Cargos

El curso pol¨ªtico andaluz ha terminado con el acuerdo de financiaci¨®n entre los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE. No era posible seguir desarrollando el principio y fundamento constitucional del Estado auton¨®mico sin que hubiera un gran acuerdo a medio y largo plazo sobre los recursos financieros y la capacidad de gesti¨®n que las autonom¨ªas deben tener sobre los mismos. Bien venido sea dicho acuerdo que impedir¨¢, a partir de ahora, echar en cara sobre cualquier gobierno de Madrid las deficiencias de cada gobierno aut¨®nomo. Est¨¢ bien que cada palo aguante su vela y que los ciudadanos sepamos qui¨¦n y c¨®mo se gobierna cada proporci¨®n de los impuestos.

La querella de las cajas de ahorro se remonta por otros caminos. Las cajas sevillanas est¨¢n en proceso de renovaci¨®n y ya veremos en el oto?o lo que ha dado de s¨ª la misma. Pero hablar de renovaci¨®n es mucho hablar, a la luz de las personas que est¨¢n entrando en las asambleas y consejos de administraci¨®n. Destaca por su armon¨ªa el de la Caja de Granada. PP y PSOE han llegado a un perfecto reparto de puestos que alcanza hasta la presidencia, de donde desalojan al ex consejero socialista de la Junta Julio Rodr¨ªguez. En ella han colocado a Antonio Claret, hasta ayer miembro de la ejecutiva regional del PSOE. No voy a poner en duda la capacidad de Claret, aunque de la misma s¨®lo tengo noticias por el desempe?o en la pol¨ªtica institucional en la que viene jugando papel destacado desde 1982, al menos. Lo que debe preocupar es el modelo de exportaci¨®n de puestos representativos y ejecutivos que, tanto PP como PSOE, est¨¢n practicando cuando tienen ocasi¨®n. El Tribunal de Cuentas, el Banco de Espa?a, La Comisi¨®n de Control de Valores, los organismos de puertos, las Cajas de ahorro y algunas m¨¢s son las instituciones a donde se destinan a reconocidos patas negras de los aparatos partidarios. No parece el mejor sistema para desarrollar una administraci¨®n y unos sistemas financieros o de gesti¨®n independientes, profesionales y objetivos. El papel constitucional de los partidos como instrumentos para la participaci¨®n pol¨ªtica no debe llegar hasta considerarlos exclusivas academias de capacitaci¨®n para puestos en el Estado.