Ercros y el soplo divino

Cuanto m¨¢s se conoce del caso Ercros/Ertoil m¨¢s parece un inmenso fraude, asombrosamente impune al cabo de una d¨¦cada. Lo que sucedi¨® entre 1989 y 1992 en la gran compa?¨ªa petroqu¨ªmica, la m¨¢s fuerte de Espa?a, lleva el 'sello de la casa' (De la Rosa/Torras/Kio): primero, un grupo financiero potente (Torras) se hace presente en una empresa con dificultades de tesorer¨ªa (Ercros) pero con destacadas 'joyas de la Corona', como la divisi¨®n de petr¨®leos Ertoil.

Segundo, esa joya se vende muy por debajo de su valor real y r¨¢pidamente (a Cepsa), por los directivos de Ercros, apropi¨¢ndose il¨ªcitamente del activo de la venta los accionistas mayoritarios (Torras y otros) y dejando en la empresa madre (Ercros) el pasivo de enormes deudas, perjudicando a los accionistas y acreedores minoritarios, a los trabajadores, y descapitalizando y desangrando a Ercros.

Est¨¢ en juego la igualdad de todos los espa?oles ante la justicia

Tercero, esa venta incluye la defraudaci¨®n al Tesoro P¨²blico, por impuestos evadidos en cuant¨ªa cercana a 10.000 millones de pesetas, y por deudas no satisfechas a la Seguridad Social y a las entidades de cr¨¦dito de car¨¢cter p¨²blico, que ascendieron en el conjunto de Ercros a cerca de 50.000 millones.

Cuarto, la trama de enriquecimiento il¨ªcito, para lograr la m¨¢xima opacidad, utiliza una sociedad fantasma puramente instrumental (GMH) radicada en el para¨ªso fiscal que era Luxemburgo, a la que se vende Ertoil (1991) por 40.000 millones en n¨²meros redondos para revenderla a Cepsa pocas semanas despu¨¦s en 50.000, en un pacto preparado con antelaci¨®n. Todo ello bajo la tutela de la inefable Elf Aquitaine, sociedad estatal francesa, 'madre de todas las corrupciones' en la era Mitterrand. El sentido de ese tortuoso camino que recorre Ertoil, Espa?a-Luxemburgo-Espa?a (o sea, Ercros-GMH-Cepsa), no es sino evitar el control del Consejo de Ministros, evadir impuestos y embolsarse los ejecutores de la operaci¨®n cuantiosas comisiones, muy muy negras.

Quinto, esa descapitalizaci¨®n inmisericorde de Ercros a manos de sus directivos m¨¢s poderosos termina l¨®gicamente en 1992 en una suspensi¨®n de pagos -que parece encubrir una quiebra fraudulenta- por una cantidad cercana a los 200.000 millones, la mayor de la historia espa?ola. De ese agujero sin fondo s¨®lo se pag¨® a los acreedores el 1%.

El caso Ertoil es la parte m¨¢s visible de una peculiar 'estrategia corporativa' que produjo un aut¨¦ntico vaciado de Ercros entre 1989, 1990 y 1991, tres a?os en que ¨¦sta vendi¨® sociedades y activos por importe nada menos que de 103.000 millones de pesetas. A pesar de ello termin¨® en una suspensi¨®n de pagos por la cifra mareante de 200.000 millones. Es decir, que una compa?¨ªa como Ercros, que ten¨ªa beneficios cuando naci¨® (en 1989), gracias a la divisi¨®n de petr¨®leos Ertoil y a exenciones fiscales del 99%, vende Ertoil a pesar de estar legalmente prohibido, no devuelve esas subvenciones fiscales y termina en 1992 quebrada t¨¦cnicamente y con 300.000 millones de pesetas volatilizadas no se sabe a d¨®nde.

Estamos ante una operaci¨®n en la que al menos tres delitos es muy probable que se cometieran: delito fiscal, alzamiento de bienes y apropiaci¨®n indebida, que podr¨ªan acarrear para sus autores penas totales de hasta diez a?os de prisi¨®n. De ello hay constancia documental abundante, apreciada por las justicias espa?ola, francesa y alemana, que persiguen delitos que tienen el v¨ªnculo com¨²n de Elf Aquitaine.

La justicia espa?ola, en efecto, ha perseguido e investigado el caso Ercros. Lo hace desde 1994 a impulso de acreedores y perjudicados por el alzamiento de bienes y la suspensi¨®n de pagos, a impulso de Nueva Izquierda respecto al caso Ertoil, y a impulso de la fiscal¨ªa de Barcelona, de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo.

La investigaci¨®n de la justicia se ha desarrollado con normalidad. Hasta que tropieza con un obst¨¢culo que lleva el nombre de Josep Piqu¨¦. Piqu¨¦, actual ministro de Asuntos Exteriores, pero ministro de Industria (y aforado) desde 1996 cuando el PP no ten¨ªa mayor¨ªa absoluta y necesitaba a CiU, avalista pol¨ªtica de Piqu¨¦, da la casualidad que estaba ah¨ª cuando se desarroll¨® la ingenier¨ªa financiera de Ercros/Ertoil, con un papel significativo cuando no esencial. Nos lo encontramos siempre. Piqu¨¦ fue el creador de la estrategia corporativa de Ercros, estuvo en el n¨²cleo de direcci¨®n que adopt¨® las decisiones de venta (del 'vaciado' de Ercros en aquellos tres a?os vertiginosos), particip¨® en la venta de Ertoil y la protocoliz¨® negoci¨¢ndose una rebaja en el precio final, y unos d¨ªas despu¨¦s de la culminaci¨®n de la venta de Ertoil, y tras la salida de Ercros de sus principales dirigentes, fue designado consejero delegado y luego presidente, cargo desde el cual ejecut¨® la c¨¦lebre suspensi¨®n de pagos.

Es de sentido com¨²n que alguien a quien se eleva a ese puesto tuviera mucho que ver con las decisiones b¨¢sicas de Ercros en la ¨¦poca inmediatamente anterior. Es de sentido com¨²n pensar que Piqu¨¦, cuando menos, puede aportar ahora -no dentro de meses o a?os como pretenden Aranda y Cardenal- datos capitales para que la justicia avance en la investigaci¨®n del caso Ercros/Ertoil. ?se es el sentido com¨²n que han tenido los fiscales del Tribunal Supremo, al aprobar el informe de Bartolom¨¦ Vargas solicitando que, ante la necesidad de que el aforado Piqu¨¦ declare en las causas abiertas sobre Ercros, asuma la competencia sobre ¨¦stas el Tribunal Supremo. Porque la investigaci¨®n, sin necesidad de conspiraciones ni 'cacer¨ªas' pol¨ªticas, lleva indefectiblemente a Piqu¨¦, una y otra vez. Hay s¨®lidos indicios delictivos -a¨²n no se trata de pruebas en un juicio- en las actuaciones de venta de activos de una compa?¨ªa como Ercros en la que Piqu¨¦ tuvo una alta capacidad de decisi¨®n, junto a otros directivos, y cuya declaraci¨®n es imprescindible.

Pero ese sentido com¨²n no lo tiene el presidente del Gobierno que afor¨® y blind¨® a Piqu¨¦ desde 1996, ni el fiscal general del Estado que lo defiende denodadamente hasta estar dispuesto a dar la orden de no perseguir delitos que indiciariamente surgen de la investigaci¨®n. Y as¨ª, el Gobierno y el fiscal general de ¨¦ste han convertido el caso Ercros en el caso Piqu¨¦. Todo para salvarlo de acudir al Supremo a colaborar con la justicia -no se le acusa, s¨®lo se le pide que declare-, como han hecho todo el Consejo de Administraci¨®n de Ercros en la causa de Barcelona y todos los directivos pertenecientes a su n¨²cleo de decisi¨®n en la causa de Madrid, todos.... excepto Piqu¨¦.

En el caso Ercros, paralizado por la resistencia a que Piqu¨¦ declare, nos jugamos mucho m¨¢s que su foto ante un tribunal. Las cosas han llegado a un extremo en que es el principio de independencia de la justicia (de jueces y de fiscales) el que est¨¢ en juego. Como est¨¢ en juego la igualdad de todos los espa?oles ante la justicia. Como tambi¨¦n lo est¨¢ el principio de legalidad -por encima de la jerarqu¨ªa (art. 124 de la Constituci¨®n)- que obliga a perseguir todos los delitos incluso cuando puede estar implicado un ministro, y si un juez o fiscal no lo hace incurre a su vez en delito.

Las maniobras del fiscal general nos hace temer las peores hip¨®tesis: que instrumentalice al fiscal Aranda y a la Junta de Fiscales de Sala, ¨®rgano no especializado en lo penal, pensado para otra cosa que para oponerse a un informe de imputaci¨®n de Piqu¨¦ aprobado por quienes lo han estudiado m¨¢s, la Junta de Fiscales de Secci¨®n de lo Penal. El fiscal encargado del caso, Vargas, tiene el caso desde hace m¨¢s de tres a?os, la Junta de Fiscales de Secci¨®n tuvo su informe m¨¢s de un mes; la Junta de Fiscales de Sala que utilizar¨¢ Cardenal lo ha tenido una semana. Da igual cuando la decisi¨®n est¨¢ tomada, y cuando ni una hoja del ¨¢rbol de la justicia puede moverse sin que lo permita el soplo divino gubernamental.

Sin embargo, el caso Ercros va a colocar a cada cual en su sitio; frente a sus responsabilidades y frente a los ciudadanos que sostienen una Justicia para que ¨¦sta sea independiente de cualquier poder, divino o humano.

Diego L¨®pez Garrido es secretario general de Nueva Izquierda y denunciante del caso Ercros/Ertoil, en el que ejerce la acci¨®n popular.