La corrupci¨®n existe, hay que afrontarla

El problema de la corrupci¨®n ha vuelto a saltar a las p¨¢ginas de los peri¨®dicos, como viene sucediendo de vez en cuando. En ocasiones debido al conocimiento de un nuevo esc¨¢ndalo, hoy en relaci¨®n con la actitud general que, en el plano internacional e interno, adopta nuestro Gobierno en la lucha contra la corrupci¨®n. Bien es cierto que no existe ahora -y por fortuna- la crispaci¨®n pol¨ªtica que contribuy¨® hace unos a?os a que la opini¨®n p¨²blica percibiera la gravedad del problema. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que la corrupci¨®n haya desaparecido, ni siquiera que se hayan logrado sustanciales avances en la lucha contra ella.

Tampoco es f¨¢cil saber si hay hoy m¨¢s o menos corrupci¨®n que en el pasado. Eso es algo muy dif¨ªcil de medir y de probar y, a falta de an¨¢lisis rigurosos, que brillan por su ausencia, lo que al respecto se viene diciendo pertenece al ¨¢mbito de la diatriba pol¨ªtica cotidiana, en la que cada cual calla o minusvalora la corrupci¨®n propia y magnifica la ajena. Es preocupante, sin embargo, que mientras tanto la corrupci¨®n se pueda ir instalando como un hecho igualmente cotidiano, que puede llegar a ser contemplado por amplios sectores de la ciudadan¨ªa como algo casi irremediable y con lo que hay que resignarse a convivir. De hecho, la corrupci¨®n es un problema patol¨®gico y estructural de nuestras sociedades y de nuestros sistemas pol¨ªticos, como el paro, el tr¨¢fico de drogas y otras formas de delincuencia. En algunos pa¨ªses (de Iberoam¨¦rica y del este de Europa, sin ir m¨¢s lejos) se ha convertido ya en un verdadero c¨¢ncer, que mina sus posibilidades de desarrollo econ¨®mico y pol¨ªtico. Pero, sin llegar a tales extremos, ning¨²n pa¨ªs est¨¢ libre de este problema, dado que tiene algunas causas profundas y comunes, la principal de las cuales es la p¨¦rdida de los valores del servicio p¨²blico y la identificaci¨®n exclusiva del ¨¦xito personal y colectivo con el lucro y el beneficio econ¨®mico a cualquier coste. Por eso no puede extra?ar que en todas partes, en mayor o menor medida, haya quienes intenten aprovecharse de su cargo p¨²blico en beneficio propio o de los suyos, sean parientes, amigos o correligionarios. Y en esto consiste la corrupci¨®n.

No obstante, hay algo que diferencia claramente a unos y otros Estados en este terreno y ese algo tiene que ver justamente con las medidas que se adoptan para combatir la corrupci¨®n. Siendo un mal extendido y grave, es preciso conocer sus causas y sus manifestaciones, evaluar su alcance y adoptar las decisiones que permitan acotarlo, prevenirlo y reprimirlo. Desde hace casi una d¨¦cada este ejercicio viene practic¨¢ndose en los m¨¢s importantes Estados europeos y en el seno de la propia Uni¨®n Europea. Franceses, ingleses, inclusive los italianos han elaborado durante los ¨²ltimos a?os estudios e informes oficiales sobre la prevenci¨®n y la lucha contra la corrupci¨®n, al igual que lo ha hecho la Uni¨®n Europea a trav¨¦s de un Comit¨¦ de Sabios creado al efecto. Todos ellos han identificado las causas remotas e inmediatas del problema y los ¨¢mbitos sensibles (por ejemplo, la gesti¨®n urban¨ªstica, la contrataci¨®n p¨²blica, algunas actividades inspectoras, la distribuci¨®n de ciertos subsidios o subvenciones...). Han propuesto y han puesto en pr¨¢ctica medidas legislativas, organizativas o de gesti¨®n pol¨ªtica y administrativa: leyes penales disuasorias, reforzamiento de los controles contables y de legalidad internos y externos sobre las administraciones p¨²blicas (en especial sobre las administraciones locales y organismos aut¨®nomos), creaci¨®n de servicios centrales y oficinas especializadas en la lucha contra la corrupci¨®n, asignaci¨®n de mayores medios a las fiscal¨ªas y a los ¨®rganos judiciales y de control, aprobaci¨®n de c¨®digos de conducta rigurosos para autoridades y funcionarios p¨²blicos, registros de intereses, etc.

Nada o muy poco de esto se ha hecho ¨²ltimamente en nuestro pa¨ªs. Por el contrario, hay aqu¨ª un manifiesto contraste entre lo mucho que se ha hablado y se habla de corrupci¨®n y lo poco que se hace para combatirla. Basta recordar que las ¨²ltimas reformas legislativas con esa finalidad, C¨®digo Penal incluido, se adoptaron al final de la etapa de los gobiernos socialistas y de esa misma ¨¦poca (1995) es la creaci¨®n de nuestra ¨²nica instituci¨®n especializada, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, sin que desde entonces se hayan adoptado siquiera normas para reforzar su estructura ni se hayan incrementado sus medios personales y materiales.

Sin duda esta pasividad guarda relaci¨®n con el discurso oficial que sobre la corrupci¨®n viene manteniendo la mayor¨ªa hoy gobernante. Las denuncias de corrupci¨®n fueron uno de los pilares de la estrategia opositora del Partido Popular. Pero una vez en el Gobierno ha aplicado una concepci¨®n maniquea del problema, como si una vez producido el cambio de mayor¨ªa pol¨ªtica hubiera quedado conjurado o reducido a peccata minuta. No hac¨ªa falta mucha perspicacia para imaginar, desde hace tiempo, que no ser¨ªa as¨ª. Pero los hechos vienen desmintiendo de tal manera ese discurso que carece ya de la m¨¢s m¨ªnima fuerza de convicci¨®n. Quiz¨¢ por eso se ha ido sustituyendo paulatinamente por una amenaza, velada o expl¨ªcita, al principal partido de la oposici¨®n de 'tirar de la manta', con el objetivo de convertir el problema de la corrupci¨®n en un tema tab¨².

Esta ¨²ltima estrategia es en s¨ª misma perversa, pues adem¨¢s de suponer una impl¨ªcita confesi¨®n de que el problema existe, niega a cualquier persona o instituci¨®n la legitimaci¨®n pol¨ªtica y moral para afrontarlo. De donde se sigue la ausencia de cualquier medida legislativa o administrativa y de cualquier iniciativa que no sea la de arropar dial¨¦cticamente el propio discurso oficial y salvar las apariencias. Claro que en este clima de inanidad los pol¨ªticos y funcionarios corruptos, por pocos que sean, pueden sentirse reconfortados y alentados y la situaci¨®n puede deteriorarse progresivamente hasta parecerse -qui¨¦n sabe- a la de los peores momentos.

La lucha contra la corrupci¨®n debe ser una pol¨ªtica permanente en cualquier Estado de Derecho, para la que deben arbitrarse sin excusa los medios apropiados y suficientes. No entenderlo as¨ª y concebirla en cambio, por motivos partidistas, como una simple reminiscencia del pasado es un error y un grave riesgo. Un planteamiento que nos aleja del centro de gravedad de la Uni¨®n Europea y nos aproxima, lamentablemente, a pa¨ªses con democracias y sistemas pol¨ªticos mucho m¨¢s d¨¦biles.

Miguel S¨¢nchez Mor¨®n es catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcal¨¢.