Pujol y Clos reclaman al Gobierno que desbloquee la Carta de Barcelona

La Carta de Barcelona es una de las leyes que, sin duda, est¨¢ batiendo marcas en cuanto a lo dilatado y complicado del proceso de discusi¨®n, aprobaci¨®n y puesta en pr¨¢ctica. Se empez¨® a gestar hace m¨¢s de 10 a?os, fue aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 1997, tuvo el refrendo de todos los partidos pol¨ªticos del Parlament en diciembre de 1998 y todav¨ªa sigue siendo un texto legal con una aplicaci¨®n m¨ªnima. Los grandes cap¨ªtulos de la Carta -los referentes a las competencias en materias fiscales, de seguridad y justicia- dependen, adem¨¢s, de la modificaci¨®n de leyes generales. 'La situaci¨®n es pr¨¢cticamente de encallamiento', manifestaba ayer Ernest Maragall, concejal de Presidencia y Hacienda, al t¨¦rmino de la reuni¨®n de la comisi¨®n mixta formada por respresentantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La consejera de Gobernaci¨®n, N¨²ria de Gispert, explic¨® que ha solicitado al ministro de Administraciones Territoriales, Jes¨²s Posada, una reuni¨®n urgente ya que desde el ¨²ltimo encuentro -hace un a?o- no se ha 'producido ning¨²n avance'. Por no avanzar, ni siquiera se ha concretado si se tratar¨¢ de una ley espec¨ªfica para Barcelona, de una ley de aplicaci¨®n para las grandes ciudades o de un conjunto de leyes sectoriales. La parte catalana de la Carta de Barcelona tampoco destaca por un ritmo desenfrenado. Generalitat y Ayuntamiento anunciaron ayer que los estatutos que regir¨¢n el consorcio de Educaci¨®n -que deber¨¢ coordinar y gestionar toda la oferta educativa excepto la universitaria- est¨¢n casi listos. No as¨ª el de Bienestar Social. 'Antes del verano se habr¨¢ podido constituir', asegur¨® Maragall. No lo tiene tan claro la consejera De Gispert, que ayer recrimin¨® al Ayuntamiento no designar a sus interlocutores para avanzar en esa materia, algo que fue negado inmediatamente por el consistorio.