Lara declara que la expropiaci¨®n de terrenos se hizo para legalizar la carretera de Sierra Nevada

El delegado, que ocupa este cargo desde 1990, el gerente de Sogefinsa (la empresa de la Junta que se encarg¨® de las obras de la carretera) y el abogado de esta entidad, est¨¢n acusados de incumplir una sentencia de la Audiencia de Granada por la que se les obliga a devolver los terrenos ocupados por la nueva v¨ªa sin haber sido expropiados previamente. Dado que la carretera ya estaba construida, la soluci¨®n habr¨ªa sido una indemnizaci¨®n a las dos hermanas propietarias, que no se produjo, pues la Delegaci¨®n ejecut¨® en las mismas fechas del proceso legal una segunda expropiaci¨®n forzosa en la que s¨ª se inclu¨ªa el suelo en cuesti¨®n.

El fiscal pide tres a?os de c¨¢rcel y ocho de inhabilitaci¨®n para el delegado de Obras P¨²blicas, mientras que para Francisco Gestoso (gerente de Sogefinsa) y Carlos Gonz¨¢lez (abogado) se requieren ocho a?os de inhabilitaci¨®n para ocupar cargo p¨²blico.

Al comienzo del juicio, la acusaci¨®n particular, con el apoyo del fiscal, pidi¨® la suspensi¨®n del proceso penal hasta que se resuelva el litigio contencioso por la misma causa. El tribunal decidi¨® rechazar esta propuesta al considerar que 'tiene plena jurisdicci¨®n' para juzgar este caso. La defensa argument¨®, en su oposici¨®n para suspender el juicio, que si la acusaci¨®n no tiene claro que se pueda demostrar el delito de forma 'evidente' (como exige la legislaci¨®n penal) 'debe desistir de sus acusaciones' en lugar de 'intentar dilatar el procedimiento'.

Lara declar¨® ante el tribunal que cuando conoci¨® la 'situaci¨®n de ilegalidad' en la que se encontraba la carretera, que se construy¨® en 1993 con motivo de la celebraci¨®n de los mundiales de esqu¨ª de Sierra Nevada de 1995, intent¨® un acuerdo con las propietarias mediante la citaci¨®n a una reuni¨®n 'a la que no acudieron'. S¨®lo unos d¨ªas despu¨¦s propuso la ampliaci¨®n del proceso de expropiaci¨®n forzosa de los terrenos invadidos por la carretera para disponer del 'suelo ocupado m¨¢s de la cuenta'.

El delegado reiter¨® durante el juicio que, aunque la sentencia que obliga a la indemnizaci¨®n de las propietarias se hizo p¨²blica en los mismos d¨ªas de octubre de 1996, ¨¦l no conoci¨® el contenido de esa resoluci¨®n judicial hasta 'mucho despu¨¦s de ejecutar la expropiaci¨®n', porque asegur¨® que esa sentencia se remiti¨® directamente a los servicios jur¨ªdicos de la Consejer¨ªa.

Para tomar la decisi¨®n de esa segunda expropiaci¨®n, Lara recibi¨® el asesoramiento, por escrito, del gerente de Sogefinsa y del letrado de la empresa, a trav¨¦s de un informe elaborado por ¨¦l, en el que se argumenta que la f¨®rmula de la expropiaci¨®n servir¨ªa para evitar la ejecuci¨®n de la resoluci¨®n judicial, que estaban obligados a respetar. El delegado asegur¨® que tambi¨¦n se dirigi¨® a distintos asesores jur¨ªdicos de la Consejer¨ªa y que todos ellos se pronunciaron de forma similar al contenido del informe de Carlos Gonz¨¢lez. Es decir, todos confirmaron que era la mejor soluci¨®n para dar legalidad a la carretera. Lara declar¨® que el 'alto precio' que las hermanas exig¨ªan por cada metro cuadrado de terreno hizo imposible llegar a un acuerdo inicial de compra.

El escrito de la acusaci¨®n p¨²blica indicaba que el delegado puso en marcha una 'argucia aparentemente legal' para imposibilitar que la administraci¨®n tuviera que indemnizar a las propietarias en virtud de la sentencia judicial.