Gobierno liberal desmonta campamento

No es normal que un millar de trabajadores instalen un campamento de tiendas de campa?a y casetas en la principal calle de la capital de un pa¨ªs, y permanezcan seis meses en esa situaci¨®n, en demanda de sus reivindicaciones laborales. Es un hecho, sin embargo, que los empleados de Sintel, una antigua filial de Telef¨®nica que se declar¨® en suspensi¨®n de pagos hace un a?o, han conseguido, gracias a esa iniciativa ins¨®lita, lo esencial de sus objetivos, aunque no por la v¨ªa voluntarista de reflotamiento de su empresa, como pretend¨ªan. Pero ser¨ªa un error dar por supuesto que este episodio sienta un precedente f¨¢cilmente repetible.

En primer lugar, en cuanto a la forma de movilizaci¨®n. Los propios dirigentes sindicales han reconocido que se instalaron en el paseo madrile?o de la Castellana pensando que ser¨ªan desalojados en tres o cuatro d¨ªas, tras haber captado la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica. Pero no hubo tal desalojo y la posibilidad de realizarlo sin provocar un esc¨¢ndalo considerable se fue alejando a medida que la situaci¨®n se prolongaba. Contribuy¨® a ello la precauci¨®n de sus l¨ªderes, que evitaron cortar la circulaci¨®n y, en general, iniciativas molestas para los ciudadanos, m¨¢s all¨¢ de ciertos l¨ªmites.

Con el paso del tiempo, el aspecto pintoresco de la iniciativa ayud¨® a tejer una red solidaria de protecci¨®n contra cualquier intento de intervenci¨®n policial. El hecho de que varios pol¨ªticos se fotografiaran con los acampados y que el Parlamento aprobara una declaraci¨®n instando al Gobierno a mediar en el conflicto fue la prueba de que los trabajadores hab¨ªan ganado la batalla de la opini¨®n p¨²blica. Pero por eso mismo es improbable que las autoridades vuelvan a mantener una actitud pasiva ante cualquier intento de imitaci¨®n del procedimiento. Una y no m¨¢s, deben pensar.

El caso era excepcional tambi¨¦n por las caracter¨ªsticas de la liquidaci¨®n de Sintel. Esa empresa especializada en el cableado de l¨ªneas hab¨ªa sido vendida por Telef¨®nica en abril de 1996 -tras la victoria de Aznar pero con el Gobierno socialista todav¨ªa en funciones- al empresario cubano y l¨ªder anticastrista Mas Canosa, quien, a su vez, la transfiri¨®, cuando ya se ve¨ªa que hab¨ªa dejado de ser rentable, a otros propietarios en un proceso que fue diluyendo las responsabilidades y que presenta suficientes sombras como para que el juez Garz¨®n haya admitido a tr¨¢mite una denuncia presentada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Los trabajadores exig¨ªan la intervenci¨®n del Gobierno alegando que cuando se inici¨® ese proceso Telef¨®nica era empresa p¨²blica. A ese factor se a?ad¨ªa la doble presi¨®n de quienes instaban al Ejecutivo a intervenir por la entidad social del problema (1.800 familias) y quienes le reprochaban su falta de autoridad al permitir el espect¨¢culo de un campamento en el centro de Madrid.

El Gobierno no ha tenido m¨¢s remedio que guardarse el recetario del buen liberal y tomar cartas en el asunto. El plan elaborado por varios ministerios contempla prejubilaciones anticipadas, bajas voluntarias incentivadas y la recolocaci¨®n de la mitad de la plantilla en empresas del sector. Esto ¨²ltimo es lo m¨¢s novedoso. Presionada por el Gobierno, Telef¨®nica ha presionado a su vez a proveedores suyos para que acepten una determinada cuota de trabajadores de Sintel. Responsables de una de esas empresas, Elecnor, han declarado con admirable sinceridad su disposici¨®n a 'satisfacer a un cliente tan importante como Telef¨®nica'. Adem¨¢s, se ha garantizado, con avales del Gobierno, el cobro de los salarios atrasados. En conjunto, son condiciones extraordinariamente ventajosas, y de ah¨ª el temor a que se haya sentado un precedente al que intentar¨ªan acogerse todos los trabajadores que pierdan su empleo. Sin embargo, de lo dicho se deduce que es dif¨ªcil que las circunstancias que han hecho posible este desenlace vuelvan a producirse. Entre otras cosas, porque el Gobierno no podr¨ªa ya mirar para otro lado, ahora que sabe lo que cuesta.