'La justicia internacional tiene que ser r¨¢pida'

Magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo, Joaqu¨ªn Mart¨ªn Canivell (Toledo, 1930) es el primer juez espa?ol que forma parte de una corte de justicia internacional. Nombrado por Naciones Unidas magistrado del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), Mart¨ªn Canivell, instructor en el Supremo de los casos G¨®mez de Lia?o y Pascual Estevill, es un experto en derecho penal internacional de talante progresista, que estudi¨® criminolog¨ªa en Harvard y que, desde los setenta, representa a Espa?a en congresos jur¨ªdicos de la ONU.

Su formaci¨®n, su dominio del ingl¨¦s y el franc¨¦s -las dos lenguas oficiales del TPIY, tribunal que preside el franc¨¦s Claude Jorda- y, sobre todo, su firme creencia en la necesidad de que exista una justicia internacional, le llevaron a presentarse para formar parte del tribunal. Fue elegido por 117 votos sobre 180 para ocupar una de las 27 plazas con las que la ONU pretende reforzar este tribunal, que hasta ahora contaba con 16 magistrados. Como juez ad litem, estar¨¢ a disposici¨®n de la corte de La Haya para los casos concretos que se le adjudiquen.

'Lo perfecto ser¨ªa que existiese un tribunal penal internacional permanente'

'Cuando me otorguen un caso tendr¨¦ que estar all¨ª permanentemente', se?ala Mart¨ªn Canivell en su despacho del Tribunal Supremo en Madrid. 'La justicia internacional tiene que ser tan r¨¢pida como sea posible. No apresurada, pero s¨ª r¨¢pida. Si pasa demasiado tiempo entre la comisi¨®n del hecho y la sanci¨®n penal, lo que ocurre es que pierde ese sentido de cercan¨ªa en el tiempo y hace que la gente tienda a considerar que no es tan grave', agrega el magistrado, quien cree que la decisi¨®n de la ONU de aumentar el n¨²mero de jueces tiene que ver con la necesidad de acelerar los casos pendientes del TPIY, que tiene bajo su custodia a 39 detenidos, 10 de ellos en espera de juicio. Otros 25 acusados se encuentran fugados.

Uno de los argumentos que esgrimi¨® el ex dictador yugoslavo Slobodan Milosevic en su primera comparecencia en La Haya fue que no era un tribunal leg¨ªtimo, porque no hab¨ªa sido creado por la Asamblea General de la ONU, sino por la resoluci¨®n 837 del Consejo de Seguridad. 'El Consejo de Seguridad tiene facultades para tomar medidas cuando haya peligro para la paz mundial. Consideraron que, con los graves delitos cometidos en la ex Yugoslavia, se daba el caso. Hay pa¨ªses que piensan que debi¨® reunirse un congreso concreto para poner en marcha el tribunal. Hubiera sido m¨¢s irreprochable si cabe, pero hubiera determinado el paso de muchos a?os antes de la creaci¨®n del TPIY. Un tribunal que se hubiera constituido 12 o 14 a?os despu¨¦s de la comisi¨®n de los hechos no hubiera sido eficaz. En cualquier caso, es un procedimiento leg¨ªtimo'.

Otra duda que ha planteado el proceso contra Milosevic es lo que la antigua investigadora del TPIY, la abogada estadounidense Nancy Paterson, ha llamado 'la ausencia de pistola humeante'. Al igual que en los casos relacionados con la Mafia, no es f¨¢cil encontrar pruebas contra la persona que se encuentra en la c¨²spide de una cadena de mando. 'Nunca son personas que cometen por su propia mano los hechos. Son los instigadores, los inductores y, por tanto, no se les puede pillar con una pistola humeante; pero hay otros medios de prueba. El hecho de haber realizado una cosa sin la cual los hechos no se hubiesen cometido le constituye en tan autor como el autor material. Y no s¨®lo se busca a los autores, sino tambi¨¦n a los instigadores, a los c¨®mplices', se?ala.

Primer intento desde la II Guerra Mundial de poner en marcha una justicia universal por cr¨ªmenes contra la humanidad, el TPIY se enfrenta a numerosos problemas, desde la falta de polic¨ªa propia hasta la imposibilidad de poner en libertad condicional a las personas que han sido capturadas. 'Hay que ser r¨¢pidos en la resoluci¨®n de los casos. No es deseable nunca que la resoluci¨®n de un caso se retrase y lo es todav¨ªa menos cuando hay personas cuya prisi¨®n preventiva se puede prolongar de manera inmoderada'.

En cuanto a la aplicaci¨®n de las penas, que pueden llegar hasta la cadena perpetua, el TPIY prev¨¦ que se puedan cumplir en prisiones de pa¨ªses que lo soliciten. Hasta ahora, adem¨¢s de Holanda, lo han hecho siete Estados, entre ellos Espa?a. La legislaci¨®n que se aplica es la de cada pa¨ªs, aunque, como explica Mart¨ªn Canivell, 'para que los presos puedan acceder a beneficios penitenciarios tendr¨¢n que consultar con La Haya'.

El derecho penal internacional para la persecuci¨®n de cr¨ªmenes de guerra se ha ido formando lentamente. Por ahora funcionan los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, aunque para que se ponga en marcha la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto fue aprobado en Roma en 1998, todav¨ªa queda un largo camino: de los 60 Estados necesarios para que inicie su labor, s¨®lo lo han ratificado 36. Mart¨ªn Canivell asegura que la detenci¨®n en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet represent¨® un punto de inflexi¨®n para la justicia porque 'frente al principio de territorialidad de las leyes penales, se abri¨® la posibilidad de que algunos delitos, dada su gravedad, puedan ser juzgados en cualquier pa¨ªs en que esa persona se encuentre'.

'Lo perfecto ser¨ªa que hubiese un tribunal permanente. Pero tribunales como los de la ex Yugoslavia o Ruanda van satisfaciendo ese sentimiento cada vez m¨¢s generalizado de que hay delitos que no pueden quedar impunes', agrega.