Justicia decide mantener el decreto que aumenta el salario de su personal
'No nos hemos excedido en las competencias', asegura el consejero Sabin Intxaurraga
El decreto de diciembre recoge el acuerdo alcanzado con CC OO, UGT y CSIF, que establece un aumento salarial de entre el 9 y el 15% para los 1.800 funcionarios transferidos de la Administraci¨®n de Justicia que trabajan en Euskadi. En el resto de Espa?a, la subida salarial se ha fijado en el 2%. Este hecho ha sido recurrido por el Gobierno central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco por entender que rompe la homogeneidad en el conjunto de la Justicia .
El acuerdo establec¨ªa, adem¨¢s, requisitos para la confecci¨®n de las plantillas y se hac¨ªa referencia a la adaptaci¨®n de los puestos de trabajo 'a las nuevas herramientas tecnol¨®gicas', entre las que se incluye el conocimiento del euskera 'en los puestos que se determinen en el oportuno plan de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica'. Junto a ello, se establece que deben ser cubiertos 'con car¨¢cter inmediato por personal en posesi¨®n de un determinado perfil ling¨¹¨ªstico, contando con la colaboraci¨®n del personal ya euskaldunizado o en fase de serlo'. El decreto facilita, como tercer aspecto, permisos para visitar a presos parientes hasta el segundo grado de cosanguinidad e implanta la figura del coordinador de la oficina judicial.
Estas cuatro cuestiones fueron a su vez objeto, el pasado 9 de marzo, de un requerimiento de incompetencia por parte del Consejo de Ministros, por estimar que el Ejecutivo vasco se ha adentrado en materias que corresponde regular al Ministerio de Justicia' e infringe leyes concretas. El consejero Sabin Intxaurraga se?al¨® que mantendr¨¢ los contenidos del acuerdo mientras los jueces no digan lo contrario. Asegur¨® que su departamento 'no se excede' en sus competencias las competencias', manifest¨® que los acuerdos con los sindicatos 'deben ser respetados' y calific¨® de 'falta de sentido' la interposici¨®n de los recursos por parte del Gobierno central. 'Presentan recursos en cada caso de intento de modernizaci¨®n de la justicia. No pueden hacer lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer', critic¨® tras anunciar que el Gobierno vasco no atender¨¢ al requerimiento.
Propuesta a Madrid
Por otro lado, Intxaurraga expuso la propuesta que traslad¨® el pasado d¨ªa 14 al ministro de Justicia, ?ngel Acebes, para alcanzar un pacto de Estado para la Justicia. Destac¨® que es la primera comunidad en proponerlo y que su fin es crear 'una Administraci¨®n de justicia adecuada al Estado de las autonom¨ªas, porque todav¨ªa no se ha producido una descentralizaci¨®n'. La propuesta plantea la necesidad de que Euskadi tenga competencias plenas sobre el personal de Justicia -los magistrados, jueces y secretarios siguen dependiendo del Estado- y la eliminaci¨®n del car¨¢cter nacional de estos cuerpos, como ha ocurrido con los funcionarios de educaci¨®n y sanidad. Intxaurrga precis¨® que esta demanda no se hace solo por razones 'rom¨¢nticas', sino 'de eficacia'. A su juicio, son necesarios m¨¢s jueces porque los retrasos no se producen en la tramitaci¨®n de los procedimientos, sino 'en la fase decisoria' y abog¨®, en contra del criterio del Ministerio de Justicia, por mantener el tercer y cuarto turno de acceso a la judicatura (abogados y juristas de prestigio), y por posibilitar 'la incorporaci¨®n de los actuales secretarios judiciales a las plazas de jueces en los juzgados de entrada'. Intxaurraga sostiene que 'faltan jueces y sobran funcionarios' y plantea una organizaci¨®n 'm¨¢s flexible, que no determine que cada juez haya de tener su oficina judicial'.
La propuesta del Departamento de Justicia pide mayores competencias para los Tribunales Superiores de Justicia auton¨®micos a fin de que resuelvan todos los recursos de casaci¨®n sobre sentencias de tribunales inferiores, salvo para unificaci¨®n de doctrina cuando exista contradicci¨®n con la doctrina mayoritaria del resto o del propio Tribunal Supremo. As¨ª mismo, incluye la creaci¨®n de un Consejo General del Poder Judicial vasco y una clara exigencia del conocimiento en este ¨¢mbito de 'las dos lenguas cooficiales'.
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