Los jueces del tr¨¢fico de armas con Angola registran el Ministerio de Exteriores franc¨¦s
Jacques Attali, ex consejero de Mitterrand, detenido y procesado por recibir comisiones ilegales
El gabinete del ministro, sin embargo, niega que V¨¦drine interviniera en el arreglo de problemas entre el traficante de armas y el el fisco.
Apenas 24 horas antes del registro del Quai d'Orsay se produjo el procesamiento de Jacques Attali, ex consejero del presidente Fran?ois Mitterrand y ex presidente del Banco Europeo de Reconstrucci¨®n y Desarrollo (BERD), por 'tr¨¢fico de influencias' y 'abuso de bienes societarios'.
Los jueces le imputan estos delitos tras comprobar que recibi¨® una suma equivalente a 25 millones de pesetas del mercader de armas Pierre Falcone. El procesado sostiene que el dinero era la contrapartida de su tarea como consultor financiero para el Gobierno de Angola, pa¨ªs al que se desplaz¨® en 1998 en un avi¨®n fletado por Falcone, que adem¨¢s pag¨® la factura por los servicios de Attali.
Tras mantenerle detenido durante veinticuatro horas, los jueces dejaron a Attali en libertad provisional, bajo fianza de 38 millones de pesetas. Acto seguido se dirigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde no se encontraba Hubert V¨¦drine, de viaje en los Balcanes.
Los jueces pretenden verificar si la cantidad pagada por el mercader de armas a Jacques Attali tiene relaci¨®n con el hecho de que este ¨²ltimo organiz¨®, en septiembre de 1998, una entrevista entre el abogado de Falcone y el ministro de Exteriores, Hubert V¨¦drine, cuando aqu¨¦l intentaba arreglar un litigio del mercader de armas con Hacienda. El problema consiste en que Falcone no declar¨® un pago recibido por una operaci¨®n de armas entre Rusia y Angola.
Est¨¢ confirmado que hubo un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores, Hubert V¨¦drine, y Alain Guilloux, abogado del mercader de armas.
Tras la reuni¨®n, el letrado envi¨® unos documentos a V¨¦drine, de los que los jueces se apoderaron durante su espectacular registro del Quai d'Orsay.
Fuentes pr¨®ximas a V¨¦drine niegan que tales comunicaciones 'tuvieran consecuencia alguna'. El letrado aludido tambi¨¦n niega haber pedido nunca la intervenci¨®n de V¨¦drine en los problemas de impuestos de su cliente, Pierre Falcone.
Se desconoce la cuant¨ªa de la operaci¨®n de armas con Angola en cuyo marco se han producido estas actuaciones judiciales. No obstante, el diario Le Monde aport¨® ayer el dato de que la suma presuntamente defraudada se eleva a 3.000 millones de francos (75.000 millones de pesetas).
El litigio viene de que el mercader de armas Pierre Falcone sostiene que la sociedad que recibi¨® el dinero, identificada con la denominaci¨®n ZTS-Osos, es de nacionalidad eslovaca; mientras que la Hacienda francesa se estima acreedora de los impuestos porque el pago se efectu¨® en Francia y en un banco franc¨¦s.
Falcone alega que Eduardo dos Santos, jefe del Estado de Angola, le encarg¨® a ¨¦l y a su socio, Arcadi Gaydamak -residente en Israel y reclamado ahora por los jueces de Par¨ªs- la compra de materiales militares para su pa¨ªs a trav¨¦s de esa sociedad eslovaca.
Los jueces que registraron el viernes la sede del Ministerio de Exteriores se llevaron las notas dirigidas por el abogado del mercader de armas Pierre Falcone al Quai d'Orsay para que este departamento verificara oficialmente la realidad del encargo que les hab¨ªa hecho el presidente Dos Santos.
En el margen de una de esas comunicaciones aparece una anotaci¨®n manuscrita del ministro, Hubert V¨¦drine, en la que ¨¦ste dec¨ªa que, si el peticionario insist¨ªa (el abogado de Falcone), se le dieran largas.
Fuentes del gabinete del ministro niegan que el titular del departamento haya efectuado intervenci¨®n alguna a favor del aludido Falcone.
'Hubert V¨¦drine no hizo nada tras recibir los documentos que le dirigi¨® el se?or Guilloux (abogado de Falcone) y nunca intervino, de una manera o de otra, en este asunto', insiste el gabinete del Quai d'Orsay.
Tampoco est¨¢ previsto que los jueces tomen declaraci¨®n al ministro. En todo caso, los jueces necesitar¨ªan una autorizaci¨®n previa del Consejo de Ministros para interrogar a un ministro en ejercicio.
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