El Gobierno niega ayudas a v¨ªctimas de bombas por encargo

El 27 de enero de 1987 el envio de un paquete desde la oficina de Seur en Burgos trunc¨® la vida de una familia pamplonesa. Cuando Francisco Javier Biurrun, 43 a?os, industrial agropecuario, abri¨® el bulto, un dispositivo activ¨® el explosivo y su cuerpo se parti¨® en dos. El empresario muri¨® en el acto. Otros ocho empleados, entre ellos su mujer, Lourdes Arbunies, resultaron heridos.

Ahora, 14 a?os despu¨¦s, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud de indemnizaci¨®n de 23 millones de pesetas por fallecimiento reclamada por su viuda al amparo de la Ley de Solidaridad con las V¨ªctimas del Terrorismo. Una ley, aprobada en 1999, en la que esta mujer y sus dos hijos, que perdieron el negocio familiar, hab¨ªan depositado su confianza. Sobre todo, porque se aprob¨® para indemnizar a las v¨ªctimas de las bandas terroristas, sin excepciones.

'Mi atentado cre¨® terror y se hizo a la manera de los terroristas. ?Qui¨¦n puede decir que no fue terrorismo?'

La viuda de Biurrun ha recurrido la negativa del Gobierno y su petici¨®n ha vuelto a ser rechazada por segunda vez. Ahora prepara su tercer recurso. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la familia, el Ministerio del Interior argumenta que no existen datos que avalen que se trata de un acto terrorista de un grupo armado.

Oficiales de la Guardia Civil que investigaron el caso comunicaron a los Biurrun y a otras siete familias que sufrieron atentados similares que los paquetes bomba eran de fabricaci¨®n militar y que su dise?o y mecanismo s¨®lo figuraban en manuales del Ej¨¦rcito. Esta circunstancia y la negativa del Gobierno a indemnizarles provoca en algunos familiares la siguiente reflexi¨®n: 'Para muchos el ¨²nico terrorismo que existe es el de ETA. No se imaginan otro tipo de terrorismo, desconocido y encubierto por las personas que se supone deben protegernos. Un terror que ha destrozado nuestra vida'.

El caso de Biurrun sigue abierto en el juzgado n¨²mero 2 de Pamplona, cuya titular es Aurora Ruiz, gracias a la tenacidad de Lourdes Arbunies, que pelea sola para saber qui¨¦n asesin¨® a su esposo. Los Biurrun no ocultan su desaz¨®n por el 'nulo inter¨¦s' de la polic¨ªa en desvelar el caso.

Esta bomba y otras dos enviadas un a?o despu¨¦s a dos empresarios del sector agropecuario, Jes¨²s Delgado y Antonio D¨ªaz Rega?on, en Socu¨¦llamos (Ciudad Real) y Palencia, fueron confecciadas por las mismas manos y su dise?o aparece exclusivamente en manuales de uso militar, seg¨²n se?ala un informe policial.

Las investigaciones dirigidas primero a ETA y luego a la competencia del industrial derivaron en la relaci¨®n de la v¨ªctima con el capit¨¢n de la Guardia Civil Gil S¨¢nchez Valiente, el hombre del malet¨ªn en la intentona golpista del 23-F. Biurrun se hab¨ªa entrevistado dos meses antes con ¨¦l, hu¨ªdo entonces en Estados Unidos, para ofrecerle la representaci¨®n de sus productos agropecuarios. S¨¢nchez Valiente niega cualquier relaci¨®n con los hechos.

Juan Goyeneche Moreno, 61 a?os, conde de Ruiz Castilla, tuvo m¨¢s suerte que Biurrun pero su vida se ha convertido en un infierno desde que el 16 de octubre de 1992 abri¨® un paquete bomba en su domicilio madrile?o. Perdi¨® un ojo, la mano derecha, dos dedos de la izquierda y masa muscular de ambos muslos. La Seguridad Social le reconoci¨® su minusvalia, pero Interior le acaba de negar la indemnizaci¨®n de 65 millones de pesetas que concede la nueva ley para los casos de gran invalidez. 'No se puede considerar que en este caso se est¨¦ ante el supuesto de actuaci¨®n de una banda armada, pues no ha existido reivindicaci¨®n alguna sobre la autor¨ªa, desconoci¨¦ndose la intencionalidad con que fue realizado', se?ala la resoluci¨®n de Interior. ?sta se apoya en una sentencia de la Audiencia Nacional. 'La obligaci¨®n de resolver este caso la tiene la polic¨ªa. ?Recibir un paquete-bomba en tu casa no es ser v¨ªctima de un acto terrorista?', se pregunta su letrado. Cristina Ordov¨¢s, esposa de Goyeneche, es hija del general que presidi¨® el Consejo de Guerra de Burgos que conden¨® a muerte a varios miembros de ETA. La polic¨ªa investig¨® sin ¨¦xito m¨®viles econ¨®micos.

El cineasta catal¨¢n Luis Rodr¨ªguez Aller todav¨ªa se pregunta qui¨¦n y por qu¨¦ le envi¨® a su casa de Barcelona un paquete-bomba en abril de 1987. Sufri¨® la amputaci¨®n de un dedo y graves lesiones en otros dos, adem¨¢s del cuello y t¨®rax. Su madre result¨® herida. La solicitud que remitieron a Interior antes de la nueva ley tambi¨¦n fue rechazada. 'Mi atentado cre¨® terror y se hizo a la manera de los terroristas. ?Qui¨¦n puede decir que no fue un atentado terrorista? Adem¨¢s de no saber qui¨¦n nos atac¨® no se reconoce ni nuestro dolor', dice.

Las familias del matrimonio formado por Mar¨ªa del Carmen Puertas, de 30 a?os, y Luis Armero, de 39, muertos al explotar un paquete bomba en Torre Pacheco (Murcia) no han reclamado indemnizaci¨®n, seg¨²n uno de sus hermanos. La ¨²nica familia que ha logrado una restituci¨®n de 23 millones y una condecoraci¨®n ha sido la del asesor burs¨¢til Jos¨¦ Antonio P¨¦rez Herrero, de 35 a?os, muerto en 1990 en Valencia al abrir un bulto. 'La Audiencia Nacional lo archiv¨® por falta de autor¨ªa, pero lo calific¨® de acto terrorista', dice su suegro.