El Tribunal de Cuentas dirime si enjuicia a Piqu¨¦ y otros ministros por la deuda a Ercros

Seg¨²n fuentes del Tribunal de Cuentas, la mayor¨ªa de la Sala de Justicia se inclina por ratificar su posici¨®n a favor de admitir a tr¨¢mite la acci¨®n popular. Un criterio que fue un¨¢nime en esa sala el pasado mayo, cuando revoc¨® la decisi¨®n del consejero de Enjuiciamiento, Antonio de la Rosa, de no admitir a tr¨¢mite la acci¨®n popular presentada por varios diputados socialistas en junio de 1999. La Sala de Justicia est¨¢ presidida por Paulino Mart¨ªn, elegido en su d¨ªa consejero a propuesta del PSOE; por Antonio del Cacho, promovido por el PP, y Miguel ?lvarez Bonald, elegido por consenso de populares y socialistas.

La decisi¨®n que tomen pondr¨¢ punto final a un largu¨ªsimo tr¨¢mite procedimental, que ha durado dos a?os, derivado del rechazo del consejero Antonio de la Rosa a admitir siquiera a tr¨¢mite la acci¨®n popular sobre Rato, Piqu¨¦ y Arenas, entre otros, por la condonaci¨®n de un cr¨¦dito de 8.500 millones a Ercros.

Pag¨® el Estado

La acci¨®n popular promovida por parlamentarios socialistas se fundamenta en el posible perjuicio para el tesoro p¨²blico derivado de un acuerdo tomado por la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos el 4 de octubre de 1998 en relaci¨®n con Ercros y en la que participaron Rodrigo Rato, Josep Piqu¨¦ y Javier Arenas, entre otros. En enero de 1999, al hilo de la pol¨¦mica por su presunta intervenci¨®n, ya como ministro de Industria, en el perd¨®n de 7.400 millones al grupo que dirigi¨®, Piqu¨¦ declar¨® en el Congreso: "Desde junio de 1996, nunca m¨¢s he participado en ninguna discusi¨®n de la Comisi¨®n Delegada respecto al problema de Ercros". En respuesta escrita tambi¨¦n al Congreso, el entonces secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, explic¨® que Piqu¨¦ asisti¨® a una reuni¨®n de esa comisi¨®n en julio de 1997 sobre el asunto.

Aquella comisi¨®n dio instrucciones al Instituto de Cr¨¦dito Oficial para condonar a Ercros el importe de un cr¨¦dito participativo por importe de 8.500 millones de pesetas que el ICO le concedi¨® por acuerdo de esa misma Comisi¨®n Delegada pero bajo mandato socialista. A juicio del PP, lo que hizo la Comisi¨®n Delegada fue rescatar un cr¨¦dito que no pod¨ªa ser pagado. El perjuicio denunciado por la acci¨®n popular consiste en que el ICO cobr¨® del tesoro p¨²blico los 8.500 millones de cr¨¦dito condonados a Ercros.

Esa acci¨®n popular fue admitida en primera instancia pero luego inadmitida, en junio de 2000, por el consejero Antonio de la Rosa, elegido a propuesta del PP y concu?ado de Rodrigo Rato. Para ese momento, varios diputados del PP hab¨ªan presentado a su vez una acci¨®n popular en el mismo tribunal, contra los ex ministros Carlos Solchaga y Pedro Solbes y otros integrantes de la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos en la etapa socialista. En ella, planteaban posibles responsabilidades contables por los cr¨¦ditos concedidos a Ercros en 1993 y 1994.

El consejero de Enjuiciamiento inadmiti¨® tambi¨¦n a tr¨¢mite esa iniciativa, en una decisi¨®n que dentro del tribunal fue interpretada por algunas fuentes como un intento de mostrar igual trato al PP y al PSOE. No obstante, t¨¦cnicos de ese organismo precisaron que la acci¨®n popular de los diputados del PP fue presentada cuando ya hab¨ªan prescrito las posibles responsabilidades.

En septiembre de 2000, los diputados socialistas presentaron un recurso de apelaci¨®n. A¨²n con la opini¨®n en contra del fiscal y de la abogada del Estado, la Sala de Justicia acord¨® por unanimidad el pasado 7 de mayo admitir a tr¨¢mite la acci¨®n popular socialista. En su auto afirm¨® que la inadmisi¨®n a tr¨¢mite de esa acci¨®n popular hab¨ªa producido "una vulneraci¨®n patente del derecho a la tutela judicial efectiva". Esa misma sala decidi¨® al d¨ªa siguiente admitir tambi¨¦n a tr¨¢mite la acci¨®n popular de diputados del PP contra la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos que decidi¨® sobre cr¨¦ditos a Ercros en la etapa socialista.