Sarcasmo de ley

Que un un polic¨ªa municipal condenado a seis a?os de prisi¨®n por pasar informaci¨®n a ETA pueda volver a actuar como polic¨ªa, con o sin pistola, en un ayuntamiento en el que m¨¢s de la mitad de sus 27 concejales son considerados 'objetivos leg¨ªtimos a eliminar', supera lo tolerable por muchas vueltas que se le quieran dar a su expediente. Est¨¢, por tanto, plenamente justificada la irritaci¨®n suscitada por la noticia de que Patxi A?orga, tras cumplir su condena por colaboraci¨®n con ETA, hab¨ªa obtenido el reingreso en la Guardia Municipal de San Sebasti¨¢n.

Ha dicho el alcalde, Od¨®n Elorza, que hay f¨®rmulas para hacer compatible la aplicaci¨®n de la ley, que amparar¨ªa la pretensi¨®n de A?orga, con la l¨®gica, que exige impedir que regrese a la polic¨ªa. M¨¢s vale que las encuentre, porque si no deber¨¢ responder de la negligencia de haber impedido la expulsi¨®n de A?orga de ese cuerpo, como pudo haber hecho. El consejero vasco de Interior ha recordado que existen antecedentes, en aplicaci¨®n de la Ley de Polic¨ªa aprobada por el Parlamento de Vitoria, de expulsi¨®n de ertzainas condenados por hechos similares. La ley es de aplicaci¨®n tambi¨¦n a las polic¨ªas locales. De las varias posibilidades de sanci¨®n disciplinaria posibles, el alcalde firm¨® en 1997 una resoluci¨®n por la que se suspend¨ªa a A?orga por cuatro a?os, rechazando la expulsi¨®n que hab¨ªa propuesto el instructor del expediente administrativo.

Sin una evidencia clara de alejamiento de la violencia, permitir el regreso al servicio de un confidente de ETA supone, como m¨ªnimo, una imprudencia. Ha dicho Elorza que hay que tener en cuenta el contexto del momento. Lo cierto es que la resoluci¨®n firmada por el alcalde donostiarra, con la suspensi¨®n temporal del guardia, lleva fecha de 26 de diciembre de 1997. Por aquel entonces la organizaci¨®n terrorista hab¨ªa asesinado a los concejales del PP Gregorio Ord¨®?ez (del Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n), Miguel ?ngel Blanco y Luis Caso. Y, desde luego, ni hab¨ªa tregua ni se la esperaba. El contexto obligaba precisamente a extremar la precauci¨®n. Entre otras cosas, a consultar la decisi¨®n, con independencia de que la responsabilidad final fuera del alcalde, con los concejales de las otras formaciones, y en particular del PP, al que pertenec¨ªan esos concejales asesinados. Quien tom¨® la decisi¨®n debi¨® haber previsto entonces los efectos de la misma. El voluntarismo es imprudencia negligente cuando est¨¢ en juego la seguridad de las personas.