Seis colegios de ¨¦lite concertados por Ense?anza no reun¨ªan ni un solo requisito

USTEC present¨® un recurso contencioso administrativo contra la concesi¨®n de conciertos a los centros S¨²nion, SIL y Saint Paul's School, de Barcelona; Pere Verg¨¦s, de Badalona, y Viar¨®, La Farga y La Vall, situados en el Vall¨¨s Occidental y vinculados al Opus Dei. Entre otros argumentos, el sindicato consideraba que vulneraban la normativa legal que establece que los centros escolares receptores de subvenci¨®n deben ofrecer la ense?anza de forma gratuita.

La Saint Paul's School, por ejemplo, cobra mensualidades de 100.000 pesetas, y los otros centros camuflan a trav¨¦s de fundaciones honorarios incluso superiores. Estos centros, como se ha visto ahora con los informes de la inspecci¨®n, tampoco cumpl¨ªan los requisitos que exige la legislaci¨®n vigente para ser subvencionados: satisfacer necesidades de escolarizaci¨®n o atender a poblaci¨®n escolar de condiciones socioecon¨®micas desfavorables. Los conciertos a estos centros supondr¨¢n al erario p¨²blico cerca de 1.000 millones de pesetas el curso que viene.

Al admitir a tr¨¢mite el recurso el alto tribunal abr¨ªa, adem¨¢s, la posibilidad de acceder a la documentaci¨®n que recoge las razones y el procedimiento por el que la Generalitat decide financiar estos centros y las condiciones en las que lo hace, ya que el TSJC obligaba a Ense?anza a entregar los expedientes para ponerlos a disposici¨®n de la parte denunciante. Ense?anza se resisti¨® hasta que hace una semana el TSJC amenaz¨® con multar al departamento si no los entregaba.

Informes incompletos A juicio del sindicato, sin embargo, los expedientes 'son incompletos'. 'La Administraci¨®n ha escondido mucho', dijo ayer el portavoz de USTEC, Carles Mart¨ªnez. El sindicato pedir¨¢ hoy al tribunal que obligue a Ense?anza a entregar, entre otras cosas, las inspecciones de los a?os anteriores, en los que se deneg¨® el concierto a estos centros, y tambi¨¦n los documentos administrativos y del consejo educativo que hacen referencia a la fiscalizaci¨®n, a las condiciones que el centro se compromete a cumplir a cambio del dinero p¨²blico que recibe y a los detalles concretos del concierto. '?C¨®mo se gestiona y qu¨¦ deberes genera un concierto educativo?', se pregunt¨® ayer Mart¨ªnez. 'Ense?anza ten¨ªa que haber incorporado estos documentos al expediente. No entendemos por qu¨¦ no lo ha hecho'.

Pese a todo, la documentaci¨®n hecha p¨²blica ayer por USTEC abre una importante brecha en el opaco sistema por el que el Gobierno catal¨¢n reparte cada a?o fondos p¨²blicos por valor de 110.000 millones de pesetas a centros educativos privados, y no parecen muy s¨®lidas las razones. La solicitud del colegio Viar¨®, por ejemplo, incluye una nota en el apartado de observaciones que dice: 'En el curso 2000-2001 nos concedieron seis unidades cuando s¨®lo ten¨ªamos cuatro. Pedimos un cambio y en fecha de hoy todav¨ªa no tenemos respuesta'.

M¨¢s curiosos a¨²n son los informes de los inspectores. Tres de ellos son directamente desfavorables, pero otros tres indican que el centro no reune ning¨²no de los requisitos exigidos, y sin embargo, el inspector pone una cruz en la casilla que propone informar 'favorablemente con las consideraciones antes expuestas'.USTEC pidi¨® ayer la dimisi¨®n inmediata de la consejera Carme-Laura Gil. El impacto pol¨ªtico de los informes ha sido inmediato. A lo largo de la tarde se fueron sumando todos los partidos de la oposici¨®n. La socialista Montse Duch pidi¨® a Jordi Pujol que se plantee la sustituci¨®n de la consejera, al igual que el portavoz de IC-V, Joan Boada, que acus¨® a la titular de Ense?anza de seguir criterios de 'clientelismo y amiguismo' a la hora de conceder los conciertos.

Josep Bargall¨®, de ERC, reclam¨® a la Generalitat que realice las auditor¨ªas sobre la contabilidad de los colegios concertados que le pidi¨® el Parlament en proposici¨®n no de ley cuya votaci¨®n perdi¨® el Gobierno de CiU por el error de tres de sus diputados y que la consejera descalific¨® como 'ilegal e imposible'. Ayer, un portavos de Ense?anza se limit¨® a decir: 'Esperemos a que los tribunales decidan'. Seg¨²n estas fuentes, los tribunales les dar¨¢n la raz¨®n porque 'no se deben confundir los criterios para conceder los conciertos con los requisitos para obtenerlos'.

Los informes de los inspectores de Ense?anza no son vinculantes, pero en este caso echan por tierra el argumento esgrimido por la consejera Gil desde que se supo que hab¨ªa concedido subvenciones a estas escuelas para ricos: que estaba legalmente obligada a concederlos porque cumpl¨ªan los requisitos. Los documentos hechos p¨²blicos ayer muestran que Gil otorg¨® estas subvenciones en contra de lo que opinaban los expertos de su departamento y exclusivamente por razones pol¨ªticas.

Otro de los argumentos de la consejera era que estos centros hab¨ªan obtenido el concierto antes de que ella se hiciera cargo del departamento en 1999 y que durante su mandato s¨®lo se hab¨ªan producido las l¨®gicas renovaciones, y fue rebatido ayer por el abogado de USTEC Juanjo Falc¨®, que explic¨® el subterfugio del que se serv¨ªa Ense?anza para esconder su responsabilidad en estas subvenciones y hacer que pareciera que ya las ten¨ªan. De los siete centros de ¨¦lite objeto del recurso de USTEC, s¨®lo La Vall hab¨ªa sido concertado por el predecesor de Gil en Ense?anza. A los otros seis se les hab¨ªa negado sistem¨¢ticamente el concierto. Con la llegada de Gil, se les neg¨® de nuevo, para admitir a continuaci¨®n el recurso que presentaron contra la negativa. De este modo, la concesi¨®n del concierto aparec¨ªa como una renovaci¨®n.

'Hemos abierto la caja de los truenos', dec¨ªa ayer Mart¨ªnez, 'ahora queremos saber c¨®mo se hacen los conciertos, c¨®mo se justifican y cual ha sido el funcionamiento oculto de Ense?anza durante todos estos a?os'. El portavoz de USTEC considera que las subvenciones a estos centros de ¨¦lite 'tienen una dimensi¨®n pol¨ªtica clara y demuestran la apuesta pol¨ªtica del Gobierno de la Generalitat en favor de la escuela privada'. La financiaci¨®n de centros privados y el decreto de matriculaci¨®n que favorece la creaci¨®n de guetos escolares en la escuela p¨²blica son, seg¨²n Mart¨ªnez, las dos patas de la pol¨ªtica educativa del Gobierno de CiU.