Transici¨®n, memoria y justicia

Analizando las transiciones democr¨¢ticas de Chile y Argentina, y el hecho de que en ambos pa¨ªses, a diferencia de lo ocurrido en Espa?a, los Gobiernos democr¨¢ticos promovieran, mediante la creaci¨®n de Comisiones de la Verdad, el esclarecimiento hist¨®rico de los cr¨ªmenes de las respectivas dictaduras, Felipe Gonz¨¢lez (EL PA?S, 22 de abril de 2001) afirma que en la transici¨®n espa?ola 'decidimos no hablar del pasado', ratifica, 25 a?os despu¨¦s, el acierto de tal decisi¨®n, y se lamenta de no poder opinar apropiadamente de la experiencia de esos pa¨ªses, por sentirse -en alusi¨®n al proceso seguido ante la Audiencia Nacional contra los miembros de las Juntas Militares argentina y chilena- 'atenazado por la verg¨¹enza de haber visto a algunos espa?oles dando lecciones de democracia a estos pa¨ªses'.

No puedo evaluar aqu¨ª la transici¨®n espa?ola en su conjunto, pero creo poder opinar sobre los dos aspectos mencionados por el ex presidente, quien, adem¨¢s de reconocer que se opt¨® por el olvido, admite que, democratizados los poderes ejecutivo y legislativo, se sacrific¨® la reforma de las dem¨¢s instituciones confiando en que fueran 'cambiando con la biolog¨ªa'.

Gonz¨¢lez y algunos de los protagonistas de las transiciones democr¨¢ticas latinoamericanas que alcanzaron a restablecer la verdad, pero tampoco quisieron o pudieron llegar m¨¢s all¨¢, pensaron que se puede instaurar una verdadera democracia sin justicia. Es un error. En Espa?a fue relativamente posible porque no hab¨ªa miles de desaparecidos, v¨ªctimas de la raz¨®n de Estado, y porque la casi totalidad de los responsables de los cr¨ªmenes sistem¨¢ticos de nuestra guerra y posguerra civil ya hab¨ªan muerto. En Argentina, Chile y otros pa¨ªses, la memoria de las miles de v¨ªctimas y de sus familiares no lo ha permitido. La impunidad de los responsables de cr¨ªmenes contra la humanidad ha impedido hasta ahora el desarrollo de verdaderos Estados de derecho, ha convertido los sistemas pol¨ªticos en democracias de papel, en libertad vigilada, en las que los gobernantes se renuevan peri¨®dicamente en las urnas, pero cuyos ciudadanos no conf¨ªan en instituciones que adolecen de un manifiesto d¨¦ficit de legitimidad.

Quienes iniciamos el caso Pinochet no pretendemos dar lecciones a nadie. Si acaso, desde Espa?a podr¨ªamos dar lecciones de lo que no se debe hacer: no se debe dar por finalizada la transici¨®n democr¨¢tica confiando que el poder judicial ser¨¢ democratizado por la biolog¨ªa, porque quienes integran los resortes autoritarios del Estado tambi¨¦n obedecen al mandato b¨ªblico de crecer y multiplicarse; a poder ser, no se debe dejar al frente de las fuerzas armadas mandos militares de la dictadura, porque intentar¨¢n regresar al pasado; no hay que permitir que dirijan la lucha antiterrorista connotados responsables policiales de la etapa anterior, porque cultivar¨¢n la flor envenenada del terrorismo de Estado. Cualesquiera que sean los 'l¨ªmites de su margen de maniobra', los representantes de la oposici¨®n democr¨¢tica no deben arrojar por la borda la memoria hist¨®rica, no s¨®lo porque es injusto para las v¨ªctimas que padecieron la dictadura, sino principalmente porque la desmemoria compromete el futuro de la cultura democr¨¢tica.

En esta Espa?a, cuyo aparato judicial fue abandonado a su suerte en una transici¨®n que hizo de la amnesia virtud, alumbr¨® en 1996, como por milagro, un referente de justicia que ya es universal. Y lo hizo, aunque Gonz¨¢lez reniegue ahora de su paternidad sobre la criatura, al amparo de una ley aprobada en 1985 durante el primer mandato socialista. Debe ser cierto, como dice Manuel Rivas, que 'la justicia pertenece al campo de las fuerzas del alma, y por eso puede brotar en los lugares menos propicios'.

No fue m¨¦rito, principalmente, de 'dem¨®cratas sobrevenidos y conversos', ni, por descontado, de los pol¨ªticos que han propugnado pasar la p¨¢gina. Es obra de quienes no se resignaron, de quienes rehusaron la obscena e impuesta cohabitaci¨®n con los criminales, de los que mantuvieron vivas m¨¢s de dos d¨¦cadas la dignidad, la ¨¦tica, la solidaridad y la demanda de justicia; de quienes creen que hay cr¨ªmenes a los que es 'esencialmente ajena la noci¨®n de frontera' (Sentencia Klaus Barbie). No se trata de 'azotes justicieros', sino de ciudadanos del mundo que creen que el derecho internacional est¨¢ para aplicarlo, que la humanidad puede exigir que en Chile no se rompan los huesos a los detenidos, se les saquen los ojos 'en vivo', o se les fusile 'por partes'. Se trata de que quienes robaban ni?os y los vend¨ªan, quienes arrojaban vivos al mar desde aviones militares a los secuestrados en los 'vuelos de la muerte' respondan por ello ante un tribunal de justicia. Nos da igual que sea en Buenos Aires o en cualquier otro lugar. Hay derechos que son de todos o no son.

Gonz¨¢lez parece considerar una injerencia en asuntos internos el ejercicio de la 'jurisdicci¨®n universal'. Quiz¨¢ desconozca que la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci¨®n de Estados Americanos, organismo nada sospechoso de colonialismo, recomend¨® a sus miembros en 1998 que invocaran y ejercieran esa jurisdicci¨®n: M¨¦xico acaba de hacerlo al conceder la extradici¨®n de Ricardo Miguel Cavallo; y que en el Informe de 19 de noviembre de 1999, a solicitud de la familia de Carmelo Soria, ha declarado que el Estado de Chile est¨¢ obligado, en tanto que no persiga los hechos, a tolerar la persecuci¨®n que haga la jurisdicci¨®n nacional de cualquier otro pa¨ªs. Es la jurisdicci¨®n que ha permitido recientemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos declarar competentes a sus tribunales para juzgar los cr¨ªmenes imputados a la multinacional anglo-holandesa Shell cometidos en Nigeria, a un tribunal holand¨¦s procesar al ex dictador militar de Surinam por cr¨ªmenes cometidos en este ¨²ltimo pa¨ªs, y a los tribunales de B¨¦lgica, Alemania, Dinamarca, Suiza, Holanda y Francia juzgar a responsables de cr¨ªmenes cometidos en la ex Yugoslavia y Ruanda. Los 'fundamentalistas' proliferan.

No s¨¦ si el ex presidente defender¨ªa en Alemania respecto de los criminales nazis el olvido que parece patrocinar, sin ir m¨¢s lejos, para los espa?oles; si le parece que el juicio en Roma contra Erik Priebke, 50 a?os despu¨¦s de la matanza de las fosas Ardeatinas, no debi¨® celebrarse; o si hubiera desaconsejado juzgar a Maurice Papon porque su proceso pod¨ªa comprometer la reconciliaci¨®n entre los franceses. Podr¨¢ arg¨¹irse que tales procesos obedecen a la diferencia sustancial de que el fascismo fue derrotado militarmente en casi toda Europa, lo que no ocurri¨® en Am¨¦rica Latina ni en Espa?a. Pero ¨¦sa es precisamente la singularidad y la grandeza del caso Pinochet: que el derecho se ha impuesto sin que ning¨²n Gobierno impulsase la iniciativa -m¨¢s bien lo contrario, como es notorio- y sin que los imputados fuesen previamente vencidos por las armas: ha sido el juicio de las v¨ªctimas. ?se es precisamente el desaf¨ªo de la comunidad internacional para los pr¨®ximos a?os: conseguir imponer el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos fundamentales sin necesidad de recurrir, como con Noriega o Milosevic, a las intervenciones armadas.

No ha habido ning¨²n tribunal para el general Franco, ni siquiera el de la memoria. La joven democracia espa?ola se desembaraz¨® apresuradamente de su pasado sin poner demasiado inter¨¦s en recuperar el patrimonio humano, c¨ªvico y democr¨¢tico de los vencidos, de los exiliados, derrochado de manera absurda. Nuestra cultura democr¨¢tica qued¨® seriamente recortada en la transici¨®n, y tambi¨¦n despu¨¦s; como consecuencia, persisten algunas carencias importantes, a las que no creo que resulte ajena la 'cuesti¨®n territorial' pendiente a que se refiere en su art¨ªculo el ex presidente Gonz¨¢lez.

Chile y Argentina han afrontado su pasado y, con la colaboraci¨®n decisiva de la comunidad internacional, han puesto a los generales Pinochet y Videla en el lugar que les correspond¨ªa: ante un tribunal de justicia. Es mucho m¨¢s de lo que los dictadores concedieron a sus v¨ªctimas. Chile es hoy un ejemplo, y esperemos que lo sea definitivamente, pero ya no de impunidad y prepotencia: la infamia ha terminado. Los chilenos pueden empezar a dar por cerrada su transici¨®n, esperar que no habr¨¢ m¨¢s cr¨ªmenes y que no se indultar¨¢ a los responsables; asegurar que los torturadores de la dictadura no ser¨¢n jam¨¢s condecorados por un Gobierno democr¨¢tico -nosotros no podemos decir lo mismo-. Pueden disfrutar ya de esa revoluci¨®n ¨¦tica y est¨¦tica, visitar el Palacio de la Moneda y, frente a ¨¦l, contemplar el monumento erigido al ¨²ltimo presidente constitucional de Chile hasta 1973, Salvador Allende. No habr¨¢ arcos de triunfo ni estatuas ecuestres para el dictador. A cada uno lo suyo.

Carlos Castresana Fern¨¢ndez es fiscal.