Reeducar a los militares
Ni el paso del tiempo ni la obediencia a una orden superior disculpan los cr¨ªmenes de lesa humanidad, que no pueden ser perdonados y que deben ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. As¨ª lo dijeron en 1996 el fiscal Carlos Castresana, quien, por la Uni¨®n de Fiscales Progresistas, puso en marcha la rueda de la justicia universal, y el juez Baltasar Garz¨®n Real al aceptar su denuncia contra un centenar de militares argentinos por genocidio, tortura y terrorismo, cometidos en la Argentina en perjuicio de argentinos. Hasta ahora s¨®lo el ex dictador chileno Augusto Pinochet y dos marinos argentinos que se atrevieron a salir de sus pa¨ªses hab¨ªan sentido las consecuencias de este principio, aplicado a los delitos atroces y aberrantes. Hugo Grocio en 1600, Emmerich de Vattel en 1700 anticiparon lo que el moderno Derecho internacional establecer¨ªa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora un juez argentino hizo propios esos conceptos y reanud¨® en Buenos Aires el procesamiento de los militares de la guerra sucia. Feliz coincidencia: el 24 de marzo se cumplir¨¢ un cuarto de siglo del ¨²ltimo golpe militar de la historia argentina.
El juez Gabriel Cavallo dispuso la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en respuesta a una solicitud que firm¨¦ el a?o pasado como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Tambi¨¦n estamos trabajando para asegurar que ninguna rencilla ni sectarismo de esos que apasionan a las fuerzas progresistas impidan una masiva concentraci¨®n unitaria en la plaza de Mayo en el aniversario del golpe de Videla, Massera & C¨ªa.
Hace seis a?os dije a la revista Time que era una pretensi¨®n absurda que una madre se reconciliara con la persona que mat¨® a su hijo y que lo importante era acostumbrarse todos a vivir pac¨ªficamente, respetando las reglas y las instituciones de la democracia. Mario Vargas Llosa me respondi¨® en EL PA?S que una sociedad necesita "tiempo y, sobre todo, mucha pr¨¢ctica" hasta impregnarse de esa cultura democr¨¢tica y reeducar a los militares. "Eso no se aprende en la teor¨ªa, sino en el quehacer diario, en el ejercicio cotidiano de la legalidad y en el funcionamiento de las instituciones civiles", sobre las que las Fuerzas Armadas hacen pender "la sombra del cuartelazo".
No en la teor¨ªa, sino en el ejercicio cotidiano de la legalidad institucional, en el Cono Sur estamos reeducando a las Fuerzas Armadas. El juicio penal, que discierne la verdad de los hechos y asigna responsabilidades y castigos a quienes los merecen, es la mejor pr¨¢ctica para que aprendan a convivir en la legalidad quienes llegaron a creer que la ley y el Estado eran ellos.
El pueblo argentino abri¨® rumbos, con sus organismos de derechos humanos que durante la dictadura militar denunciaron sus atrocidades; con la comisi¨®n investigadora sobre la desaparici¨®n de personas que estableci¨® los extremos a los que hab¨ªa llegado la barbarie castrense; con los juicios que llevaron a la c¨¢rcel a los ex dictadores. Ni siquiera la Ley de Obediencia Debida, arrancada a punta de bayoneta, fue disuasivo eficiente para el af¨¢n de justicia de la sociedad. Sondeos publicados este domingo arrojaron un 78% de opiniones favorables a la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, porcentaje a¨²n mayor al de quienes se hab¨ªan opuesto a su sanci¨®n y a los indultos menemistas.
Luego de las confesiones de Adolfo Scilingo en 1995 se iniciaron en todo el pa¨ªs los denominados juicios de la verdad, en los que se determina el destino de cada desaparecido, pero no se puede castigar a sus asesinos. La Asociaci¨®n Argentina de Derechos Humanos de Madrid alent¨® y aliment¨® a Carlos Castresana para su denuncia quijotesca y varios jueces argentinos reactivaron los juicios por el robo de beb¨¦s, que hasta entonces no hab¨ªan avanzado. Con ese motivo est¨¢n bajo arresto domiciliario los ex dictadores Videla y Bignone, el ex almirante Massera y los miembros de la ¨²ltima Junta Militar.
Cuando Garz¨®n orden¨® el arresto de Pinochet en Londres las voces del sentido com¨²n y de los negocios advirtieron sobre la fragilidad de la democracia chilena y descalificaron al magistrado como poco serio. Pero el tribunal de justicia m¨¢s conservador del mundo, el de los Law Lords, concedi¨® su extradici¨®n a Espa?a, como acaban de hacer un juez y el Gobierno mexicano con el torturador argentino S¨¦rpico Cavallo (que no es pariente del juez ni del ex ministro). La componenda pol¨ªtica devolvi¨® a Pinochet a casa. Entonces la Corte Suprema de Justicia que ¨¦l mismo hab¨ªa designado lo desafor¨® para que el juez Juan Guzm¨¢n lo juzgara por la caravana de la muerte. Hoy se atreven a testimoniar en su contra hasta generales y la democracia chilena se ha fortalecido.
En esas condiciones, no hab¨ªa raz¨®n alguna, jur¨ªdica, ¨¦tica, nacional o internacional, para que no se reanudaran en la Argentina los juicios interrumpidos hace casi quince a?os. La causa en la que lo pedimos es la del secuestro de un matrimonio chileno-argentino con su bebita, entonces de ocho meses, que fue anotada como propia por un coronel del Ej¨¦rcito. Ya el a?o pasado el juez Cavallo devolvi¨® su identidad a la ni?a, hecha hoy mujer, arrest¨® al coronel Ceferino Landa y a los ex polic¨ªas El Turco Juli¨¢n y Colores. Este ¨²ltimo neg¨® su participaci¨®n, pero gracias a la televisi¨®n de Catalu?a pude presentar al juez un v¨ªdeo en el que el torturador se jactaba de haberlo hecho cuando se cre¨ªa a salvo. Lo que pedimos y dispuso la justicia es que tambi¨¦n se procesara por la desaparici¨®n de los padres a ellos y a toda la cadena de mando que comienza con el siniestro general Su¨¢rez Mason, ya condenado en rebeld¨ªa en Italia.
No lo hicimos pensando en el pasado ni con af¨¢n retributivo. Lo que nos gu¨ªa es el presente y el futuro. Cuando los juicios se iniciaron, en 1984, el 90% de quienes hab¨ªan actuado en el genocidio segu¨ªan en actividad. Hoy la proporci¨®n es por lo menos inversa. Por su fecha de ingreso y los grados que ten¨ªan en el momento de los hechos, nueve de cada diez oficiales del Ej¨¦rcito actual est¨¢n libres de sospecha. Y del 10% restante habr¨¢ que determinar, con el estricto apego por los procedimientos legales que la dictadura nunca practic¨®, qui¨¦n tuvo y qui¨¦n no tuvo algo que ver. Sospecho que no son muchos, porque de otro modo ya hubieran sido denunciados. El problema es que el actual jefe de Estado Mayor del Ej¨¦rcito, general Ricardo Brinzoni, fue secretario general de la gobernaci¨®n de la provincia del Chaco en 1976, cuando se produjo all¨ª la espantosa masacre de Margarita Bel¨¦n, en la que dos docenas de detenidos, torturados hasta no poder tenerse en pie, fueron ejecutados con el inveros¨ªmil pretexto de un intento de fuga. Los abogados del CELS estudiar¨¢n si hay elementos para acusarlo como c¨®mplice o encubridor. Por eso, Brinzoni pretende cubrirse detr¨¢s de los j¨®venes, en una defensa corporativa, injusta con la democracia argentina y con el propio Ej¨¦rcito.
La impunidad no es algo que se circunscriba a un momento y a un sector de la sociedad, sino una mancha venenosa que se extiende hasta cubrirlo todo. Si los m¨¢s graves cr¨ªmenes cometidos en la historia de nuestro pa¨ªs quedaran sin castigo, ?qu¨¦ sistema jur¨ªdico tendr¨ªa legitimidad para castigar los delitos menores, que en comparaci¨®n con aqu¨¦llos son todos los dem¨¢s? Una serie de asesinatos, los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica, lavado de dinero y brutalidad policial, en los que la justicia act¨²a tarde y mal, han generalizado una sensaci¨®n de impunidad que degrada la convivencia. La reanudaci¨®n de los juicios por el genocidio del siglo XX ser¨¢ vital para construir sobre bases s¨®lidas la democracia del XXI, para que vivamos en una Rep¨²blica y no como rehenes de diversas mafias que se r¨ªen de la ley porque se sienten fuera de su alcance. En una biograf¨ªa reciente, el ex dictador Videla descalific¨® los cargos por torturas con esta tremenda frase: "En este momento se est¨¢ torturando en alguna comisar¨ªa". De prevenir eso se trata, precisamente.
Horacio Verbitsky es escritor y periodista, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales y miembro del comit¨¦ directivo de Human Rights Watch/Americas.
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