El Poder Judicial recibe 80 quejas contra el juez y el fiscal de vigilancia

Abogados, presos, familiares de internos y la Asociaci¨®n de Solidarios con los presos (ASP) llevan m¨¢s de un a?o enviando escritos a la Inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por motivos diversos. En unos casos, consideran arbitrarias y discriminatorias las concesiones de tercer grado , cuya responsabilidad recae sobre el juez de vigilancia penitenciaria, Ernesto Alberola. En otros, critican los recursos que presenta el fiscal de vigilancia penitenciaria, Jos¨¦ Llorca, contra esas decisiones. Ambos tienen competencias sobre la poblaci¨®n reclusa de la c¨¢rcel valenciana de Picassent y del centro penitenciario de Castell¨®n.

El pasado 28 de octubre, la ASP remiti¨® al CGPJ un escrito en el que pretend¨ªa llamar la atenci¨®n de la Inspecci¨®n 'sobre una circunstancia que con harta frecuencia perjudica a los internos a los que el juzgado de vigilancia penitenciaria concede de entrada el tercer grado de tratamiento penitenciario'. En el mismo documento, se dice tambi¨¦n que 'posiblemente en un porcentaje superior al 85% los recursos de grado concedidos o ganados ante el juzgado de vigilancia penitenciaria son recurridos, bien en forma o en apelaci¨®n, por el fiscal de vigilancia'.

El relato incluye la consideraci¨®n de que 'esa actitud vulnera principios constitucionales en lo referente al tema de la reinserci¨®n porque la circunscripci¨®n de Valencia aparece como una zona objeto de persecuci¨®n por parte de un representante del ministerio fiscal'. Sin perjuicio, por otra parte, de considerar arbitrarias muchas de las concesiones de progresi¨®n de grado concedidas por el juzgado. Tanto el documento remitido por la ASP como otros enviados por letrados encargados de la defensa de internos en Picassent y Castell¨®n, reclaman a la Inspecci¨®n 'que tome las medidas oportunas recabando informaci¨®n y datos estad¨ªsticos'. Incluso el Centro de Inserci¨®n Social consider¨® en su momento alarmante la cantidad de expedientes de internos del centro de Picassent que eran recurridos.

Tambi¨¦n la fiscal¨ªa de vigilancia penitenciaria recibi¨® el 16 de diciembre de 2000 un escrito con consideraciones similares que ilustraban dos ejemplos en los que, a pesar de informes favorables de la Junta de Tratamiento, las concesiones de tercer grado fueron informadas de manera negativa por parte del fiscal. Una de ellas se refiere a un preso cuyo recurso de 2000 fundament¨® el fiscal en base a informes de 1991 sobre un delito cometido en 1983.

Pero las cr¨ªticas sobre la aplicaci¨®n de beneficios penitenciarios se extienden tambi¨¦n al juez de vigilancia penitenciaria, que tiene una causa abierta por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por supuestos delitos de prevaricaci¨®n y revelaci¨®n de secretos. Como el Propio Alberola reconoci¨® a este peri¨®dico, desde hace poco m¨¢s de un mes ha variado su criterio en la concesi¨®n de terceros grados y admite el recurso del fiscal en doble efecto, lo que deja en suspensi¨®n el tercer grado concedido hasta que se resuelve el recurso.Alberola asegur¨® tambi¨¦n mantener una discrepancia con el fiscal sobre la interpretaci¨®n de la finalidad de las condenas de acuerdo con la Constituci¨®n.