Los costes empresariales y el registro mercantil

Los empresarios solventes saben que la burocracia entorpece y que su exceso se paga siempre en p¨¦rdida de competitividad. Reclaman eficacia administrativa mediante la supresi¨®n de tr¨¢mites y el abaratamiento de costes. Saben tambi¨¦n que estas virtudes ¨²nicamente pueden venir mediante la liberalizaci¨®n y la competencia, y nunca se producir¨¢n en un modelo de exclusivas. Por eso, es l¨®gico que hayan recibido con perplejidad y un punto de iron¨ªa cierto documento que les ha sido presentado por la Asociaci¨®n Profesional de Registradores (APR) y que ofrece abaratar los costes de los documentos mercantiles por la ins¨®lita v¨ªa de un monopolio profesional ayuno de cualquier vestigio de competencia y a costes blindados de arancel. El talento es dado a la paradoja, pero ciertos excesos de picard¨ªa cruzan el peque?o paso entre lo sublime y lo rid¨ªculo, al tenerse uno por muy listo y tomar al interlocutor por bobo.

Es necesaria una reforma del Registro Mercantil para la reducci¨®n de los costes empresariales

El documento de la APR, bajo el t¨ªtulo La reducci¨®n de costes empresariales y el Registro mercantil: una reforma necesaria, promueve la luminosa sugerencia de que todo ser¨¢ mejor y m¨¢s barato si se elimina de la documentaci¨®n mercantil a los abogados, notarios y getores, as¨ª como los anuncios en los peri¨®dicos, y se deja s¨®lo a los registradores. Pasan por alto el peque?o detalle de que el registrador es el ¨²nico profesional que no puede ser elegido por quien le paga (el consumidor, que en cambio escoge los abogados, notarios o gestores m¨¢s eficientes) y que adem¨¢s trabaja con arancel blindado. ?En qu¨¦ raro manual de econom¨ªa encuentran argumentos los registradores para recomendar la absoluta falta de competencia como v¨ªa hacia el ahorro y la eficacia?A falta de manual en el que buscar abrigo, el documento de la APR cita una y otra vez el supuesto ejemplo italiano. As¨ª que conviene preguntarse qu¨¦ suced¨ªa en Italia y c¨®mo han mejorado.

Pues bien, en Italia suced¨ªa que los documentos otorgados bajo el control de legalidad de los notarios se somet¨ªan a un segundo control por parte de los jueces, con el resultado de frecuentes discrepancias que a?ad¨ªan inseguridad y costes a los meses de retraso. ?C¨®mo han mejorado? Mediante la ley de 24 de noviembre de 2000, que elimina el segundo control, el judicial, que se mantiene s¨®lo como apelaci¨®n de los socios ante el juez cuando no compartan el criterio del notario de que un documento no es inscribible. Y con la dura y natural cautela de que el notario que autorice un documento sin las condiciones legales establecidas ser¨¢ sancionado con suspensi¨®n y multa de hasta treinta millones de liras. En Italia tienen adem¨¢s la importante econom¨ªa de tiempo y costes que se deriva de que el Registro Mercantil est¨¢ a cargo de funcionarios a sueldo, limitados a comprobar la regularidad formal de la escrita que inscriben.

El ejemplo italiano, ciertamente atractivo en la realidad, tiene pues poco o nada que ver con la fantas¨ªa del documento propuesto por la APR a los empresarios espa?oles. Casi es lo contrario. Cabe temer que sus redactores han querido imitar, a beneficio corporativo, la reciente propuesta notarial de una 'ventanilla ¨²nica' que agilice, abarate y perfeccione la seguridad de los documentos mercantiles.

Pero es una imitaci¨®n muy desafortunada, porque, mientras la propuesta de los notarios s¨®lo pretende evitar que el ciudadano soporte las deficiencias del doble control, el documento de la APR, con osad¨ªa y falta de rigor que sorprenden por venir de quienes viene, intenta suprimir la intervenci¨®n de los profesionales que son susceptibles de libre elecci¨®n por el consumidor (abogados, notarios y gestores) y entregar todo el control al arbitrio del ¨²nico profesional que, en Espa?a y a la espera de una reforma racional que corrija el dislate, viene impuesto al consumidor y cobra con aranceles que el que paga no puede discutir.

Mientras el modelo espa?ol del notario es el que funciona en casi toda Europa continental y el m¨¢s extendido por el mundo, no hay en toda Europa otros registradores que, como los espa?oles, cobren por arancel e ingresen en sus bolsillos, sin l¨ªmite, lo pagado por el usuario. En el resto de Europa, en Italia por ejemplo, los registradores son funcionarios remunerados por sueldo. ?Alguien sensato, y los empresarios lo son, puede creer que habr¨¢ m¨¢s eficacia y menos costes mediante el modelo de monopolio, aranceles cerrados y exclusivas territoriales que pretende la APR?

Las ventajas para el consumidor deben buscarse por caminos de sentido com¨²n. Por ejemplo, dando por suficiente el control de legalidad ya hecho por el notario, o bien, suavizando los perjuicios del doble control mediante la introducci¨®n de la competencia. Esto ¨²ltimo no es dif¨ªcil. Bastar¨ªa con que, para el acto previo de calificaci¨®n del documento, el usuario pueda elegir al registrador que considere m¨¢s preparado t¨¦cnicamente o que dedica m¨¢s horas a su oficina, como elige a cualquier otro profesional al que va a retribuir sus servicios. Dejando para el registro en que radica la finca el acto mec¨¢nico de la inscripci¨®n. O tambi¨¦n, mediante la armonizaci¨®n de los requisitos y efectos del actual documento p¨²blico (en papel) con el documento p¨²blico digital, para que las empresas puedan aprovechar plenamente los ahorros de tiempo y costos de las nuevas tecnolog¨ªas.

El mantenimiento de las excelentes condiciones de calidad y seguridad que la escritura p¨²blica tiene en nuestro pa¨ªs es conciliable, en efecto, con la prestaci¨®n de un servicio m¨¢s r¨¢pido a menor coste, si se generaliza la libre elecci¨®n de los profesionales por quienes pagan sus servicios, como es propio de una sociedad moderna, abierta y competitiva. Esto es lo que se lleva por Europa, desde luego tambi¨¦n por Italia y todos queremos y debemos contribuir a que se lleve en Espa?a. Con el documento de la APR s¨®lo se puede coincidir en el t¨ªtulo, antes citado. En efecto, es necesaria una reforma del Registro Mercantil para la reducci¨®n de costes empresariales.

Patricio Toscano es abogado del Estado.