Cartera de la Iglesia

Fraude fiscal, dinero negro, abuso de poder, informaci¨®n privilegiada. Los datos sobre el esc¨¢ndalo Gescartera, a la espera de otros peores, no dejan lugar a dudas sobre la catadura social de los principales protagonistas de este culebr¨®n de casino, ni sobre los mecanismos por los que esta sociedad de valores reclutaba a sus muy importantes clientes. Entre ¨¦stos se encuentra la Iglesia cat¨®lica en cantidades que, por ahora, suman 2.500 millones de pesetas. Al menos el Arzobispado de Valladolid y las di¨®cesis de Palencia, Cuenca y Astorga, adem¨¢s de varias ¨®rdenes religiosas dedicadas a la ense?anza, la ONG Manos Unidas, gobernada con mano firme por la Conferencia Episcopal, y hasta el Domund, encargado de recaudar fondos para las misiones, entregaron una parte importante de sus ahorros a la sociedad intervenida por la CNMV.

Si el dinero que la Iglesia confi¨® a Gescartera hubiera sido producto de sus bienes y negocios, o de los m¨ªnimos ingresos del cepillo, y si lo hubiese entregado de forma transparente, nada cabr¨ªa objetar. Pero en Espa?a la mayor parte de los ingresos de la Iglesia procede del erario p¨²blico: de los Presupuestos Generales del Estado -21.750 millones este a?o- o de generosas subvenciones que compensan la tarea de miles de eclesi¨¢sticos en servicios sociales o en la ense?anza, la sanidad, los cuarteles y las c¨¢rceles. El Estado, constitucionalmente laico, incluso paga religiosamente la n¨®mina de m¨¢s de 13.000 profesores de religi¨®n contratados cada a?o por los obispos para los colegios p¨²blicos.

?Tanto dinero sobra a los prelados, que pueden distraer miles de millones para especular en Bolsa? Algunos pol¨ªticos de izquierda, al hilo del monumental esc¨¢ndalo, han cuestionado estos d¨ªas el sistema de financiaci¨®n de la Iglesia, que acept¨® jubilosa en 1987, despu¨¦s de una larga negociaci¨®n con el Gobierno socialista, el llamado impuesto religioso, mediante el cual sus fieles asignar¨ªan voluntariamente el 0,5239% de su cuota en el IRPF para las arcas eclesi¨¢sticas, y presumi¨®, adem¨¢s, de que el citado impuesto iba a bastar y sobrar para el sostenimiento del clero y culto cat¨®licos en Espa?a.

Conviene recordar que los obispos, muy felices con aquel acuerdo de autofinanciaci¨®n, pactaron un periodo transitorio de adaptaci¨®n de tres a?os en el que el Gobierno les garantizar¨ªa una cantidad fija -14.000 millones de pesetas en el ejercicio presupuestario de 1988-, caso de no cubrirse con la recaudaci¨®n del IRPF. El plazo termin¨® en 1991. De entonces ac¨¢, el dinero que reciben de m¨¢s, v¨ªa Presupuestos del Estado, est¨¢ fuera de lo convenido. El Estado laico no tiene la culpa de que s¨®lo el 35% de quienes se dicen cat¨®licos destine a la Iglesia la parte de sus impuestos que otorga la ley. Claro que comportamientos como los que algunos eclesi¨¢sticos han demostrado ahora, jugando a ricos y especuladores, pueden acrecentar esos generalizados recelos fiscales.