Los costes de la justicia

El Pacto por la Justicia, para los ciudadanos ha abierto paso, entre otras, a una reflexi¨®n inaplazable: la que toca al coste de la justicia, sensor de bienestar social y credibilidad democr¨¢tica. Definitivamente, es la hora de asumir cu¨¢nto cuesta la justicia que ambicionamos. La que nuestra sociedad reclama en esos millones de pleitos que ventila cada a?o.

Para empezar, el coste econ¨®mico. Una red eficiente de protecci¨®n de derechos y resoluci¨®n de conflictos requiere una financiaci¨®n potente: el pacto compromete un presupuesto de 250.000 millones adicionales, cuantificaci¨®n obligada para empezar a hablar y hacer cre¨ªble el esfuerzo. Desde una ¨®ptica progresista, es imprescindible adem¨¢s que el Estado de derecho se legitime a trav¨¦s de una justicia eficaz, ¨¢gil y accesible por igual a todos los ciudadanos, por encima de las distintas posiciones de ventaja o de capacidad. Por eso, sus costes trascienden lo meramente econ¨®mico y alcanzan a la pol¨ªtica, al modelo de sociedad y a su horizonte cultural. Si nuestra obsesi¨®n es una justicia al servicio de la igualdad, encarnada en el acceso a derechos de prestaci¨®n con las menores trabas y las mayores garant¨ªas, toda justicia que resulte, por el contrario, lenta, cara y econ¨®micamente selectiva redunda en deslegitimaci¨®n del Estado de derecho que la Constituci¨®n propugna y, yendo a¨²n m¨¢s all¨¢, del propio contrato social de una democracia avanzada.

El pacto era necesario porque una justicia m¨¢s r¨¢pida beneficia sobre todo a los que menos tienen

Quiz¨¢ ning¨²n otro aspecto puede poner tan de manifiesto la rentabilidad del pacto como el desaf¨ªo de construir un enjuiciamiento penal a la altura del presente. El ¨²nico marco razonable para acometer la adecuaci¨®n del enjuiciamiento criminal a la jurisprudencia y esp¨ªritu constitucional es el que se corresponde con un ampl¨ªsimo acuerdo entre fuerzas parlamentarias, operadores jur¨ªdicos y profesionales. Garantismo y eficacia deben verse anudados en un virtuoso equilibrio: no es admisible que la celeridad redunde en atropello de garant¨ªas debidas como la doble instancia, la revisibilidad de las condenas, el principio acusatorio y la protecci¨®n de derechos afectados por el curso de la investigaci¨®n, el proceso y, en su caso, la condena. Nada de eso es gratis.

Baste, para constatarlo, la consternaci¨®n que suscita el impactante caso de Joaqu¨ªn Jos¨¦ Mart¨ªnez, enzarzado en EE UU en un infierno penal que le ha tenido cinco a?os en el corredor de la muerte. Inquieta que uno de los extremos m¨¢s pavorosos del caso estribe, precisamente, en que evitar la silla el¨¦ctrica haya tenido que costarle a su familia m¨¢s de 130 millones de pesetas. Tal parece ser, sin m¨¢s, el coste de 'sufragar una buena defensa' para esos abnegados padres que han recorrido Espa?a movilizando la solidaridad de los espa?oles. Lejos de la imagen mitificadora que arroja la ficci¨®n del cine y de la televisi¨®n, el proceso penal americano incita a una severa cr¨ªtica acerca de sus desviaciones m¨¢s insoportablemente desigualitarias. El porcentaje de blancos pudientes que arriesgan la inyecci¨®n letal es infinitesimal comparado al de los negros o hispanos desfavorecidos. A¨²n peor: incluso ¨¦stos pueden esquivar la muerte si invierten suficientes millones en comprar una defensa centrada en 'modificar' testimonios, informes periciales y evidencias sobrevenidas a precio de mercado. Es nuestro deber moral evitar que se repita ning¨²n caso tan dram¨¢tico: los socialistas hemos puesto en marcha una iniciativa parlamentaria que quiere garantizar una asistencia jur¨ªdica y econ¨®mica adecuada a los espa?oles procesados en el extranjero contra quienes se solicite esa pena de muerte proscrita en nuestro ordenamiento, pero todav¨ªa hoy vigente en muchas otras latitudes. Su finalidad no es otra que la de asegurar la tutela de la vida y dignidad de la persona ante el proceso penal incluso en el extranjero, m¨¢s all¨¢ de las fronteras f¨ªsicas y morales que nos retan preguntando ?cu¨¢nto cuesta la justicia?, ?cu¨¢nto puedes pagar por reclamar tus derechos?

Ese proceso penal en tiempo y sin dilaciones, igualitario en su acceso, en el que las garant¨ªas no ri?an con la eficiencia, expresa as¨ª, probablemente, el rendimiento m¨¢s palpable de una aproximaci¨®n consensuada a los m¨²ltiples problemas que integran el rompecabezas de nuestra deteriorada justicia. Por eso era necesario abordarlos con un pacto. Porque una justicia m¨¢s r¨¢pida y segura beneficia sobre todo a los que menos tienen. A los que m¨¢s necesitan la fuerza protectora y la garant¨ªa de un Estado que sepa asumir los costes de realizar sus derechos. Promover ese horizonte es inequ¨ªvocamente un compromiso socialista. Y ello comporta, finalmente, asumir una apuesta cultural no menos ambiciosa y costosa: hacer de la pol¨ªtica un espacio confiable para la realizaci¨®n efectiva de libertad e igualdad. Y del Estado, y sus poderes, un agente responsable de pacificaci¨®n de conflictos, por ello mismo acreedor de ese cotidiano consenso que es su legitimidad.

Juan Fernando L¨®pez Aguilar es diputado por Las Palmas y miembro de la Comisi¨®n Ejecutica Federal del PSOE.