Lluvia de cr¨ªticas al juez de registro que obliga a escribir en castellano

Partidos pol¨ªticos, instituciones y miembros del cuerpo judicial han criticado abiertamente la postura del juez encargado del Registro Civil de los juzgados de Santa Coloma de Farners (Selva), Juan Ram¨®n Mayo, quien mantiene una pugna con los jueces de paz de su demarcaci¨®n, a los que exige que utilicen exclusivamente la lengua castellana en sus asentamientos. Diversos representantes pol¨ªticos de la comarca de la Selva est¨¢n dispuestos a llevar el caso ante los tribunales, puesto que entienden que la actitud del juez vulnera el Estatuto de Autonom¨ªa y la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de la Generalitat.

Tambi¨¦n el Departamento de Justicia de la Generalitat sali¨® ayer al paso de la pol¨¦mica y pidi¨® que los responsables de los registros civiles efect¨²en los asentamientos en la lengua oficial en que sean presentadas las solicitudes. La Generalitat ha recordado en un comunicado que la ley de 1998 de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica establece que las inscripciones de los registros pueden realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales y no s¨®lo en castellano, como establec¨ªa el reglamento del registro civil de 1958.

El mismo presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, ha enmendado la plana al juez y ha admitido que los espacios en blanco de los documentos, en los que se consignan fechas o localidades, pueden rellenarse en catal¨¢n. Lo que no puede admitirse, seg¨²n Lacaba, es que se manipulen las inscripciones impresas en castellano ni que se catalanicen directamente los nombres propios si antes no ha mediado un expediente de cambio de nombre.

'Absurdo' administrativo

Fernando Lacaba, propuso asimismo que los libros del Registro Civil sean biling¨¹es y ha indicado que el juez Jos¨¦ Ram¨®n Mayo ?lvarez se ha limitado a aplicar la ley, pero a?ade: 'Me parece un absurdo que nos estemos planteando a estas alturas, cuando se trata de introducir en la administraci¨®n de justicia el catal¨¢n, estas cuestiones que surgen precisamente de una cuesti¨®n que no es judicial, porque es meramente administrativa, aunque todav¨ªa los registros civiles los lleven los jueces'.

La denuncia de esta situaci¨®n parti¨® de Joan Puig (ERC), presidente del Consejo Comarcal de la Selva, quien se muestra sorprendido de que un juez pueda basarse en una ley preconstitucional para obligar al uso del castellano. El juez ha pedido en diversas ocasiones a los jueces de paz de su demarcaci¨®n que utilicen la lengua castellana y en fechas recientes ha reiterado su demanda apoy¨¢ndose en las disposiciones de una ley del a?o 1957.

Joan Puig entiende que la postura de juez topa frontalmente con el Estatuto de Autonom¨ªa y la ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, en la que se explicita que son v¨¢lidos los asentamientos registrales redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales. El Consejo Comarcal ha transmitido una queja al juez.

CiU ha hecho un llamamiento a los jueces de paz de la demarcaci¨®n para que env¨ªen al juez todos los documentos en catal¨¢n. El Ayuntamiento de Arb¨²cies (Selva) se muestra dispuesto a denunciar al juez si ¨¦ste persiste en su actitud.