Ocupaci¨®n masiva de trozos de Sur¨¢frica

Miles de surafricanos han decidido ocupar terrenos gubernamentales y particulares en el este de Johanesburgo, en una desesperada maniobra por encontrar un lugar donde vivir. Y de paso han convertido en realidad una de las peores pesadillas del Gobierno: el comienzo de una ola de ocupaciones ilegales al estilo de Zimbabue. Ayer, la polic¨ªa intervino con dureza y detuvo a 200 personas.

Desde el mi¨¦rcoles, la gente hac¨ªa filas ordenadas para pagar los 25 rands (unas 600 pesetas) que pide el partido de la oposici¨®n Congreso Pan Africano (CPA) para registrar a su nombre los terrenos. El Gobierno acusa al CPA de violar la ley.

"Los surafricanos encontrar¨¢n un terreno por s¨ª mismos", dijo el secretario general del CPA, Thami ka Plaatjie, a un grupo de periodistas tras haber hablado con algunos de los que invadieron las 32.000 h¨¦ctareas de Bredell, una propiedad conjunta del Estado, dos particulares y las compa?¨ªas paraestatales Transnet (de ferrocarriles) y Eskom (de electricidad).

"El n¨²mero de despose¨ªdos que invadir¨¢ propiedades ir¨¢ en aumento mientras el proceso de restituci¨®n de la tierra por parte del Gobierno siga siendo tan ineficiente", agreg¨® Ka Plaatjie. "No se puede esperar que nuestro pueblo siga manteniendo la paciencia", dijo.

Muchos de quienes participan en la ocupaci¨®n han estado en listas de espera para recibir viviendas subvencionadas desde hace seis a?os. Es el caso de Evelyn Moholola, quien se tom¨® el d¨ªa libre para participar en la ocupaci¨®n, pues escuch¨® que el CPA hab¨ªa prometido obtener para ellos una propiedad. "?sta es mi ¨²ltima oportunidad", dijo la mujer, de 45 a?os.

Ka Plaatjie, en tanto, advirti¨® de que "lo que ocurre en Zimbabue podr¨ªa ser un picnic de domingo comparado con lo que puede ocurrir aqu¨ª". El CPA recaud¨® 179.000 rands (4,3 millones de pesetas) de los aspirantes a una propiedad. El dirigente pol¨ªtico aclar¨® que dicho dinero no era para comprar el terreno ocupado, sino una colecta realizada por la comunidad para pagar en parte los gastos legales, frenar la orden de evacuaci¨®n solicitada por el Gobierno a los tribunales y proveer de agua, instalaciones sanitarias y otros servicios.

Ka Plaatjie neg¨® que las ocupaciones puedan frenar inversiones extranjeras en el pa¨ªs, como ha ocurrido en el vecino Zimbabue. "En todo caso, no hemos visto que desde 1994 lleguen a este pa¨ªs inversiones que mejoren sustancialmente el nivel de vida del pueblo", dijo.

El Gobierno sabe que las percepciones son importantes en la econom¨ªa y por eso moviliz¨® a los ministros de Seguridad y de Tierras para evitar que en el extranjero se piense que el Gobierno alienta este tipo de pr¨¢cticas. Las inversiones han bajado en Sur¨¢frica en parte por los problemas que existen en los pa¨ªses vecinos.

Pero la comparaci¨®n con Zimbabue le hace poca justicia a Sur¨¢frica. Las ocupaciones en este pa¨ªs son para erigir viviendas y en muy contadas ocasiones se ha tratado de tomas de terrenos agr¨ªcolas. El Gobierno del Congreso Nacional Africano ha entregado un mill¨®n de viviendas desde que lleg¨® al poder, en 1994, pero muchas m¨¢s personas esperan a¨²n.

En los a?os del apartheid, el 70% de la tierra estaba en manos de los blancos, que representan el 15% de la poblaci¨®n. Para enfrentar esta desigualdad, el Gobierno lanz¨® un plan para redistribuir gran parte de la tierra en manos de blancos, que comprende tres puntos: la venta voluntaria de las granjas o, donde la expropiaci¨®n est¨¢ justificada, el pago del precio de mercado del terreno; la supresi¨®n de los llamados homelands(zonas exclusivamente negras) y la devoluci¨®n a los descendientes de los terrenos o propiedades injustamente expropiados desde que se promulg¨® el Acta de la Tierra, en 1913. Son 65.000 las peticiones de restituci¨®n levantadas hasta diciembre de 1998, fecha tope para presentar dichas solicitudes.