar que no requiere la separaci¨®n del menor de su entorno. - Menor en situaci¨®n de desamparo. Se considera como tal el abandono voluntario del menor, la ausencia de escolarizaci¨®n, los malos tratos f¨ªsicos y ps¨ªquicos, abusos sexuales, inducci¨®n a la mendicidad, delincuencia o prostituci¨®n, drogadicci¨®n o alcoholismo habitual del menor, trastorno mental grave o drogadicci¨®n habitual de los padres o guardadores, convivencia del menor en un entorno familiar que deteriore gravemente su desarrollo personal, o la falta de personas a las que corresponde la guarda. En estos casos, se inicia un expediente de protecci¨®n que puede culminar en la declaraci¨®n legal de desamparo y el apartamiento del menor del medio familiar. Si los padres se oponen a esta medida, se recurre por v¨ªa judicial. - Guarda. Se produce cuando los padres o guardadores reconocen de forma voluntaria que por enfermedad o circunstancias graves no pueden atender al menor y solicitan esa funci¨®n a la Administraci¨®n. - Acogida en centros. Se utiliza como medida de urgencia cuando es imposible mantener al menor en su entorno familiar. La institucionalizaci¨®n debe prolongarse el menor periodo de tiempo posible. La oportunidad de que el menor internado reciba o no visitas de la familia biol¨®gica la establece el juez de Familia. - Acogimiento familiar. S¨®lo se recurrir¨¢ a esta figura cuando se tiene certeza de la imposibilidad de cambiar la situaci¨®n de desamparo del menor sin apartarlo del medio familiar. Si no hay consentimiento expreso de los padres, la medida no se puede adoptar m¨¢s que con respaldo judicial. Existen tres tipos de acogimiento: simple, que es de car¨¢cter provisional; permanente, si fuera necesario prolongar el acogimiento simple en una misma familia; y preadoptivo, cuando se excluye toda posibilidad de que el menor se reintegre en su familia de origen. Si se opta por el acogimiento familiar, hay que agotar todas las posibilidades de reubicar al menor con su familia extensa. - Adopci¨®n. Si, atendiendo al inter¨¦s preferente del menor, se confirma la imposibilidad de devolverlo a sus padres biol¨®gicos, y siempre que se haya pasado antes por la figura de acogimiento preadoptivo con la familia adoptante. El acogimiento simple o el permanente no son puertas legales para la adopci¨®n.