El Gobierno modific¨® en febrero la f¨®rmula de cobro tres a?os despu¨¦s de que fuera aprobada

Los denominados costes de transici¨®n a la competencia (CTC) fueron pactados por las compa?¨ªas el¨¦ctricas con el entonces ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, en dos etapas entre los a?os 1996 y 1998. Su cuant¨ªa y la forma en que fueron pactados han sido motivo de controversia con Bruselas durante tres a?os. S¨®lo la modificaci¨®n de las condiciones aprobadas por el Gobierno el pasado mes de febrero han permitido al Ejecutivo y al sector evitar un rev¨¦s en Bruselas.

En los a?os 1996 y 1997, empresas y Ministerio de Industria llegaron a un acuerdo: a cambio de abrir a la competencia el sector y aceptar el cambio normativo (nueva Ley El¨¦ctrica), las compa?¨ªas recibir¨ªan durante 10 a?os un 'm¨¢ximo' de 1,9 billones de pesetas, en los que se inclu¨ªan alrededor de 300.000 millones de pesetas de ayudas al carb¨®n. La cantidad que se cobrar¨ªa cada a?o depender¨ªa de la evoluci¨®n de la demanda, del precio del kilowatio en el mercado liberalizado (por encima de las seis pesetas-kilowatio las ayudas disminuyen) y de los tipos de inter¨¦s vigentes en cada momento.

Ese primer acuerdo no fue mal recibido. La Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE), presidida entonces por Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, acept¨® el derecho de las empresas a recibir alguna compensaci¨®n por la merma de rentabilidad de sus inversiones en un nuevo marco legal, aunque cuestion¨® el m¨¢ximo pactado.

El problema surgi¨® en 1998. Industria volvi¨® a pactar con las empresas: a cambio de adelantar la apertura del mercado el¨¦ctrico y la posibilidad de elegir suministrador por los clientes, las compa?¨ªas obtuvieron el derecho a recibir de una tacada un bill¨®n de pesetas de la cantidad total pactada. Las compa?¨ªas aceptaban, adem¨¢s, reducir ligeramente la cantidad total: 1,3 billones en lugar de 1,6 (excluido el carb¨®n).

Ese cobro de las ayudas de una vez, mediante el mecanismo financiero denominado 'titulizaci¨®n', implicaba un cambio importante respecto al pacto inicial. Para empezar, se destinaba a asegurar el cobro adelantado del bill¨®n el¨¦ctrico un 4,5% de la tarifa el¨¦ctrica de todos los usuarios; y adem¨¢s, las ayudas pactadas como 'm¨¢ximas' adquir¨ªan car¨¢cter fijo, inamovible, al margen de la evoluci¨®n de las condiciones del mercado. La Comisi¨®n de la Energ¨ªa, la oposici¨®n y las asociaciones de consumidores y usuarios pusieron el grito en el cielo. Sus argumentos fueron escuchados en Bruselas. El 4,5% de la tarifa que aseguraba la titulizaci¨®n fue considerado en Bruselas como una tasa parafiscal, incompatible con las normas comunitarias. As¨ª lo consideraron, en diciembre de 2000, la Direcci¨®n General de Fiscalidad y la de Consumo de la UE.

Ante las reticencias comunitarias, en febrero de este a?o, por decreto -y al hilo de la fusi¨®n no consumada entre Endesa e Iberdrola-, el Gobierno dio marcha atr¨¢s, elimin¨® la afectaci¨®n del 4,5% de la tarifa al pago de las ayudas (aunque el recibo no baj¨® en la misma proporci¨®n) y volvi¨® al sistema anterior, es decir, las compa?¨ªas cobrar¨¢n las ayudas -en cuant¨ªa por determinar- durante los pr¨®ximos 10 a?os y seg¨²n evolucionen el mercado y el precio del kilowatio.