El 's¨ªndic' pide que los fines sociales se valoren en los concursos p¨²blicos

El s¨ªndic de Greuges, Anton Ca?ellas, ha pedido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que exijan el cumplimiento de fines sociales a las empresas que opten a un concurso p¨²blico. Ca?ellas solicita tambi¨¦n que estos objetivos sociales constituyan una condici¨®n m¨¢s valorada a la hora de elegir la entidad adjudicataria.

Ca?ellas considera que factores como la promoci¨®n y la estabilidad de la ocupaci¨®n, la adopci¨®n de medidas de seguridad en el trabajo y la incorporaci¨®n de personas con riesgo de exclusi¨®n en la plantilla 'deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las ofertas que presentan los empresarios que quieren acceder a una contrataci¨®n p¨²blica'. Ca?ellas lamenta que las administraciones tienen mecanismos demasiado 't¨ªmidos' para incrementar la participaci¨®n de entidades que persiguen fines sociales en la contrataci¨®n p¨²blica.

La recomendaci¨®n del s¨ªndic parte de la queja que la cooperativa Rauxa le hizo llegar al perder el concurso p¨²blico para gestionar los comedores sociales de Navas y Paral.lel de Barcelona. La entidad, dedicada a la rehabilitaci¨®n de personas alcoh¨®licas sin techo, impugn¨® el concurso porque consider¨® que presentaba la mejor oferta econ¨®mica y social y, en cambio, se adjudic¨® el servicio a una multinacional.

En la petici¨®n dirigida al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, Ca?ellas no cuestiona la actuaci¨®n municipal en el caso relativo a Rauxa, ya que, asegura, la resoluci¨®n corresponde 'a la jurisdicci¨®n contenciosa ante la cual se ha recurrido'. Sin embargo, reclama al Ayuntamiento 'una actitud m¨¢s activa' a la hora de exigir a las empresas que opten a un concurso p¨²blico el cumplimiento de fines sociales. De esta petici¨®n, afirma el s¨ªndic, 'todas las administraciones pueden considerarse destinatarias'.

El s¨ªndic pide tambi¨¦n al Gobierno de la Generalitat que 'valore la oportunidad' de impulsar una normativa que regule la incorporaci¨®n de cl¨¢usulas sociales como criterios para la adjudicaci¨®n de los contratos p¨²blicos.