Juez y parte

Piqu¨¦, Aznar y su partido se est¨¢n comportando como juez y parte respecto a los problemas del primero en relaci¨®n con el caso Ercros. El ministro ha dicho que tiene la conciencia tranquila y que, si tuviera alguna duda sobre su comportamiento como directivo de esa empresa, ya habr¨ªa dimitido. Es una opini¨®n de parte, de escaso valor probatorio, porque la subjetiva conciencia de cada cual nunca ser¨¢ un juez objetivo. Aznar ha dicho que en caso de imputaci¨®n de Piqu¨¦ esperar¨¢ a ver si esa decisi¨®n est¨¢ fundamentada antes de tomar cualquier decisi¨®n. Se supone que si es imputado ser¨¢ porque existen indicios suficientes de delito y, en todo caso, no es el presidente del Gobierno la instancia adecuada para dilucidar lo bien o mal fundamentado de la decisi¨®n. El portavoz del PP, el inefable Rafael Hernando, ha declarado que Piqu¨¦ ya fue investigado internamente por ese partido, sin encontrar motivos para reprocharle nada. Mejor para ¨¦l, pero tampoco parece que se trate de un tribunal neutral.

Desde el 1 de julio, Piqu¨¦, como ministro de Exteriores del pa¨ªs que presidir¨¢ la UE en el primer semestre de 2002, formar¨¢ parte de la troika que estar¨¢ al frente de la Uni¨®n. Se comprende la preocupaci¨®n del Gobierno ante la hip¨®tesis de un ministro que deba abordar esa responsabilidad acosado por la evoluci¨®n de una investigaci¨®n judicial. De ah¨ª los esfuerzos algo voluntaristas por apartar ese c¨¢liz como sea. Es dif¨ªcil, sin embargo, que la opini¨®n p¨²blica no vea con sospecha el barroco comportamiento del fiscal general tratando de encontrar alguna instancia que avale su oposici¨®n a la decisi¨®n del fiscal del caso de llamar a declarar al ministro en condici¨®n de imputado. De momento, los fiscales de la Sala de lo Penal han avalado esa decisi¨®n por 10 a dos. Si no es para dilatar, obstruir, esquivar, ?qu¨¦ sentido tienen estas iniciativas del fiscal general, al que se le puede a?adir, cada vez con m¨¢s motivos, el complemento 'del Gobierno', en vez 'del Estado'?

El ministro ha reiterado que desea declarar cuanto antes. Puede solicitar hacerlo voluntariamente, renunciando al tr¨¢mite de suplicatorio. Ser¨ªa lo mejor para acelerar el procedimiento. Pero si todav¨ªa no ha sido llamado a declarar, a diferencia de todos los dem¨¢s miembros del n¨²cleo directivo de Ercros, ha sido precisamente por su condici¨®n de aforado, lo que desautoriza otro de los argumentos del PP: el de que se trata de un asunto privado, sin relaci¨®n con su cargo p¨²blico. Lo injusto habr¨ªa sido que se le hubiera investigado por ser ministro; eso s¨ª que ser¨ªa un comportamiento inquisitorial. Pero ha ocurrido lo contrario: su aforamiento explica que sea el ¨²nico directivo que a¨²n no ha declarado.

Tampoco tiene mucha l¨®gica el argumento de que son hechos del pasado. Lo son, pero la investigaci¨®n judicial es actual. Y la diferencia entre asunto privado y p¨²blico resulta equ¨ªvoca, en particular cuando se la invoca para distinguirla de los esc¨¢ndalos del periodo socialista. ?Ser¨ªa menos aplicable el c¨®digo ¨¦tico a alguien que se hubiera embolsado una comisi¨®n ilegal, por ejemplo, que quien la hubiera utilizado para la financiaci¨®n ilegal de su partido? Demasiados sinsentidos para una defensa -la de Piqu¨¦- que cada vez aparece m¨¢s numantina.