La normativa sobre incendios se vulner¨® en los siniestros de Mijas y Huelva

Los ¨²ltimos incendios han dejado patente que el cumplimiento de la Ley de Prevenci¨®n y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobada en junio de 1999 por el Gobierno andaluz, est¨¢ lleno de lagunas. La empresa Riotinto Fruit, propietaria del terreno incendiado por la explosi¨®n de un transformador el¨¦ctrico en la provincia de Huelva, no hab¨ªa adoptado las medidas de prevenci¨®n contra incendios que establece la norma auton¨®mica. La legislaci¨®n obliga a empresas, n¨²cleos de poblaci¨®n aislada e instalaciones ubicadas en zonas de peligro o asociaciones y empresas que realizan labores de explotaci¨®n forestal a elaborar 'planes de autoprotecci¨®n'.

El objeto de los mismos, seg¨²n la ley, es fijar las actuaciones para combatir contra un incendio y atender las emergencias que pudieran producirse. Este plan tampoco hab¨ªa sido elaborado en Mijas (M¨¢laga), donde un incendio oblig¨® a evacuar a m¨¢s de 300 personas y quem¨® 550 hect¨¢reas el pasado julio, seg¨²n el director del centro operativo regional del Plan Infoca, Francisco Salas. Aunque los planes de autoprotecci¨®n estaban ya contemplados en una directriz de Protecci¨®n Civil, Salas explic¨® que la Ley de Incendios refuerza el papel de los planes como 'instrumentos preventivos'.

Retraso del reglamento

A pesar de que esta norma entr¨® en vigor hace dos a?os, el secretario regional del PP, Antonio Sanz, critic¨® ayer que todav¨ªa no se haya aprobado el reglamento que desarrolla varios puntos como la cuant¨ªa de las infracciones, los planes de ordenaci¨®n de los montes p¨²blicos o la participaci¨®n de los ayuntamientos. La titular de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, minimiz¨® ayer este retraso al considerar que 'lo importante es que tengamos la ley'. No obstante, anunci¨® que en el reglamento se exigir¨¢ a los promotores que presenten planes de autoprotecci¨®n.

Andaluc¨ªa es la ¨²nica comunidad aut¨®noma que cuenta con una legislaci¨®n espec¨ªfica sobre el fuego. Las dem¨¢s se rigen por una ley preconstitucional, aunque algunas autonom¨ªas han desarrollado y regulado algunos aspectos concretos de la lucha contra los incendios forestales como la prohibici¨®n de vender madera quemada para evitar que intereses econ¨®micos est¨¦n detr¨¢s de la quema de superficie forestal.

La legislaci¨®n andaluza s¨®lo autoriza la venta de madera calcinada si la Administraci¨®n da su visto bueno y obliga a destinar a la restauraci¨®n de los terrenos incendiados 'en el supuesto de que se considere precisa' el importe de la comercializaci¨®n. Adem¨¢s cierra la puerta al cambio de calificaci¨®n de la superficie afectada por el fuego para evitar especulaciones urban¨ªsticas.