El Congreso argentino da plenos poderes a Cavallo para gobernar un a?o por decreto

'Nadie vot¨® convencido. Ha sido un voto amargo', resumi¨® el portavoz del Grupo Parlamentario justicialista (oposici¨®n), Humberto Roggero, cuyo respaldo fue decisivo para los planes del Gobierno. La C¨¢mara de Diputados aprob¨® por la ma?ana, por 153 votos a favor y 81 en contra, los poderes especiales. Los senadores ratificaron por la tarde la votaci¨®n de los diputados. El malestar de los que rechazaron la propuesta era may¨²sculo.

La diputada radical Elisa Carri¨®, que formalmente todav¨ªa pertenece a la Alianza gubernamental, dijo que los legisladores que votaron los poderes especiales para Cavallo violaron la Constituci¨®n y tendr¨ªan que ser juzgados 'por traici¨®n a la patria'. Para el llamado sindicalismo disidente, que mantiene la convocatoria de huelga general para el 4 y 5 de abril, 'es un bochorno para la Rep¨²blica y la democracia'. Hay voces que hablan, incluso, de fujimorazo, recordando el autogolpe de Estado del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que en abril de 1992 disolvi¨® el Parlamento.

La concesi¨®n de plenos poderes ha provocado divisiones tanto en la maltrecha Alianza como en el opositor Partido Justicialista (PJ, peronista). Unos y otros rompieron la disciplina de voto. Las facultades que el Congreso otorga al Gobierno, a petici¨®n del ministro de Econom¨ªa, acompa?an a la ley de Competitividad, que fue promulgada el s¨¢bado. La interpretaci¨®n de lo votado ayer, mientras Cavallo se encontraba en Espa?a, tambi¨¦n es motivo de discusi¨®n entre los legisladores. Formalmente, el Gobierno podr¨¢ fusionar, centralizar o descentralizar organismos de la Administraci¨®n estatal, garantizar con activos p¨²blicos u otros recursos el pago de la deuda externa del sector p¨²blico (150.000 millones de d¨®lares), modificar la ley de ministerios, crear o eliminar exenciones impositivas o derogar leyes para profundizar la desregulaci¨®n econ¨®mica.

Los poderes que el Congreso vot¨® ayer impiden, formalmente, al Gobierno despedir a funcionarios y rebajar sueldos y jubilaciones. Pero, por otra parte, la estabilidad de los empleados p¨²blicos queda en entredicho ya que el Gobierno podr¨¢ transferir a sus funcionarios al r¨¦gimen de la Ley de Contrato de Trabajo (hasta ahora se rigen por una ley especial), que otorga menos beneficios. A partir de un a?o podr¨ªan empezar los despidos porque la ley s¨ª lo permitir¨ªa, se?al¨® ayer la diputada Carri¨®.

Por otra parte, la modificaci¨®n de la Ley de Ministerios augura conflictos en el seno del Ejecutivo, concretamente entre el canciller Adalberto Rodr¨ªguez Giavarini, de quien dependen las relaciones econ¨®micas internacionales, y Cavallo, que pretende asumir dicha potestad para poder negociar con el Mercosur y el ALCA.Seg¨²n lo aprobado ayer, no se podr¨¢ modificar la ley de convertibilidad, que establece la paridad del peso con el d¨®lar, el C¨®digo Civil y de Comercio, ni se podr¨¢n privatizar empresas p¨²blicas, universidades, el Banco Naci¨®n ni entes reguladores de servicios p¨²blicos. S¨ª permite, en cambio, la transformaci¨®n de entes estatales en sociedades an¨®nimas, lo que, en opini¨®n de quienes votaron en contra, abrir¨¢ la puerta a una posterior privatizaci¨®n con la eventual venta futura de acciones.

La ley es tramposa, innecesaria y con pocos detalles, claman al un¨ªsono los diputados que no dieron su voto y recuerdan que se han concedido poderes excesivamente amplios a un pol¨ªtico con un talante proclive al autoritarismo. Para quienes votaron los amplios poderes, como la diputada Cristina Guevara (Alianza), 'la situaci¨®n es muy cr¨ªtica' y exige reformas profundas. Tras aprobarse la ley en su conjunto, en una sesi¨®n maratoniana que dur¨® m¨¢s de 13 horas, se inici¨® la discusi¨®n de cada uno de los puntos que componen cada art¨ªculo de la ley, pero en medio de muestras de cansancio los diputados aprobaron s¨®lo uno de ellos y acordaron hacer un receso.

Hoy entrar¨¢ en vigor el nuevo impuesto que grava con el 0,6% todas las transacciones financieras en los bancos con el que Cavallo pretende controlar la evasi¨®n, aumentar la recaudaci¨®n y oxigenar al sector productivo. De momento, la opini¨®n p¨²blica lo ha recibido como un nuevo impuesto, aunque el Gobierno promete que cuando comience a funcionar se descontar¨¢ de otros impuestos.