Ciudad y ciudadan¨ªa

Recientemente, el Partido Popular se ha negado a ratificar tres protocolos de desarrollo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950), que tienen mucho que ver con los derechos de los inmigrantes.

As¨ª, el protocolo n¨²mero 4 (1963) proh¨ªbe las expulsiones colectivas de extranjeros, el protocolo n¨²mero 7 (1984) establece una serie de garant¨ªas procesales en los casos de expulsi¨®n de extranjeros (indemnizaci¨®n por error judicial, derecho a no ser juzgado o castigado dos veces por un mismo hecho, derecho a recurso...) y el protocolo n¨²mero 12 (2000) que asegura el disfrute de cualquier derecho sin sufrir discriminaci¨®n alguna.

Como expresamente dijo la representante del PP en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso: 'En el momento actual, ratificar los protocolos 4 y 7 significa un ¨ªndice de probabilidad muy elevado de sentencias constatando violaci¨®n de dichos protocolos en Espa?a, conllevando la exigencia de modificar, en cumplimiento de lo exigido por Estrasburgo, nuestra actual realidad jur¨ªdica'.

Esa realidad jur¨ªdica es la representada por la nueva Ley de Extranjer¨ªa (L.O. 8/2000) cuya inconstitucionalidad, con toda certeza, ser¨¢ declarada por el Tribunal Constitucional porque el articulado vulnera derechos fundamentales (reuni¨®n y manifestaci¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n, huelga y tutela judicial efectiva) y nos aleja de Europa.

Lo cierto es que esa Europa, todav¨ªa construy¨¦ndose, necesita de la inmigraci¨®n para sostener sus ritmos de crecimiento econ¨®mico, demogr¨¢fico y de poblaci¨®n activa, as¨ª como para mantener su sistema de pensiones y beneficios sociales, en definitiva, para mantener el nivel de vida alcanzado.

Al propio tiempo, a nadie escapa que la afluencia masiva de inmigrantes se produce b¨¢sicamente en las ciudades, fruto del propio proceso de globalizaci¨®n y acelerada urbanizaci¨®n.

Desde ese punto de vista, los gobiernos municipales deben participar activamente en la pol¨ªtica de inmigraci¨®n, los aspectos sociales, sanitarios, educativos o de vivienda son competencias compartidas por los distintos niveles de la Administraci¨®n, y entre ellas, la cercan¨ªa de las corporaciones locales las sit¨²a en una posici¨®n especial para desarrollar esa pol¨ªtica.

Como expresan Castells y Borja: 'Democracia local es ciudadan¨ªa. Todos los hombres y mujeres que viven en las ciudades son y deben ser iguales en derechos pol¨ªticos y sociales. No hay ciudadan¨ªa si no hay igualdad jur¨ªdica, sea cual sea el origen nacional o ¨¦tnico. Por lo tanto, es leg¨ªtimo el derecho de todos los habitantes y de todas las familias a participar en la vida pol¨ªtica local. Pero tampoco hay ciudadan¨ªa si hay exclusi¨®n social, si se constituyen guetos para la poblaci¨®n inmigrante, si no se toleran las diferencias y las identidades de cada grupo y si se tolera la intolerancia. No hay ciudadan¨ªa si la ciudad como conjunto de servicios b¨¢sicos no llega a todos sus habitantes y si no ofrece esperanza de trabajo, de progreso y de participaci¨®n a todos. La ciudad debe ser un espacio de fraternidad'.

En ese mismo sentido, en las conclusiones de la Reuni¨®n Regional Europea de Comit¨¦s Nacionales Habitat II (1995) se puede leer: 'El derecho a la ciudad para todas las poblaciones que viven los procesos de urbanizaci¨®n, favoreciendo su acceso real a la ciudad y a la ciudadan¨ªa, debe ser un principio b¨¢sico de la acci¨®n p¨²blica. El derecho a la ciudad incluye vivienda, barrio equipado materialmente y valorizado socialmente, articulaci¨®n con el conjunto de la ciudad, disponiendo de acceso f¨¢cil a sus centralidades, posibilidades de empleo y de formaci¨®n adecuada e igualdad pol¨ªtica y jur¨ªdica de todos los habitantes. El ejercicio de este derecho puede requerir pol¨ªticas de discriminaci¨®n positiva, y valorizaci¨®n cultural, para aquellos barrios o grupos en situaci¨®n de marginaci¨®n por razones econ¨®micas, sociales o culturales, tanto en las ciudades propiamente dichas, como en las periferias y las ¨¢reas rurales'.

Me pregunto si la derecha que nos gobierna es capaz de prever los procesos que inevitablemente hemos de vivir y que ya estamos viviendo, la ausencia de una pol¨ªtica de inmigraci¨®n que deber¨ªa ser compartida por todos, encauzada y programada entre los diversos agentes sociales y pol¨ªticos, puede dar alg¨²n r¨¦dito electoral inmediato, pero a medio y largo plazo puede generar problemas de dif¨ªcil soluci¨®n. La vigente y discutida Ley de Extranjer¨ªa es un buen bot¨®n de muestra.

Junto a esa pol¨ªtica improvisada, se va produciendo una pol¨ªtica de lluvia fina, de deterioro de la ense?anza p¨²blica, de privatizaci¨®n de la sanidad y los servicios sociales, de permisividad de empleo precario y econom¨ªa sumergida y de generaci¨®n exagerada de vivienda inaccesible para quienes carecen de suficientes medios. Una pol¨ªtica, en fin, que ya se adivina disgregadora y discriminatoria. Una ciudad con ciudadanos de primera y de segunda.

Ana Noguera Montagud es portavoz del Grupo Socialista-Progresista en el Ayuntamiento de Valencia.