Victimizaci¨®n y medici¨®n de la inseguridad

Habr¨ªa que saber si las dos noticias que EL PA?S public¨® el pasado 31 de marzo en la p¨¢gina 6 del suplemento Catalu?a fueron juntas por obra de un duende o por mera casualidad. De otro modo, habr¨ªa que concluir que el responsable de la p¨¢gina es partidario de un concepto amplio de inseguridad. En efecto, una de las noticias era relativa al reciente informe de la Generalitat sobre seguridad, es decir, sobre el ¨ªndice de victimizaci¨®n de los catalanes, y destacaba que la zona del Camp de Tarragona es la que presenta un mayor porcentaje de v¨ªctimas de alg¨²n tipo de delito. La otra noticia se refer¨ªa a la 'contaminaci¨®n lum¨ªnica' que padecen los ciudadanos y que, seg¨²n el mapa confeccionado por los expertos, a escala global 'Catalu?a es una zona de contaminaci¨®n lum¨ªnica elevada'. Aqu¨ª tenemos, pues, dos ejemplos de lo que puede considerarse sustrato de la inseguridad. Por una parte, la inseguridad limitada como un riesgo para la integridad f¨ªsica o una puesta en peligro de bienes materiales. Por otra, la inseguridad ampliada que afecta a tantas otras necesidades tan dignas de protecci¨®n (vivienda, educaci¨®n, trabajo, salud, tr¨¢fico viario, accidentes laborales, etc¨¦tera) como lo es, particularmente en el tipo de sociedades que nos ha tocado vivir, la tranquilidad ambiental. El exceso de luz que contamina, como el ruido o los gases (t¨®xicos, en general) que debemos soportar, ataca indudablemente a un sentido de seguridad integral que parece estar ausente de las previsiones de los responsables municipales, comunitarios y estatales, m¨¢s all¨¢ de las razones de ahorro desde las que el Departamento de Medio Ambiente plantea la cuesti¨®n. Me permit¨ª hacer esta distinci¨®n hace algunos meses (EL PA?S, 9 de noviembre de 2000), fund¨¢ndome en que la tradici¨®n impuesta en la Espa?a democr¨¢tica al introducir la Constituci¨®n el concepto de seguridad ciudadana para desplazar el de orden p¨²blico, tan connotado por el franquismo, hab¨ªa conllevado el concepto de seguridad limitada. Pero, como se sabe en el resto de Europa, una cosa es la seguridad respecto de los delitos que afectan a la persona y a sus bienes, y otra la que influye sobre el ¨¢mbito de las necesidades que el Estado social tiende a proteger. Nada resulta m¨¢s rentable a cierta demagogia pol¨ªtica que hablar de la inseguridad provocada ¨²nicamente por delitos, aunque ello suponga alarma social.

La inseguridad ciudadana se mide a menudo sobre prejuicios

El alcalde de Barcelona ha insistido recientemente en que la ciudad vive un 'elevado sentimiento de inseguridad'. Tambi¨¦n se ha manifestado en parecidos t¨¦rminos, en su memoria anual, el juez decano, bas¨¢ndose en diversos indicadores (n¨²meros de detenciones policiales, denuncias ante los juzgados de guardia, aumento de delitos menores, etc¨¦tera) que dan unas cifras coincidentes con las que manejan la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a y la propia Fiscal¨ªa. Sin embargo, lo que parece dar m¨¢s fuerza en los ¨²ltimos d¨ªas a este tipo de afirmaciones son unas encuestas de victimizaci¨®n elaboradas por el Instituto de Estad¨ªstica de Catalu?a, en las que habr¨ªa colaborado alg¨²n estudioso de la Universidad de Barcelona y que han sido presentadas por el consejero de Gobernaci¨®n de la Generalitat. Basta solamente con atender a la informaci¨®n publicada para comprender que las referidas encuestas padecen de lo que en otros pa¨ªses europeos ha sido tachado como una marcada ideologizaci¨®n, al mostrar una sola cara de la inseguridad y una imagen deformada del sentimiento consecuente que cundir¨ªa entre los ciudadanos.

Hace ya muchos a?os que las mencionadas encuestas han sido desmitificadas, al haberse demostrado que cuando este instrumento se nutre de una informaci¨®n recogida en zonas predeterminadas de las ciudades o de otras ¨¢reas territoriales en las que residen ciertos sectores sociales los resultados que emergen no pueden ser otros que los que de verdad se buscaban o se hab¨ªan previsto con anticipaci¨®n. Ello ocurre cuando las encuestas se restringen a un tipo previamente pensado de inseguridad; cuando esta inseguridad no guarda relaci¨®n con otros elementos relativos a la calidad de la vida social del ¨¢rea en que se lleva a cabo la encuesta; cuando los cuestionarios aplicados presuponen o dan por aceptadas ciertas normas del derecho penal o delitos concretos, respecto de los cuales se debe interpretar la 'reacci¨®n' del entrevistado por medio de ciertas t¨¦cnicas de medici¨®n abiertas o previstas (lo que ayuda a paliar los defectos metodol¨®gicos); cuando estas encuestas se realizan de manera descontextualizada de un orden econ¨®mico-estructural espa?ol, europeo y mundial en el que est¨¢ inserta Catalu?a, y cuando se opera con un concepto estereotipado de 'v¨ªctima'. Esto ¨²ltimo acontece si se extrae una identificaci¨®n de la v¨ªctima con la imagen del hombre-propietario, al acotar los hechos delictivos por los que se pregunta a los encuestados en indicadores que aluden exclusivamente a la propiedad de bienes materiales. Todo lo indicado lleva l¨®gicamente a una conclusi¨®n: la falacia de medir la inseguridad con instrumentos 'orientados' no hace m¨¢s que seguir con la manipulaci¨®n de un sentimiento ciudadano muy noble pero, a la vez, muy f¨¢cil de tergiversar.

Roberto Bergalli es jefe de estudios de Criminolog¨ªa y Pol¨ªtica Criminal de la Universidad de Barcelona.