Los mineros de S¨²ria rechazan los despidos anunciados por la empresa, de capital israel¨ª

Josep Piqu¨¦ era el titular del Ministerio de Industria y Energ¨ªa cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidi¨® privatizar el Grupo Potasas en favor del grupo israel¨ª Dead Sea Works, productor de potasas en el Mar Muerto. Piqu¨¦ no era partidario de esa oferta, pero s¨ª lo eran el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subir¨¤, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Al final Piqu¨¦ cedi¨® seducido por el compromiso de los israel¨ªes de mantener el empleo en las minas de S¨²ria y Sallent durante tres a?os.

La SEPI acab¨® decidi¨¦ndose por Dead Sea Works el 21 de diciembre de 1998 y se descartaron las ofertas de Fertiberia (Juan Miguel Villar Mir), asociado con Mines de Potasse d'Alsace, y de un grupo de directivos de S¨²ria K y Potasas del Llobregat. Los israel¨ªes tomaron la empresa el 1 de enero de 1999, al frente de un consorcio en el que ten¨ªan el 60%, junto con La Seda (20%) y Tolsa (20%). Los tres socios pagaron 17.200 millones de pesetas por el Grupo Potasas (S¨²ria K y Potasas del Llobregat). Las p¨¦rdidas de 1998 y 1999 continuaron en 2000, que arroj¨® un saldo negativo de 1.900 millones de pesetas.

A partir de ah¨ª, los nuevos directivos, encabezados por Roberto Hecker, consejero delegado de Iberpotash, dise?aron un plan industrial que respetaba, e incluso ampliaba, las inversiones comprometidas en el acuerdo con la SEPI (18.000 millones en el periodo 1999-2003), pero para seguir poniendo dinero en Iberpotash el ahora accionista ¨²nico de la compa?¨ªa exige compromisos para reducir la plantilla.Y con ello ha llegado el conflicto.

Dead Sea Works compr¨® a La Seda y Tolsa el 40% del capital que no pose¨ªa y est¨¢ dispuesto a hacer fuertes inversiones (13.000 millones de pesetas) en potenciar el pozo n¨²mero 2 de S¨²ria (Cabanasas), la explotaci¨®n m¨¢s rica pero m¨¢s peque?a de S¨²ria. Su plan es 'realizar estas inversiones para que en diciembre de 2002 haya doblado su capacidad de producci¨®n y mejorado la calidad de la potasa extra¨ªda y entonces cerrar el pozo n¨²mero 4', afirma Hecker.

'Reconozco que no es muy com¨²n, pero es absolutamente legal presentar un expediente de regulaci¨®n de empleo para que tenga efectividad en enero de 2003', afirma Hecker. Los sindicatos creen que aprobar la regulaci¨®n 18 meses antes de ser efectiva merma sus garant¨ªas laborales.

'Nosotros queremos hacer un gran cambio industrial en S¨²ria para asegurar su futuro, evitar sobresaltos y, sobre todo, garantizar el empleo de los 750 mineros que no se ven afectados por el expediente', dice Hecker. Empresa y sindicatos no llegaron a discutir el plan industrial que propone la direcci¨®n y los sindicatos se enrocaron en la discusi¨®n sobre el incumplimiento de las condiciones de privatizaci¨®n con la SEPI. El organismo p¨²blico espa?ol incluso dirigi¨® una dura carta a Dead Sea Works en la que le advert¨ªa de que vetar¨ªa cualquier regulaci¨®n del empleo que se comprometieron a mantener.

Seg¨²n el consejero delegado de Iberpotash, no se producir¨¢ ning¨²n incumplimiento, a pesar del expediente de regulaci¨®n de empleo, 'ya que en enero de 2002 se habr¨¢ cumplido el plazo de tres a?os de mantenimiento de empleo que se acord¨® con la privatizaci¨®n'.

Los sindicatos se han movilizado, primero en S¨²ria y luego en Barcelona, y han arrancado de la Generalitat un compromiso para hacer reflexionar a Dead Sea Works sobre la conveniencia de la regulaci¨®n. Entre sus planteamientos, los sindicatos aluden al retraso del plan de inversiones previsto hasta este momento. CC OO cuestiona tambi¨¦n que la compra del Grupo Potasas se hiciera a costa de endeudar la empresa espa?ola, con su correspondiente repercusi¨®n en la cuenta de resultados negativa, casi 1.000 millones de gastos financieros, seg¨²n el sindicato.

Las relaciones entre Dead Sea Works y la SEPI no son buenas. Los israel¨ªes demandaron a la SEPI por considerar que el balance de la privatizaci¨®n inclu¨ªa 'activos inexistentes', por lo que reclamaba el pago de una indemnizaci¨®n de 2.834 millones de pesetas. La SEPI gan¨® el procedimiento, que Dead Sea Works ha recurrido ante la Audiencia de Madrid.