Gobierno e inmigraci¨®n

Va a hacer cinco meses que la actual Ley de Extranjer¨ªa est¨¢ vigente y el Gobierno sigue enredado en los problemas que pretend¨ªa arreglar con ella. Ni la anterior ley era el peor de los instrumentos para encarar la dif¨ªcil gesti¨®n del fen¨®meno migratorio ni la actual es la p¨®cima milagrosa que irresponsablemente ha querido vender el Gobierno. Los inmigrantes sin papeles siguen llegando sin avisar y a un ritmo creciente a las fronteras del sur espa?ol y las bolsas de inmigrantes irregulares que existen en Espa?a siguen reclamando una salida legal y humanitaria a su situaci¨®n. En Barcelona, el falso rumor de una nueva regularizaci¨®n imprevista ha concentrado a dos millares de personas, llegadas de otros pa¨ªses, en vigilia nocturna ante la Oficina de Extranjer¨ªa.

La determinaci¨®n con que el Gobierno bloque¨® la anterior Ley de Extranjer¨ªa, a pesar del inicial apoyo del Grupo Popular en el Congreso, se ha trocado en torpeza y desbarajuste a la hora de aplicar y gestionar la actual, hecha a su medida y conforme a sus designios en materia de inmigraci¨®n. El Ejecutivo se hart¨® de decir, por boca de su delegado Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, que no habr¨ªa una nueva regularizaci¨®n, pero al cabo de cinco meses se ha visto emplazado a realizar varias, aunque encubiertas. Y nadie del Gobierno tiene inter¨¦s en recordar la estramb¨®tica idea del propio Fern¨¢ndez-Miranda de hacer viajar a su pa¨ªs a nada menos que 25.000 ecuatorianos para luego retornar a Espa?a con los papeles en regla. Como se?al¨® en su momento el secretario general del PSOE, hab¨ªa una f¨®rmula m¨¢s barata para el erario p¨²blico y m¨¢s accesible a los inmigrantes: la obtenci¨®n de esos papeles en los consulados de Ecuador en Espa?a. El Gobierno opt¨® por aceptar la idea racional y pr¨¢ctica del l¨ªder del principal partido de la oposici¨®n.

La Ley de Extranjer¨ªa se ha convertido en una trampa para el Gobierno. Su especial dureza para con los inmigrantes irregulares, a los que pone condiciones inalcanzables para normalizar su situaci¨®n y niega derechos b¨¢sicos de la persona, la hace inviable en la pr¨¢ctica. El Ejecutivo ha tenido que desistir, como amag¨® a la entrada en vigor de la ley, de la expulsi¨®n masiva de las decenas de miles de inmigrantes sin papeles que sobreviven en Espa?a. Tambi¨¦n ha tenido que echarse atr¨¢s de su inicial prop¨®sito de no proceder a m¨¢s regularizaciones. El cauce de la ley es tan estrecho que la realidad le desborda.

A falta de unos mecanismos ordinarios de regularizaci¨®n a medio plazo y accesibles, el Gabinete ha echado mano del art¨ªculo 31.4 de la actual Ley de Extranjer¨ªa -concesi¨®n de permisos de residencia temporal por motivos humanitarios y de arraigo- para arreglar la situaci¨®n de colectivos enteros. No hay que reprocharle que lo haga, pero mejor ser¨ªa, como plantea la oposici¨®n, encarar el problema con una regularizaci¨®n extraordinaria de todos aquellos que acrediten su estancia en Espa?a antes del 23 de enero pasado, fecha de entrada en vigor de la ley actual.

Un decreto en este sentido aportar¨ªa mayor fundamento legal que el endeble art¨ªculo 31.4 de la actual ley, previsto para situaciones personales de car¨¢cter excepcional. Y, desde luego, la har¨ªa m¨¢s transparente y menos sospechosa de arbitrariedad. No hay razones, salvo la pura discrecionalidad, para regularizar a unos colectivos (ecuatorianos, colombianos) y expulsar a otros (nigerianos, senegaleses). A todos los inmigrantes en situaci¨®n irregular, cualquiera que sea su color, procedencia o cultura, hay que darles las mismas oportunidades. Actuando sin una norma clara, de manera encubierta y a golpe de ocurrencias, no lograr¨¢ el Gobierno salir del enredo en el que le ha metido su Ley de Extranjer¨ªa.