'Las universidades tendr¨¢n una evaluaci¨®n estatal obligatoria'

La ministra no tiene ninguna duda de que su Ley de Universidades ha quedado lo mejor posible. Sale al paso de las cr¨ªticas de los rectores al texto definitivo argumentando que est¨¢ tranquila, porque, en su opini¨®n, se les ha consultado todo lo necesario. Pero le gusta repetir que nadie debe olvidar que 'el Gobierno es el que tiene la obligaci¨®n de legislar y de trascender de visiones parciales'.

Tampoco han calado en Pilar del Castillo las quejas de las comunidades aut¨®nomas. Denuncian que no se les ha consultado debidamente al elaborar una reforma que, en definitiva, tendr¨¢n ellas la competencia de aplicar y desarrollar. La ministra se sacude esas quejas vincul¨¢ndolas a intereses pol¨ªticos de las comunidades gobernadas por el PSOE y el PNV.

'Los rectores tendr¨¢n que explicar sus cr¨ªticas. Tienen visiones que no dejan de ser parciales'

?stas son las claves del cambio, seg¨²n Pilar del Castillo: 'Un mejor sistema de selecci¨®n del profesorado, m¨¢s abierto, m¨¢s transparente y m¨¢s competitivo; una gesti¨®n m¨¢s ¨¢gil y eficaz por parte de las universidades; una potenciaci¨®n de la investigaci¨®n; una mejor conexi¨®n entre la sociedad y la Universidad, y una evaluaci¨®n del sistema a trav¨¦s de la Agencia Nacional de Calidad y Evaluaci¨®n, lo que va a permitir una transparencia en la calidad de las universidades y medir realmente su rendimiento'.

Esa evaluaci¨®n de las universidades es, sin embargo, una cuesti¨®n peliaguda, porque las comunidades consideran que puede ser una intromisi¨®n a sus competencias y a la autonom¨ªa universitaria que una agencia nacional realice una evaluaci¨®n obligatoria de sus universidades. Actualmente existe, pero es voluntaria. Las universidades presentan a examen las carreras que quieren. Esto hace que los resultados no sirvan para elaborar un ranking sobre cu¨¢les son los mejores centros en cada titulaci¨®n, algo que s¨ª permitir¨¢ el sistema que se introducir¨¢ con la ley, al hacer la evaluaci¨®n obligatoria, como explica la ministra, algo que se regular¨¢ en un posterior decreto.

'Habr¨¢ aspectos de la evaluaci¨®n que ser¨¢n obligatorios y otros voluntarios. Pero la tendencia ser¨¢ a que haya una evaluaci¨®n obligatoria, a que la agencia tenga la informaci¨®n necesaria de las universidades en materia de docencia, investigaci¨®n y gesti¨®n. Con la creaci¨®n de esta agencia estamos en la vanguardia de los pa¨ªses europeos. S¨®lo Holanda tiene previsto crear una, pero es la tendencia en todos los pa¨ªses de la UE'.

La Ley de Universidades introduce un examen de habilitaci¨®n nacional para todo el que quiera ser profesor titular o catedr¨¢tico. Despu¨¦s deber¨¢n superar las pruebas de selecci¨®n (como un examen o simplemente una entrevista) que establezca cada universidad para ganar una plaza vacante. El Gobierno obliga adem¨¢s a las universidades privadas a tener un 25% de profesores que hayan pasado por esa habilitaci¨®n nacional.

En cada convocatoria se habilitar¨¢ a un n¨²mero fijo de personas, igual al de plazas que declaren previamente vacantes las universidades. Y ¨¦stas deben escoger despu¨¦s al habilitado con el perfil m¨¢s adecuado a sus necesidades. Sin embargo, las universidades aseguran que muchos de esos habilitados pueden no reunir las condiciones que ellas requieren. En ese caso, no descartar¨ªan esperar a una nueva rueda de habilitaci¨®n para cubrirla esas plazas. Pero la ministra cree que el problema de las bolsas de titulares o catedr¨¢ticos habilitados sin plaza no va a producirse.

'El sistema no lo permite. Podr¨¢ haber algunos habilitados que por un tiempo corto no tengan plaza porque ninguna universidad los haya seleccionado a ellos, sino a otras personas que ya son titulares o catedr¨¢ticos en otros centros. ?stos a su vez dejar¨ªan una plaza libre. Por lo tanto, se produce un efecto de movilidad que no produce bolsas de habilitados sin plaza'.

Tambi¨¦n establece la nueva ley que los rectores ser¨¢n elegidos por sufragio universal ponderado, es decir, que votar¨¢n todos los alumnos, profesores y personal administrativo a su mejor candidato tras una campa?a electoral que promete ser al m¨¢s puro estilo pol¨ªtico.

Pero la clave de los enfrentamientos de los ¨²ltimos meses entre el mundo universitario y la ministra ha sido otra novedad: la reorganizaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno y gesti¨®n de las universidades. La ministra quer¨ªa que participaran en el gobierno de estos centros representates pol¨ªticos elegidos por los gobiernos de las comunidades.

Los rectores pusieron el grito en el cielo y aseguraron que se trataba de 'una invasi¨®n de la autonom¨ªa universitaria'. Al final, Pilar del Castillo ha cedido, con una propuesta que no llega a ser ni lo que ella quer¨ªa ni lo que ped¨ªan las universidades: habr¨¢ tres representantes pol¨ªticos, pero sin voto. El resultado 'es una mezcla que provocar¨¢ problemas', seg¨²n los rectores. La ministra no est¨¢ de acuerdo.

Cr¨ªticas 'Los rectores tendr¨¢n que explicar sus cr¨ªticas. Las partes implicadas tienen visiones que no dejan de ser parciales. El Gobierno ten¨ªa unos objetivos irrenunciables en el proyecto y, partiendo de ellos, se han intentado adecuar algunos aspectos a las peticiones. La principal cr¨ªtica que se ha tenido en cuenta ha sido la de la injerencia en la autonom¨ªa universitaria. Aunque yo creo que no la hab¨ªa, se ha buscado una alternativa con la que no cupiera asomo de duda acerca de este argumento'.

El consejo social (que supervisa los asuntos econ¨®micos) estar¨¢ compuesto por miembros s¨®lo de la sociedad y no de esta instituci¨®n (s¨®lo habr¨¢ tres, entre ellos el rector, pero sin voto), lo que, seg¨²n las universidades, har¨¢ que ¨¦stas puedan estar condicionadas por intereses pol¨ªticos de las comunidades. La ministra asegura que eso 'no ocurrir¨¢, porque est¨¢ en la voluntad de las comunidades asumir con responsabilidad sus obligaciones'.

Algunas comunidades aut¨®nomas se han quejado reiteradamente de que el ministerio no consulta con ellas las reformas y de que no se ha convocado la conferencia sectorial (en la que est¨¢n representadas) para pedir su opini¨®n sobre esta ley. La ministra niega que esto sea exactamente as¨ª: 'Las comunidades que han manifestado quejas sobre el anteproyecto de ley han sido las gobernadas por el partido socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Pero todas han tenido un foro de debate en el Consejo de Universidades, donde tambi¨¦n est¨¢n representadas. Es un contrasentido que las comunidades del PSOE y del PNV pidan debate y a la vez lo eludan en el marco del Consejo de Universidades'.

Del Castillo destall¨® al m¨¢ximo los contenidos m¨ªnimos de la ESO y el bachillerato (la parte que establece el Gobierno del curr¨ªculo) el a?o pasado. Ahora quiere crear 'centros de referencia nacionales' de FP y un sistema de habilitaci¨®n y una agencia de evaluaci¨®n estatales en el sistema universitario. ?Pretende el Gobierno vertebrar el sistema educativo aumentando al m¨¢ximo el control estatal? 'La vertebraci¨®n es obligaci¨®n del ministerio. Lo que se intenta es subrayar la calidad, competitividad y transparencia del sistema'.