M¨¦dicos y polic¨ªas

El embarazo no es una enfermedad, pero como tiene sus riesgos, quienes tienen el poder de incrementarlos deber¨ªan pens¨¢rselo dos veces antes de resolver hacerlo as¨ª. No siempre es el caso: hace alg¨²n tiempo, m¨¦dicos y asistentes sociales de un hospital universitario de Charleston, Carolina del Sur, cayeron en la cuenta de que algunos tests de orina practicados rutinariamente a mujeres embarazadas que acud¨ªan al centro para visitarse por raz¨®n de su estado daban resultados positivos de coca¨ªna, una droga ilegal y peligrosa para la salud de la madre y del feto. Los gestores del hospital llamaron entonces la atenci¨®n de la polic¨ªa local y concertaron con ella un programa de aplicaci¨®n de la ley que inclu¨ªa la denuncia y eventual detenci¨®n de las embarazadas cocain¨®manas. En particular, si la gravidez superaba los siete meses de duraci¨®n, la mujer resultaba acusada de un delito de distribuci¨®n de sustancias t¨®xicas a menores de edad. Algunas afectadas acudieron a los tribunales alegando que la pr¨¢ctica de un test con las finalidades dichas equival¨ªa a un registro inconstitucional. El Tribunal Supremo federal acept¨®, en lo sustancial, la reclamaci¨®n ('Ferguson et al v. City of Charleston et al.' http://caselaw.lp.findlaw.com).

?D¨®nde empiezan los derechos del feto? Una sentencia se plante¨® la cuesti¨®n

El pleito era un campo minado para pol¨ªticos incautos: una cultura proclamadamente empe?ada en impedir el abuso del fuerte sobre el d¨¦bil no puede cerrar los ojos ante la intoxicaci¨®n de un ser susceptible de vida independiente e indefenso. Las definiciones legales de maltrato de ni?os son cada vez m¨¢s omnicomprensivas -y vagas-, pero aunque no lo fueran, nadie en su sano juicio pretende hoy que los ni?os s¨®lo tienen derechos desde que nacen o, lo que es lo mismo, que un feto que ya resulta perfectamente viable puede ser tratado como tres kilos de carne no comestible. Adem¨¢s, las pol¨ªticas de aplicaci¨®n de las leyes contra el maltrato dom¨¦stico o familiar suelen involucrar a los profesionales de la salud oblig¨¢ndoles a denunciar todo posible caso de abuso que resulte del examen m¨¦dico de sus pacientes.

Pero los m¨¦dicos no son polic¨ªas y, por bienintencionada que fuera, una pol¨ªtica que pretendiera hacer sentir el aliento de los guardianes de la ley en el cuello de cada paciente que acude a una consulta ser¨ªa un disparate. Para empezar, desalentar¨ªa las visitas m¨¦dicas de las personas m¨¢s expuestas a los comportamientos de riesgo que la ley quiere prevenir: una mujer con problemas de drogas y embarazada no acudir¨¢ a los m¨¦dicos si sabe que ¨¦stos se ver¨¢n obligados a denunciarla tan pronto como constaten el abuso de tal o cual sustancia t¨®xica. En segundo lugar, el embarazo ni limita los derechos de las mujeres, ni permite someterlas a custodia policial, ni convierte a todo profesional que trate con ellas -expendedores de tabaco, agencias de viajes, vendedores de bebidas alcoh¨®licas o de admin¨ªculos deportivos- en su tutor legal. S¨¦ que resulta impopular, pero la insistencia de muchos en la democracia vigilante, en la supresi¨®n de las fronteras entre lo p¨²blico y lo privado, en la exigencia de comprometerse sin condiciones con los valores de la mayor¨ªa expresados por la m¨¢s flamante legislaci¨®n resulta sencillamente detestable. De hecho, si todos sabemos que no hay ley que aguante bien el duro test del paso del tiempo, ?por qu¨¦ algunos insisten tanto en la bondad indiscutible de la que se promulg¨® ayer?

Naturalmente, hay casos y casos y, ante situaciones de abuso extremo, nadie deber¨ªa mirar a otro lado simplemente porque evitar el exceso supondr¨ªa controlar casi exclusivamente a un grupo de personas por raz¨®n de su sexo, de su origen ¨¦tnico o de otra condici¨®n m¨¢s o menos independiente de sus propias decisiones individuales: s¨®lo las mujeres pueden concebir hijos y cualesquiera pol¨ªticas que tengan en cuenta su embarazo apuntar¨¢ a ellas en vez de a ni?os, hombres o ancianos. Dicho de otro modo: una pol¨ªtica que persiga disminuir la frecuencia de las mutilaciones genitales no podr¨¢ dejar de considerar a las familias y ni?as procedentes de las culturas en las que estas pr¨¢cticas est¨¢n generalizadas.

Los jueces que resolvieron el caso de las embarazadas cocain¨®manas se aferraron a un argumento que muchos calificar¨¢n de demasiado formal: realizar tests m¨¦dicos con finalidades que no se desvelan al paciente a quien se le practican no es correcto, sobre todo si esos fines no est¨¢n destinados primariamente a la protecci¨®n de la salud de los pacientes, sino al desarrollo de una determinada pol¨ªtica criminal. Posiblemente, no result¨® la soluci¨®n m¨¢s elegante, pero, en su modestia, consigui¨® hacer brillar una cualidad ancestral de todo buen colegio de jueces, la prudencia.

Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho Civil de la UPF.