El Superior ve ilegal la construcci¨®n de pisos en un ¨¢rea vizca¨ªna protegida

El Tribunal Superior vasco ha propinado un fuerte varapalo urban¨ªstico a la Diputaci¨®n vizca¨ªna. Considera 'nula de pleno derecho' una recalificaci¨®n de terrenos aprobada en 1998 para construir 97 viviendas en Barrika en un ¨¢rea que fue declarada por el Gobierno de 'especial protecci¨®n paisaj¨ªstica'.

La sentencia pone freno a los continuados intentos, desde 1987, de urbanizar la zona conocida como Barrikabaso, un espacio de 65 hect¨¢reas propiedad de la familia Lezama-Leguizam¨®n, de las m¨¢s pudientes de Vizcaya, y que figura adem¨¢s como promotora del proyecto.

'Esto es un pelotazo de narices. Hemos denunciado un mont¨®n de maniobras de los propietarios que han tenido el benepl¨¢cito de la Diputaci¨®n', se?al¨® ayer el colectivo ecologista vizca¨ªno Txipio Bai, que present¨® la denuncia en 1998. 'Es un nuevo caso Argo?os [que ha obligado a derribar chal¨¦s, mayoritariamente de vizca¨ªnos, en Cantabria], s¨®lo que aqu¨ª todav¨ªa no se han construido las viviendas'.

Hace dos meses, el Gobierno vasco ya orden¨® la restauraci¨®n de una hect¨¢rea de superficie en este ¨¢rea que hab¨ªa sido 'arrasada', para labores de urbanizaci¨®n, por la constructora que prev¨¦ edificar las 97 viviendas. Esa hect¨¢rea de suelo es dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre.

La historia urban¨ªstica de Barrikabaso se remonta a 1987, cuando el avance de las normas subsidiarias municipales plante¨® que sus 65 hect¨¢reas eran aptas para urbanizar y propon¨ªa construir 349 chalets.

Pero el Gobierno, tanto desde la comisi¨®n de Ordenaci¨®n del Territorio como en la viceconsejer¨ªa de Medio Ambiente, la declararon 'suelo no urbanizable de especial protecci¨®n paisaj¨ªstica'. Pese a estos informes de car¨¢cter vinculante, el Ayuntamiento firm¨® en 1990 un convenio con la Diputaci¨®n y el propietario que contemplaba chal¨¦s, un hotel y campo de golf.

Ante ello, la comisi¨®n de Ordenaci¨®n del Territorio supedit¨® la aprobaci¨®n de las normas subsidiarias de Barrika a aceptar la declaraci¨®n de especial protecci¨®n a dicha ¨¢rea, que finalmente fue aceptada por el consistorio en junio de 1990.

La situaci¨®n volvi¨® a cambiar en 1997, cuando s¨®lo dos a?os despu¨¦s de la entrada en vigor del planeamiento urban¨ªstico -que suele tener una vigencia sin cambios de ocho a?os- el Ayuntamiento volvi¨® a modificarlo para recalificar la zona como urbanizable, aunque limit¨¢ndolo a dos parcelas de cerca de 19 hect¨¢reas situadas en los extremos. En 1998 la Diputaci¨®n vizca¨ªna aprob¨® la reclasificaci¨®n y meses despu¨¦s la viceconsejer¨ªa de Medio Ambiente declar¨® en un informe que 'en evitaci¨®n de da?os ambientales irreparable' deber¨ªa mantenerse la calificaci¨®n de 'suelo no urbanizable de especial protecci¨®n'.

El colectivo Txipio Bai recurri¨® la orden foral ante los tribunales al argumentar razones formales como la falta de un informe vinculante de la comisi¨®n de Ordenaci¨®n del Territorio y siete motivos m¨¢s, entre ellos la arbitrariedad o la no justificaci¨®n de la p¨¦rdida de valor paisaj¨ªstico. El Tribunal Superior, en un fallo del 12 de marzo, da la raz¨®n a los ecologistas al analizar el primero de los ocho motivos de la denuncia y considerar que la reclasificaci¨®n se aprob¨® por un 'informe preceptivo emitido por un ¨®rgano incompetente'. Esto, contin¨²a, 'ha de conllevar la nulidad' por 'prescindir de un tr¨¢mite esencial'. Cuestiona adem¨¢s la actuaci¨®n de la Diputaci¨®n por no 'verificar que el ¨®rgano que ha emitido el informe preceptivo resulte ser el competente'.

El grupo Txipio Bai consider¨® 'aconsejable' la paralizaci¨®n de las obras en Barrikabaso, que ya han urbanizado una de las dos ¨¢reas: la de Muriolas, de 14 hect¨¢reas, que tiene acceso rodado, aceras y tuber¨ªas. Censur¨® la actitud del ayuntamiento y la Diputaci¨®n 'que han participado activamente defendiendo la reclasificaci¨®n'. Los ecologistas fueron muy cr¨ªticos con la instituci¨®n foral. 'En 1995 hubo una tala de ¨¢rboles y apertura de pistas en Barrikabaso sin ninguna autorizaci¨®n y lo denunciamos. Desde 1996, la Diputaci¨®n nos estuvo negando copia del expediente sancionador contra Lezama-Leguizam¨®n y recurrimos al Tribunal Superior, que en 2000 nos dio la raz¨®n para disponer de la copia del expediente. Entonces nos lo facilitaron y comprobamos que en 1996 se le hab¨ªa sancionado con una multa de 50.000 pesetas y a plantar encinares. Hab¨ªan pagado la multa pero no realizaron plantaci¨®n alguna y el Servicio de Montes de la Diputaci¨®n ni siquiera lo hab¨ªa exigido'.

Los ecologistas, que a¨²n desconocen si la sentencia ser¨¢ recurrida, anunciaron que solicitar¨¢n al Superior 'la anotaci¨®n en el registro de la propiedad' de que la recalificaci¨®n ha sido anulada.