Mal comienzo

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Universidades, culminando as¨ª la primera etapa de elaboraci¨®n de la nueva ley, cuya tramitaci¨®n parlamentaria se iniciar¨¢ despu¨¦s del verano. Pocas personas de la comunidad universitaria o de las interesadas por la Universidad negar¨¢n la necesidad de reformar una legislaci¨®n que data de 1983 y que resulta ya inadecuada para regular un ¨¢mbito que ha experimentado cambios profundos.

El momento era, pues, ¨®ptimo; pero una torpe gesti¨®n de los preliminares del debate ha hecho que una parte significativa de los universitarios, incluidos los rectores, se sit¨²e en contra del nuevo texto. Las descripciones gen¨¦ricas sobre lo que iba a ser la ley suscitaron la esperanza de que podr¨ªa llegarse a un consenso beneficioso para la instituci¨®n. Pero la falta de discusi¨®n sobre textos articulados, la urgencia de los plazos, el mantenimiento de contenidos discutibles y la aparici¨®n a ¨²ltima hora de disposiciones transitorias que acabaron de consolidar la desconfianza, han da?ado el clima en el que va a desarrollarse el resto del proceso. El Ministerio ha desaprovechado incluso las sugerencias del Consejo de Estado, que iban en el sentido de prevenir potenciales desaguisados, y ha preferido mantenerse en sus trece.

En particular, la obligada dimisi¨®n / destituci¨®n de todos los rectores y claustros tras la aprobaci¨®n de la ley no parece la mejor medida. Primero, porque perturba innecesariamente el normal desarrollo de la vida y las instituciones universitarias, y despu¨¦s porque implica cierta deslegitimaci¨®n de las actuales autoridades acad¨¦micas y una virtual proclamaci¨®n de incapacidad para conducir el proceso de reforma, cuando una de las misiones de los actuales claustros es, por mandato legal, la reforma de los Estatutos.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Universidades pone en manos de las Juntas de Gobierno, constituidas tambi¨¦n con arreglo a la actual legislaci¨®n, la elaboraci¨®n de la normativa para elegir rector y claustro, con el agravante de que ¨¦sta es provisional, ya que los nuevos claustros habr¨¢n de fijar la definitiva. Parecer¨ªa m¨¢s sensato que fueran los actuales ¨®rganos acad¨¦micos, con indiscutible legitimidad, los que adaptaran de forma definitiva los Estatutos, y que una vez completado este proceso, se abriera un periodo electoral de acuerdo con las nuevas normas.

En este aspecto, como en otros importantes que contempla el proyecto, y cuyo mantenimiento podr¨ªa acarrear consecuencias graves, hay todav¨ªa tiempo para que las C¨¢maras tomen en consideraci¨®n las opiniones razonables de la comunidad universitaria y la sociedad e introduzcan los cambios pertinentes.