La necesaria firmeza y tenacidad del TPI

Hace ahora tres a?os, el 17 de julio de 1998, se firmaba en Roma el Estatuto del futuro Tribunal Penal Internacional (TPI). M¨¢s de cien pa¨ªses asum¨ªan con su firma los prop¨®sitos del futuro TPI, cuya idea central no es otra que el juzgar, bajo el principio de justicia universal, a los autores de determinada categor¨ªa de cr¨ªmenes cuando su propio pa¨ªs no pueda o no quiera juzgarlos por su propia jurisdicci¨®n territorial.

?Cu¨¢l es el balance que puede hacerse sobre estos tres a?os y la situaci¨®n actual? La respuesta ha de ser ambivalente. Por una parte, de los 139 pa¨ªses hasta la fecha firmantes, ya son 36 (el ¨²ltimo fue Suecia hace escasas fechas) los que han ratificado dicho Estatuto a trav¨¦s de sus Parlamentos respectivos. Ello constituye ya el 60% de las 60 ratificaciones necesarias para iniciar su funcionamiento operativo. En los ¨²ltimos dos meses se han registrado nada menos que siete adhesiones, y este ritmo es la parte positiva que hay que se?alar en el momento actual. Caso de mantenerse tal ritmo, antes de un a?o se habr¨ªan superado las 60 adhesiones necesarias. Pero ese excelente ritmo no se va a mantener, y ahora veremos por qu¨¦.

?Y la parte negativa? Existe y es muy seria, como consecuencia de los siguientes factores:

1. En primer lugar, y como vicio de origen, los Estados Unidos hicieron sentir su peso durante los debates de Roma para conseguir un Estatuto que rebajara considerablemente las atribuciones del TPI, el cual, por a?adidura, tropez¨® con las reticencias de otras grandes potencias como Rusia y China. Una vez conseguida esa fuerte rebaja, los mismos Estados Unidos negaron y siguen negando su adhesi¨®n al Estatuto. Pero no s¨®lo niegan su adhesi¨®n al TPI, sino que importantes fuerzas pol¨ªticas y destacados parlamentarios norteamericanos buscan su desactivaci¨®n, su neutralizaci¨®n, y algunos de gran peso, su destrucci¨®n.

2. Resulta necesario recordar una vez m¨¢s, por lo que tienen de ilustrativas, las palabras del senador Jesse Helms (presidente por muchos a?os y hasta hace bien pocas fechas de la poderosa Comisi¨®n de Relaciones Exteriores del Senado): 'El TPI es un monstruo y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devor¨¢ndonos'. 'Tenemos que aniquilar ese monstruo. Votar en contra del TPI no es suficiente. Los EE UU deber¨ªan acabar con ¨¦l'. 'Mientras yo siga respirando, los EE UU nunca permitir¨¢n -y repito, nunca- que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Penal Internacional'. (Financial Times, 31-7-98). A todo lo cual a?ad¨ªa Helms su firme prop¨®sito de 'garantizar que ning¨²n soldado estadounidense estar¨¢ nunca sometido a la jurisdicci¨®n de un Tribunal Penal Internacional'.

3. Aunque los cambios producidos como resultado del abandono del Partido Republicano por el senador Jeffords han desplazado a Helms de la presidencia de la citada comisi¨®n, adem¨¢s de proporcionar una mayor¨ªa dem¨®crata al Senado, estos cambios, aunque positivos y esperanzadores, no resuelven el problema en cuesti¨®n. En efecto -y esto ya no es 'vicio de origen', sino problema coyuntural serio y absolutamente actual-, el obst¨¢culo no radica s¨®lo en Hesse Helms, ni ¨²nicamente en los conocidos 'halcones' del partido republicano. Por desgracia son muchos los parlamentarios, tanto republicanos como dem¨®cratas -en el Senado y en la C¨¢mara de Representantes-, que abundan en las posiciones adversas al TPI.

4. Ello ha podido comprobarse, de forma tan inequ¨ªvoca como preocupante, con la presentaci¨®n del American Servicemembers' Protection Act (ASPA), pieza legal concebida como una aut¨¦ntica carga de dinamita contra el proceso de ratificaci¨®n y puesta en vigor del TPI. Esta Acta de Protecci¨®n de los ciudadanos americanos que prestan servicio en distintos lugares del mundo (militares y miembros de las diversas agencias estatales) forma parte central -seg¨²n manifiesta su introductor en la C¨¢mara de Representantes, el republicano Thomas DeLay, en escrito dirigido al secretario de Estado Colin Powell- de lo que llama 'una amplia estrategia para frenar la avalancha considerada enfermiza (ill-considered rush) de pa¨ªses extranjeros, muchos de ellos amigos de los EE UU, dispuestos a ratificar el Estatuto de Roma que establece el TPI'.

5. Entre otros puntos de gran dureza previstos por el ASPA, su Secci¨®n 7 requiere 'la suspensi¨®n de la asistencia militar a la mayor¨ªa de los pa¨ªses que ratifiquen el Estatuto de Roma, hasta que tales pa¨ªses alcancen un acuerdo con los EE UU respecto al art¨ªculo 98 del citado Estatuto, prohibiendo al TPI la persecuci¨®n del personal norteamericano presente en el respectivo pa¨ªs. Esta provisi¨®n -contin¨²a el escrito de DeLay, promotor del ASPA- fue dise?ada para dar a los pa¨ªses que est¨¢n considerando ratificar el Estatuto de Roma una raz¨®n para no hacerlo, y tambi¨¦n para dar a los EE UU la necesaria fuerza negociadora para los acuerdos sobre el citado art¨ªculo 98 con aquellos pa¨ªses que ya lo han ratificado'.

6. Este maquiav¨¦lico planteamiento, si este instrumento es finalmente convertido en ley, podr¨¢ tener un doble y nefasto efecto sobre el Estatuto: conseguir que no lo ratifiquen ciertos pa¨ªses que a¨²n no lo han hecho, y conseguir que otros s¨®lo lo hagan -o incluso si ya lo han hecho- estableciendo acuerdos bilaterales con EE UU que excluyan la entrega por su parte de personal norteamericano al citado Tribunal. Ello debilitar¨ªa a ¨¦ste de forma inadmisible, al dejar fuera de su alcance a los miembros de un determinado pa¨ªs, y supondr¨ªa un intolerable quebranto moral del TPI, al proclamar que ¨¦ste puede juzgar a criminales de cualquier naci¨®n con excepci¨®n de una de ellas, cuya condici¨®n de gran potencia la excluir¨ªa de su pretendida jurisdicci¨®n universal.

7. Y aqu¨ª viene lo peor: el ASPA, as¨ª concebida y redactada, ha sido aprobada por la C¨¢mara de Representantes el pasado 8 de mayo por la aplastante mayor¨ªa de 282 a 137, lo que demuestra que no s¨®lo los republicanos, sino tambi¨¦n no pocos parlamentarios dem¨®cratas apoyan esta posici¨®n de rechazo al TPI. Esta misma realidad, extrapolada al Senado, arroja un preocupante pron¨®stico. La mayor¨ªa dem¨®crata de 50-49 producida por la decisi¨®n de Jeffords, con ser importante por los cambios de presidencia en todas las comisiones del Senado, s¨®lo podr¨¢ de momento entorpecer, pero no impedir, que no pocos senadores dem¨®cratas se pronuncien tambi¨¦n a favor de cortar las alas al TPI. Con ello, el ASPA se convertir¨ªa en ley. En una ley que perjudicar¨ªa seriamente el proceso de ratificaci¨®n y puesta en marcha del TPI, e incluso su funcionamiento posterior. ?sa y no otra es su intenci¨®n.

Frente a esta actitud y este prop¨®sito de los legisladores norteamericanos, y frente a las reticencias que todav¨ªa mantienen Rusia y China, la posici¨®n del resto de los pa¨ªses, particularmente los m¨¢s significativos en el escenario internacional, s¨®lo puede ser una: la de mantener, con la m¨¢xima firmeza, una posici¨®n extraordinariamente vigorosa, tenaz e irreductible en la defensa de ese logro (aunque en versi¨®n todav¨ªa tan imperfecta) que es el Estatuto de Roma para el futuro Tribunal Penal Internacional.

El prop¨®sito de los Estados Unidos de blindar a sus 'servicemembers', situados en cualquier lugar del mundo, contra la jurisdicci¨®n del TPI, as¨ª como los recelos de otras potencias que temen verse acusadas en su d¨ªa, no puede ni debe paralizar al resto de la humanidad respecto a una meta tan leg¨ªtima y tan necesaria como es el establecimiento de un futuro Tribunal Penal Internacional capaz de juzgar a aquellos grandes criminales y genocidas que consigan eludir la justicia en su propio pa¨ªs.

Hay que resistir con firmeza el insidioso efecto del ASPA, aunque moment¨¢neamente consiga frenar el ritmo de esa 'avalancha enfermiza' -curioso nombre- de pa¨ªses dispuestos a la ratificaci¨®n, y aunque consiga evitar que se alcance la cifra de 60 Estados Parte antes de un a?o, impidiendo que el cuarto aniversario del Estatuto coincida con su puesta en vigor. Si la puesta en marcha del TPI no coincide con el cuarto aniversario (2002), coincidir¨¢ con el quinto (2003). Pero eso es todo lo que la comunidad internacional puede aguantar, eso es lo m¨¢ximo que se puede permitir: un simple retraso, pero nunca esa 'destrucci¨®n del monstruo' que preconiza Jesse Helms. De hecho, eso que Helms percibe como un monstruo, con su delirante visi¨®n 'usac¨¦ntrica' -perm¨ªtasenos el horrendo vocablo-, es en realidad un digno instrumento, absolutamente necesario para la humanidad a la hora de ejercer su defensa propia contra los grandes criminales que tantas veces en la historia han actuado al amparo de la m¨¢s vergonzosa impunidad local.

Fuerza, perseverancia, tenacidad. Resistencia frente a todos los obst¨¢culos y maniobras que todav¨ªa se opondr¨¢n al establecimiento del TPI, incluso en su primera y floja versi¨®n de Roma 1998. Nada ni nadie podr¨¢ impedir que llegue un d¨ªa -aunque nosotros no lo veamos- en que la humanidad dispondr¨¢ de un fuerte Tribunal Penal Internacional, universalmente aceptado, con otro Estatuto de muy superior potencia y efectividad.

Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional del INACS.