300 mujeres al a?o abortan en otras autonom¨ªas por la objeci¨®n m¨¦dica y la falta de centros privadosEn la Comunidad no se practican interrupciones a partir del tercer mes por ser de alto riesgo

La interrupci¨®n de un embarazo a partir del tercer mes de gestaci¨®n, legal bajo ciertos supuestos, es una intervenci¨®n de alto riesgo que no se practica en ning¨²n centro de la Comunidad Valenciana. La falta de cl¨ªnicas privadas aptas para afrontar la intervenci¨®n o la imposibilidad de formar en los centros p¨²blicos equipos de facultativos que no practiquen la objeci¨®n de conciencia obliga a m¨¢s de 300 mujeres cada a?o a emigrar a otras autonom¨ªas, sobre todo a Madrid y Catalu?a, para abortar legalmente. La Consejer¨ªa de Sanidad tramit¨® 178 de estos viajes en 2000 y se plantea autorizar a cl¨ªnicas privadas para hacer estos abortos.

Las interrupciones de embarazo pasadas las 12 semanas requieren de unas intalaciones especiales, la presencia de un cirujano, de un anestesista, un equipo de guardia y una unidad de cuidados intensivos. Estos requisitos excluyen en la pr¨¢ctica a todas las cl¨ªnicas privadas de la Comunidad Valenciana, que no pueden afrontar tales dispositivos y se limitan a los abortos en los tres primeros meses. S¨®lo queda la posibilidad de practicar las interrupciones de alto riesgo en los centros p¨²blicos. Pero normalmente, seg¨²n una fuente de Sanidad, 'los jefes de servicio de ginecolog¨ªa practican la objeci¨®n de conciencia y detr¨¢s de ellos los m¨¦dicos'. La negativa es tal que 'ni siquiera est¨¢n dispuestos a practicar la intervenci¨®n en fetos acr¨¢neos, que no tienen ninguna posibilidad de seguir vivos en el remoto caso de que naciesen'.

En estas condiciones resulta dif¨ªcil reunir equipos de facultativos dispuestos a afrontar la interrupci¨®n. 'Al menos se podr¨ªan concentrar estas intervenciones en un hospital p¨²blico', plantea la diputada socialista Consuelo Catal¨¢, quien se lamenta de que las mujeres valencianas no tengan acceso a 'este derecho de salud b¨¢sico' a?os despu¨¦s de que la Comunidad Valenciana fuera la segunda autonom¨ªa en autorizar centros para hacer interrupciones de embarazo.

A lo largo de 2000, la Consejer¨ªa de Sanidad tramit¨® 178 casos de este tipo, que se desviaron a cl¨ªnicas en Barcelona o Madrid. Cuando se retrasan las pruebas que constatan malformaciones en el feto los servicios de Sanidad hacen los tr¨¢mites para que la interrupci¨®n se practique en 48 horas. El tope legal para hacerlo est¨¢ en 22 semanas. El Consell corre a cargo de los gastos, que puede incluir a un acompa?ante. Por eso, est¨¢ en conversaciones con una cl¨ªnica de Alicante para autorizar interrupciones de embarazo en el segundo trimestre.

Asimismo, la cl¨ªnica Mediterr¨¢neo de Valencia solicit¨® en abril pasado los permisos para poder practicar estas intervenciones en el nuevo centro que tiene previsto abrir a finales de a?o. Esta cl¨ªnica es una de la que m¨¢s casos de este tipo afronta actualmente. El a?o pasado envi¨® a Madrid a 48 mujeres a las que se les tuvo que operar tras tres meses de gestaci¨®n. Adem¨¢s, las otras 11 cl¨ªnicas de la Comunidad que practican abortos legales en las 12 primeras semanas desviaron a Madrid o Barcelona al menos un centenar de casos.