El fiscal recurrir¨¢ contra la exculpaci¨®n de un edil por el naufragio de Banyoles

La Fiscal¨ªa de Girona est¨¢ dispuesta a presentar recurso ante el Tribunal Supremo porque tiene el convencimiento de que el Ayuntamiento de Banyoles tiene alguna responsabilidad en el naufragio de la embarcaci¨®n que cost¨® la vida a 21 jubilados franceses el 8 de octubre de 1998. El Ayuntamiento, por su parte, sigue empe?ado en que el Ministerio de Fomento rinda cuentas por el naufragio, aunque ya no hay posibilidad de que sea imputado en la causa.

La convicci¨®n de la fiscal¨ªa de que la Administraci¨®n local es responsable no se ha visto reducida por la reciente resoluci¨®n de la Audiencia de Girona, en la que exculpaba al concejal Josep Alsina. El consistorio ha recibido con alivio esta decisi¨®n, aunque contin¨²a defendiendo que la Marina Mercante es la que ten¨ªa la competencia de la navegaci¨®n en el lago. El Ayuntamiento ha interpuesto dos contenciosos, uno en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y otro en la Audiencia Nacional, en los que pretende demostrar que la Administraci¨®n central es responsable porque lleg¨® incluso a redactar un reglamento con el objetivo de ocultar sus responsabilidades en el naufragio ocurrido en Banyoles.

El fiscal del caso y los representantes legales de las familias de las v¨ªctimas son cr¨ªticos con la resoluci¨®n exculpatoria de la Audiencia de Girona, en la que se argumenta que no puede acusarse de un delito de omisi¨®n al edil de Banyoles. La Audiencia estima que la responsabilidad de Alsina desaparece cuando los propietarios de la embarcaci¨®n, adem¨¢s de practicar unos agujeros en la popa de la nave que entra?aban riesgo de naufragio, sobrecargan la embarcaci¨®n hasta el punto de hundirla.

El ministerio Fiscal ha formulado una petici¨®n de aclaraci¨®n ante la Audiencia en la que argumenta que el recurso de apelaci¨®n se present¨® cinco d¨ªas fuera de plazo. La jurisprudencia no es clara respecto a la posibilidad de que un recurso como el anunciado por el fiscal pueda ser aceptado y analizado por el Supremo.

'Traje a medida'

Por su parte, el Ayuntamiento de Banyoles contin¨²a su batalla jur¨ªdica contra la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Pere Bosch, alcalde de la localidad, mantiene que el 'Reglamento de despacho de buques' con fecha del 2 de febrero de 2000, m¨¢s de un a?o despu¨¦s del naufragio, no es m¨¢s que 'un grosero movimiento para eludir responsabilidades'. En opini¨®n de Llu¨ªs Pau, letrado del consistorio, esta reglamentaci¨®n es 'un traje a medida' en el que se excluye el control de la navegaci¨®n en aguas no mar¨ªtimas. Pau explica que el control, se realizara o no con eficacia, estaba en manos de la Marina Mercante.

El consistorio argumenta en sus dos ofensivas judiciales que los ayuntamientos s¨®lo dispensan licencias para ocupar privativamente las aguas, pero que los ingenios que navegan por ellas 'ni los deben ni los pueden controlar'. Joan Solana, que ejerc¨ªa de alcalde durante el naufragio, asegura que el caso es comparable al de una calle por la que pasan veh¨ªculos. 'El ayuntamiento pone el asfalto y decide las direcciones, pero no inspecciona la seguridad mec¨¢nica de los coches que circulan por la calle', advierte.