Hacer cumplir la ley

La ¨²nica forma de acertar por parte de los poderes p¨²blicos en un Estado de derecho es hacer cumplir la ley. Esta es una regla que no admite excepci¨®n. Como sol¨ªa decir don Antonio Maura, no hay camino m¨¢s seguro hacia el error que 'el atajo de la arbitrariedad'. El imperio de la ley frente al atajo de la arbitrariedad es la regla que tiene que presidir la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos. Y todo lo que no sea cumplir la ley es arbitrariedad, que no es m¨¢s que sustituir la voluntad general por una voluntad particular. La voluntad de un poder p¨²blico al margen de la ley es voluntad particular. El juez que prevarica est¨¢ sustituyendo la voluntad general por la suya propia. El titular del poder ejecutivo que act¨²a al margen de la ley, hace lo mismo. Esto era tan verdad a comienzos del siglo XX como lo sigue siendo a comienzos del siglo XXI. Cuando no se respeta esta regla, se puede apostar doble contra sencillo a que se va a cometer un disparate.

Viene a cuento esta introducci¨®n por la pol¨¦mica que se viene arrastrando desde hace tiempo con motivo del proyecto de fusi¨®n de las dos cajas de ahorro sevillanas y que esta semana ha vivido un nuevo episodio con la publicaci¨®n por determinados medios de comunicaci¨®n, y la ocultaci¨®n por otros, de los resultados de la inspecci¨®n practicada el a?o pasado por el Banco de Espa?a al Monte y a la Caja de Ahorros San Fernando.

No voy a entrar en el an¨¢lisis del contenido de las actas de inspecci¨®n y de las advertencias que el Banco de Espa?a hace a las cajas de ahorro sevillanas. Doctores tiene la santa madre Iglesia y no me cuento entre ellos. No puedo dejar de expresar mi sorpresa, sin embargo, ante la reacci¨®n que se ha producido tras la publicaci¨®n de dichas actas tanto por parte de diversos medios de comunicaci¨®n como por los presidentes de las dos entidades financieras. La lectura de los editoriales de dichos medios y la de las cartas remitidas por los presidentes de ambas cajas a ABC y Diario de Sevilla me ha dejado realmente perplejo. En lugar de responder a las cr¨ªticas del Banco de Espa?a y de dar una explicaci¨®n a la opini¨®n p¨²blica de lo que se est¨¢ haciendo para atender las recomendaciones que se les hace, se acusa 'al poder pol¨ªtico' en general (carta a Diario de Sevilla) o a la consejera de Econom¨ªa y Hacienda de la Junta de Andaluc¨ªa en particular (editorial de El Mundo de ayer: 'El descr¨¦dito de una filtraci¨®n'. Vivir para ver!), de ser los responsables de una suerte de 'conspiraci¨®n' con la finalidad de impedir que culmine el proceso de fusi¨®n de ambas cajas.

Pero, insisto, no es sobre el contenido de las actas del Banco de Espa?a sobre el que quiero llamar la atenci¨®n del lector. Es sobre la necesidad de dar cumplimiento a la ley sobre lo que quiero reflexionar. Porque con esto, adem¨¢s, se acaba el problema. Cumplimiento de la ley por los ¨®rganos rectores de las cajas de ahorro en primer lugar y cumplimiento, en segundo y sobre todo, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa.

Las cajas de ahorro son unas entidades de cr¨¦dito singulares. Son instituciones en las que se combina lo p¨²blico y lo privado. De ah¨ª la composici¨®n de sus ¨®rganos rectores, en los que figuran representantes de los municipios y de la comunidad aut¨®noma, y de ah¨ª tambi¨¦n las atribuciones a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda o al Consejo de Gobierno en momentos singularmente importantes en la vida de las cajas, como son la aprobaci¨®n de los estatutos o los acuerdos de fusi¨®n. La voluntad de los ¨®rganos rectores de las cajas es condici¨®n necesaria pero no suficiente para adoptar estas decisiones. La decisi¨®n final sobre la fusi¨®n de cajas es del Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa a propuesta de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda.

Y es una decisi¨®n que est¨¢ reglada. Tras la entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros de Andaluc¨ªa el 29 de diciembre de 1999, no se puede aprobar un proyecto de fusi¨®n sin que se haya procedido previamente a la renovaci¨®n de los ¨®rganos rectores de las cajas de acuerdo con lo previsto en la propia ley. Sin renovaci¨®n no hay fusi¨®n. Esto es lo que dice con toda claridad la ley y es lo que los ¨®rganos de gobierno de las cajas de ahorro sevillanas que pretenden fusionarse deber¨ªan hacer, pero, sobre todo, es lo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa no puede no imponerles que lo hagan, si se resisten a hacerlo. Ning¨²n acuerdo de fusi¨®n que sea aprobado por los ¨®rganos rectores de las cajas no renovados puede ser hecho suyo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa. Esto es algo que el Gobierno andaluz deber¨ªa hacer saber a los ¨®rganos rectores de las cajas de manera inequ¨ªvoca. Es algo que no se puede 'pactar' con el PP o con el PSOE de Sevilla. El Consejo de Gobierno no puede sustituir la voluntad general por su arbitrio particular, independientemente de que cuente con el consentimiento de la direcci¨®n del PP y de la del PSOE de Sevilla. El atajo de la arbitrariedad no puede ser el camino.

Actuando de esta manera, adem¨¢s, el problema de la fusi¨®n se plantear¨ªa en unos t¨¦rminos distintos a como est¨¢ planteado en estos momentos. Dejar¨ªan de mezclarse problemas personales con problemas institucionales. Si los presidentes actuales son confirmados tras la renovaci¨®n de los ¨®rganos rectores, tendr¨ªan toda la legitimidad que proviene de la aplicaci¨®n de la ley para liderar el proceso de fusi¨®n. Si no son confirmados, los nuevos presidentes podr¨ªan valorar con los nuevos ¨®rganos rectores la oportunidad de continuar o no con la operaci¨®n. Tal como est¨¢ planteada la fusi¨®n en estos momentos, no est¨¢ nada claro que no sea el inter¨¦s personal el motor de la misma. Humanamente es comprensible, pero pol¨ªticamente no lo es.

En todo caso y a la vista del contenido de las actas de inspecci¨®n del Banco de Espa?a y de la reacci¨®n de los presidentes de las cajas ante la publicaci¨®n de las mismas, ser¨ªa no s¨®lo prudente sino casi obligatorio proceder a una inspecci¨®n actualizada de la situaci¨®n de las cajas en el momento en que se vaya a aprobar el acuerdo de fusi¨®n.