Tres jueces describen un 'sistema corrupto que hace necesario' interrogar a Chirac

El auto incluye detalles que 'hacen necesario' el interrogatorio del presidente. Los tres jueces confiesan su impotencia para preguntar a Chirac y, en su caso, para procesarle no porque los indicios contra ¨¦l se deshinchen, sino por la 'imposibilidad constitucional' en que se encuentran, en tanto que simples jueces, para tomar esas iniciativas. Pero argumentan la necesidad de saber 'el nivel de conocimiento que en su doble calidad de alcalde de Par¨ªs y de presidente de Uni¨®n por la Rep¨²blica (RPR) ten¨ªa [Chirac] de las actividades de diversos procesados [en este sumario] a favor de la financiaci¨®n de su movimiento, as¨ª como del origen de las sumas en efectivo conservadas en la alcald¨ªa de Par¨ªs'.

Adem¨¢s de recordar escenas como la descrita en su d¨ªa por Jean-Claude M¨¦ry, ex financiero del partido neogaullista que explic¨® una entrega de cinco millones de francos en efectivo (125 millones de pesetas) en presencia de Chirac, el auto judicial recoge abundantes testimonios sobre Michel Roussin, ex jefe de gabinete de Chirac, se?alado por empresarios y pol¨ªticos como el jefe del 'Estado Mayor del presidente del RPR' y el encargado de alimentar la caja negra de las comisiones.

Alguno de los empresarios afectados ha contado a los jueces c¨®mo se resisti¨® a las presiones de Roussin para soltar la pasta. 'Roussin me convoc¨® a su despacho del Ayuntamiento y tom¨® la palabra para decirme que era preciso que yo pagase los 500.000 francos correspondientes al negocio de Limours. (...) Roussin me precis¨® que era necesario pagar en efectivo. Lo presentaba como una especie de deuda debida a compromisos anteriores de la empresa y consecuencia de la obtenci¨®n del liceo de Limours. Recuerdo que me dijo: 'Usted tiene el liceo de Limours, usted debe 500.000 francos'. A partir de ah¨ª, un regateo de cifras entre el empresario y la mano derecha de Chirac.

La cuesti¨®n m¨¢s evidente es si el jefe de gabinete de Chirac y la pl¨¦yade de 'financieros' del RPR -que repart¨ªan con otros partidos, incluido el socialista- actuaban por cuenta propia o por la de su jefe. Como los jueces de instrucci¨®n no pueden pregunt¨¢rselo, sugieren que lo haga el Alto Tribunal, una jurisdicci¨®n pol¨ªtica integrada por 12 diputados y 12 senadores, que no se ha reunido nunca en la V Rep¨²blica y que, seg¨²n la Constituci¨®n, es la ¨²nica instancia que puede juzgar al presidente. Para que ese ¨®rgano intervenga, ser¨ªa necesario un acuerdo previo de las dos c¨¢maras, hoy por hoy impensable.

El hecho de que ese camino est¨¦ cegado explica las pol¨¦micas que se han producido en el seno de la fiscal¨ªa sobre si se deb¨ªa recurrir o no contra la decisi¨®n de los jueces de declararse incompetentes; finalmente, el recurso ha sido presentado y un tribunal superior habr¨¢ de aclarar si existe alg¨²n ¨®rgano de la jurisdicci¨®n ordinaria capaz de interrogar al jefe del Estado.

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Raymond Forni, y la Mesa de esta C¨¢mara deliberan hoy sobre la declaraci¨®n patrimonial de Chirac, cuyo env¨ªo ha solicitado uno de los tres jueces instructores. Estas declaraciones patrimoniales de los diputados y de otros pol¨ªticos fueron establecidas precisamente por impulso de Chirac cuando ¨¦ste era primer ministro, 'para poner fin, de manera anticipada, a las sospechas' de que 'el cumplimiento de un mandato electivo o el ejercicio de una funci¨®n p¨²blica puede ser una ocasi¨®n de enriquecimiento indebido', seg¨²n argument¨® en defensa del proyecto el 2 de febrero de 1988.

Pero el entorno del El¨ªseo lleva advirtiendo desde el s¨¢bado pasado de que nadie espere que los 'fondos reservados' se reflejen en la declaraci¨®n patrimonial de Chirac, 'como tampoco en la de ning¨²n otro miembro del Gobierno, presente o pasado'.