Examen en septiembre
Los dos partidos mayoritarios han suspendido la asignatura de la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha quedado aplazada hasta nuevo examen en septiembre. El veto del PP a la candidata que hab¨ªa propuesto el PNV, la diputada Margarita Ur¨ªa, degener¨® en la ruptura de todos los preacuerdos alcanzados tanto para el Poder Judicial como para el Tribunal de Cuentas. El argumento de que no es conveniente que haya un trasvase directo entre representantes de diversos poderes del Estado -en este caso, del legislativo al judicial- merece ser valorado y podr¨ªa incluso recogerse en una especie de c¨®digo suscrito al menos por los dos partidos mayoritarios, que est¨¢n obligados a ponerse de acuerdo para alcanzar la mayor¨ªa parlamentaria de tres quintos exigida para el caso. Pero introducirlo en pleno desarrollo de las negociaciones, cuando el partido que invoca este principio lo ha vulnerado en multitud de ocasiones, suena a veto nominal.
Es cierto que en la primera lista consensuada por el PP y el PSOE no figuraba la candidata de los nacionalistas vascos. Los socialistas trataron de corregir ayer este error estrat¨¦gico, que despu¨¦s de quince a?os dejaba al PNV fuera de una de las instituciones b¨¢sicas de nuestro sistema constitucional. Para ello propusieron ceder uno de los siete puestos que les correspond¨ªan. El PP mantuvo su rechazo por tratarse de una diputada. En id¨¦nticas circunstancias, los populares no tuvieron empacho en 1996 en apoyar al tambi¨¦n diputado nacionalista Emilio Olabarr¨ªa. Claro, que eran otros tiempos y Aznar gozaba entonces de un pacto de legislatura con el PNV. Hoy, incluso m¨¢s que entonces, hay razones de peso para que el PNV no quede fuera del Poder Judicial por un criterio que no figura en ninguna norma escrita y que se invoca con car¨¢cter coyuntural.
La oferta socialista de ceder uno de sus puestos al PNV no dejaba de tener, en todo caso, una cierta carga envenenada para el partido del Gobierno. Le colocaba en la obligaci¨®n moral de ceder uno de los suyos a su aliado Coalici¨®n Canaria, que en otro caso se convertir¨ªa en el ¨²nico grupo parlamentario sin representaci¨®n propia en el CGPJ. Pero el PP dej¨® establecido desde el principio que bajo ning¨²n concepto estaba dispuesto a ceder la mayor¨ªa absoluta en el nuevo Consejo, donde se reserva diez vocales y la presidencia en un ¨®rgano que cuenta con 21 miembros. Ni siquiera en favor de su socio de legislatura.
El lamentable espect¨¢culo que han protagonizado dos partidos que suman el 88% del Congreso de los Diputados (308 esca?os sobre 350) deja en la estacada a todo el colectivo judicial, que ha cumplido contrarreloj el calendario que les exigieron los pol¨ªticos precisamente para renovar el Poder Judicial en su totalidad antes del verano. Para este viaje pod¨ªan haber habilitado los meses de verano para que los jueces, sobre todo los independientes, hubieran podido reunir con mayor comodidad las firmas que les exig¨ªa el procedimiento reglado. Lo peor de todo es que el espect¨¢culo de los pol¨ªticos puede perpetuarse en septiembre si el verano no les hace moverse de sus actuales posiciones.
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